El ARA San Juan está desaparecido desde noviembre de 2017

La jueza Marta Yáñez, a cargo de la investigación sobre la desaparición del ARA San Juan, recibió en las últimas horas una respuesta que esperaba hace tiempo. En febrero, la magistrada le había solicitado a la Armada que informe si la radiobaliza hallada el 22 de noviembre de 2017 en alta mar correspondía al submarino y, además, pidió saber quiénes determinaron que no pertenecía a la unidad naval y en qué se basaron para hacerlo.

La respuesta, en rigor, generó más interrogantes. Según pudo saberse, desde la Base Naval de Puerto Belgrano dijeron no saber quién determinó que la boya roja con radiobaliza no pertenecía al ARA San Juan. Y hubo más: explicaron que la misma fue descartada en ese momento, es decir, devuelta al mar (si es que se levantó). Ahora, la magistrada y la querella no tienen forma de conocer el número de serie para saber si coincide con la que llevaba el submarino.

En Puerto Belgrano opera el Centro de Coordinación que tuvo bajo su mando las tareas de búsqueda que llevaron y llevan adelante los buques de la fuerza para intentar hallar el ARA San Juan. Por eso la Jueza envió el oficio allí.

“Dijeron que la descartaron por las características, que no se correspondían con las del submarino”, explicó a este sitio una fuente de acceso al caso. Sin embargo, para la magistrada la respuesta genera más dudas, si se tiene en cuenta que la Armada negó en noviembre que el audio de las embarcaciones que encontraron la boya fuese real. Incluso, el vocero de la fuerza naval, Enrique Balbi, dijo en varias oportunidades que la radiobaliza del ARA San Juan “nunca se activó”.

El submarino, en mal estado

La lista de documentos que expone el mal estado del submarino es extensa. El 27 de marzo de 2017, el capitán del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, le envió al Comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide, una solicitud para que la nave sea reparada. El pedido se basó en que “numerosos sistemas de componentes de la unidad dan señales de la necesidad de ingresar a dique para realizar tareas de carenado”. Se trata de un proceso a través del cual se retira al submarino del agua y luego se trabaja sobre sus inconvenientes técnicos en la superficie.

En aquel documento, Fernández detalló varias anomalías. “El sistema de refrigeración principal de agua de mar tuvo una reparación en un tramo de tubería luego de sufrir una importante pinchadura a 85 metros de profundidad. Esto limita actualmente la operatividad del submarino hasta un máximo de 100 metros, debido a que se encuentra pendiente realizar la prueba hidráulica a 62,5 bares”, destacó el Capitán.

A su vez, Fernández enumeró problemas en los periscopios. “El de observación se encuentra fuera de servicio ya que sus actuadores hidráulicos están deteriorados en su interior y no le permiten mantenerse en posición de izado”, aseguró y agregó sobre el otro: “El de ataque posee sus cojinetes desalineados, debiendo limitarse su empleo para evitar una mayor pandeo en la caña que podría dejarlo fuera de servicio”.

En ese tramo señala algo que debe destacarse: “Si esto sucediera, con ambos periscopios fuera de servicio, el buque quedaría no operativo”.

Tras mencionar estas falencias, Fernández le recomendó a Villamide permitir “en el corto plazo” la entrada del submarino a dique seco, que debió producirse cada un año y medio, pese a que el submarino no lo hizo por 39 meses.