Hugo Moyano, líder de Camioneros

A fines de 2017, el líder sindical Hugo Moyano fue acusado de lavado de dinero. El juez Claudio Bonadio lo empezó a investigar por el supuesto manejo de fondos luego de que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó operaciones sospechosas en varias empresas relacionadas con el sindicalista y vinculadas al gremio que condujo durante años. Ahora, saltó otra denuncia: la Justicia tiene en la mira al menos 77 vuelos privados que hizo el gremialista.

El juez federal de Morón, Néstor Barral, analiza con qué dinero pagó los 77 vuelos privados que costaron más de medio millón de dólares y contrató junto a su hijo Pablo y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, en los últimos tres años.

Entre los viajes figuran vuelos a provincias en las que se hicieron eventos relacionados con la actividad sindical de la CGT y Camioneros: San Juan, Chubut, Neuquén, Salta, Córdoba, Tucumán. Pero también aparecen países, como Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia y Brasil. Además, hay ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata y Miramar, a donde volaron para presenciar partidos de Independiente y de la Selección argentina.

La Justicia investiga, a su vez, a tres empresas familiares que son clientes principales de Camioneros. Barral pidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aporte detalles de los vuelos para intentar determinar si los fondos para los vuelos privados provinieron de Camioneros.

Moyano está sospechado de lavado de dinero por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó operaciones sospechosas y luego remitió a la Justicia una serie de actuaciones sobre extraños movimientos de dinero que se produjeron a fines de 2013.

Según la investigación, el Sindicato de Choferes de Camiones pagó seis millones de pesos por terrenos que, dos meses antes, habían sido comprados por otra persona a unos $ 309 255. Según consta en la denuncia, el sindicato de Camioneros, de quien Moyano era apoderado, compró cinco inmuebles en La Falda el 5 de diciembre de 2013. Los terrenos mencionados tenían una base imponible de $ 964 553.