Mientras la cadena francesa Carrefour buscará aval del Gobierno para despedir entre 2.000 y 3.000 trabajadores y abonar el 50% de las indemnizaciones a través de un procedimiento preventivo de crisis, la empresa Quickfood deberá aplicar otra estrategia para reducir su personal y achicar sus negocios.

La empresa, propiedad del grupo alimenticio brasileño Brazil Foods (BRF), no fue autorizada por el Ministerio de Trabajo para utilizar el mismo mecanismo que reclama el mayor grupo supermercadista de la Argentina, y tendrá que negociar la apertura de retiros voluntarios en dos de sus plantas.

El objetivo de la compañía dueña de la emblemática marca de hamburguesas Paty es el de reducir los puestos de trabajo de la planta que opera en la localidad bonaerense de Baradero. En enero pasado, había solicitado al Ministerio de Trabajo la apertura de un procedimiento preventivo de crisis para poder encarar un plan de reducción de personal y de actividades en ese establecimiento.

El escenario del conflicto fue sede de un acto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a mediados de 2015, cuando inauguró la ampliación de la planta de fiambres y salchichas.

En ese momento, la empresa se comprometió a sumar 60 nuevos empleados y producir 400 toneladas más por mes de jamón y paleta, 50 toneladas adicionales de mortadela y 300 de salchichas. Sin embargo, en los primeros días de enero, las instalaciones se convirtieron en escenario de una fuerte disputa entre los ejecutivos y el personal. Hubo una asamblea de todos los trabajadores de la firma en la cual se informó sobre la decisión del grupo brasileño de despedir a 200 de los 450 operarios de la planta.

La intención de las autoridades de la firma es eliminar, en su totalidad, uno de los turnos de producción de salchichas, que ahora deberá suspender por lo menos hasta concluir con o sin éxito el procedimiento preventivo. La situación se enmarca en la crisis que atraviesa la empresa, en un contexto de negocios que se observa complicado para casi toda la industria de la carne local.

De hecho, BRF le viene girando fondos a su controlada local para sostener sus actividades y evitar su quiebra. El último giro fue en noviembre pasado, por u$s49,7 millones mediante una oferta de aporte de capital en forma irrevocable y a cuenta de futuras suscripciones de acciones.

En los últimos nueve meses del año pasado, la pérdida acumulada de Quickfood llegó a los $244 millones, contra $330 millones de igual período de 2016. En el país, Quickfood se dedica a la elaboración y comercialización de alimentos procesados, refrigerados y congelados de marca, como las hamburguesas, fiambres y vegetales y salchichas, además de poseer una planta frigorífica.

Además de Paty, la empresa controla casi dos tercios del mercado de hamburguesas en el país, junto a GoodMark, y alrededor de un tercio del mercado de salchichas, con las marcas Vieníssima y Hamond.

Hasta ahora, Quickfood venía sobrellevando el problema con aportes de su controlante, ya que el año pasado también se vio afectada su operación, cerrando un balance con pérdidas por $463 millones. En ese período, el giro de dinero llegó a los $375 millones, además de haber adoptado un nuevo método de revaluación de sus activos para poder crear un reserva de dinero.

Incluso, en los ejercicios anuales de 2015 y 2014, la sociedad también reportó pérdidas significativas que la enmarcaron en el supuesto de disolución establecido por el artículo 206 de la Ley General de Sociedades N° 19.550; por lo cual sus accionistas vienen resolviendo que los resultados no asignados negativos acumulados fuesen absorbidos en forma parcial.

En septiembre de 2016, la sociedad manifestó que las condiciones del negocio continuaron desafiantes y reportó pérdidas significativas y nuevamente patrimonio neto negativo, volviendo a las causales de disolución previstas en el artículo Nº 94 de la Ley Nº 19.550.

Para el grupo controlante, los problemas se vienen generando por los “fuertes incrementos” en el precio de los principales insumos (entre ellos la hacienda y recortes) causada por un doble efecto. Por un lado, una devaluación del tipo de cambio del orden del 40% que ocurrió tras la asunción del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015, y por el otro, la quita y reducción de las retenciones y cupos a la exportación de commodities agrícolas, como por ejemplo, del maíz y la soja.