La diputada Silvia Simoncini

Allí se planteó una enorme preocupación por los incrementos salvajes de las tarifas de servicios públicos. Los notamos realmente consternados, pidiendo la reacción de los responsables políticos ante una situación de extrema gravedad que pone en riesgo el trabajo, el empleo en las Pymes dependientes de la energía eléctrica y en los comercios que se ven en la línea de cerrar sus puertas por no poder pagar las facturas de luz. Ni que hablar de los usuarios domiciliarios, es decir las familias, que han recibido boletas imposibles de abonar.

Desde inicios de 2016, nuestro bloque ha presentado diferentes proyectos relacionados a este tema: para la conformación de un organismo de control de la Empresa Provincial de la Energía (EPE); para crear un fondo compensador que evite los aumentos desmedidos en las tarifas; para retrotraer las mismas a valores anteriores y menos gravosos al bolsillo de la gente; para la provisión sin cargo del servicio a los electrodependientes por razones de salud. Ninguno de ellos tuvo tratamiento en la Cámara, donde somos minoría y oposición.

Es muy importante que los santafesinos sepamos que la energía eléctrica en nuestra provincia estuvo subsidiada por el Estado Nacional hasta fines de 2015. Sin embargo, desde enero de 2008 a junio de 2017 las facturas de la luz aumentaron 1060%, y desde noviembre de 2015 a diciembre del 2017 se incrementaron un 262%, en el mismo período en el que los precios aumentaron un 78% y los salarios tan sólo un 67%.

En lo que va de este año, la energía aumentó un 39%. Esto se debe no sólo a que el gobierno nacional quitó los subsidios, sino a que el gobierno provincial ha venido disminuyendo desde hace una década el aporte que realizaba anualmente a la EPE hasta llegar a 0 en este año.

Esto significa que la totalidad de las inversiones de la EPE, más el costo de la energía y el transporte están a cargo de los santafesinos. No importa que la inflación y la contracción de los salarios estén haciendo difícil o imposible pagar los montos exorbitantes de las facturas, el gobierno de Santa Fe ha elegido mirar desde afuera y dejar que cada uno se arregle como pueda.

Cuando el gobernador Miguel Lifschitz firma el pacto fiscal con el gobierno de Mauricio Macri, avala la política de recorte a los jubilados y el desfinanciamiento de la ANSES, la desaparición de los subsidios a la energía, al gas y al transporte: verdaderas expresiones del “achicamiento” del Estado.

Además, renuncia a las autonomías provincial y municipal en materia tributaria y acepta las condiciones para un nuevo impuestazo que todavía no hemos recibido en las facturas del inmobiliario o de ingresos brutos. El gobierno de Santa Fe comparte las políticas del gobierno nacional, y esto se ve reflejado en el tarifazo que intenta argumentar en la quita de subsidios.

Ahora bien ¿Cómo explica el gobernador el incremento de este año en las boletas de agua que alcanza un 50%, y que además lleva un acumulado en estos 10 años que supera el 2000% de suba? ¿Qué indicadores económicos se acercan a estas cifras verdaderamente usurarias? En 2018 el gobierno provincial estableció aumentos de casi el 40% en la luz y 50% en el agua, pero ofrece a los trabajadores un aumento del 18% a terminar de cobrar en setiembre y que incluye la cláusula gatillo del año anterior.

Somos varios los diputados de la oposición que estamos elaborando un proyecto que contempla la crítica situación planteada por los vecinos, comerciantes y Pymes ante los tarifazos, para establecer una serie de medidas paliativas que el gobierno provincial deberá tomar a fin de evitar la pérdida de fuentes de trabajo y mitigar la angustiosa situación de los hogares santafesinos, que ya sufren la política pérdida del valor de sus salarios, sus jubilaciones y pensiones, el incremento desmedido en precios de la canasta básica, de los medicamentos, los combustibles, el transporte, y la amenaza o la penosa realidad de los despidos

La provincia de Santa Fe tiene un presupuesto de más de 190.000 millones de pesos este año. La decisión política del gobierno provincial debería expresarse en urgentes medidas para resistir estás políticas de expoliación hacia los sectores populares y ponerse como Estado fuerte y solidario, del lado de la gente.

Silvia Simoncini
Diputada provincial bloque Frente Justicialista para la Victoria-PJ