En sus primeros días detenido en Curitiba, el exnpresidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió nuevas malas noticias. El juez federal Sérgio Moro, a cargo de la investigación de la Operación Lava Jato, endureció el régimen de visitas y prohibió que nueve gobernadores brasileños se reunieran con él en la cárcel.

“No se le concederá ningún tipo de privilegio diferente al que tienen el resto de los condenados”, aseveró el magistrado. Su decisión fue en respuesta a un pedido de un grupo de funcionarios que había viajado hasta la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba para visitar al exjefe de Estado.

Uno de ellos, el gobernador de Piauí, Wellington Dias, advirtió que le pedirán a la Corte Suprema la autorización para que las autoridades de Brasil puedan ingresar a la cárcel.

El juez Moro detalló que Lula solo podrá recibir a sus abogados durante los días hábiles y a sus familiares los miércoles. Mientras tanto, en la puerta del edificio en donde está arrestado el líder del Partido de los Trabajadores (PT) hay un acampe con más de mil personas que exigen su liberación.

Después de resguardarse en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Pablo, Lula se entregó el sábado y fue trasladado a Curitiba. Allí, deberá cumplir la condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La Justicia lo acusa de haber aceptado un departamento tríplex de lujo, ubicado en Guarujá, como soborno de la constructora OAS. A cambio, el entonces Presidente debía favorecer a la empresa con contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Sin embargo, no hay documentos que vinculen directamente al exmandatario con la propiedad. La clave del caso fue el empresario Leo Pinherio, antiguo director de OAS, que aseguró que el departamento siempre estuvo reservado para el exjefe de Estado, a pesar que figuraba a nombre de la compañía. En su declaración, aseveró que Lula le había pedido eliminar todo tipo de evidencia.