Mediante una ordenanza, la capital de Mendoza decidió prohibir la actividad de los cuidacoches en la ciudad. La medida establece que en las calles o avenidas en que no se encuentre implementado el estacionamiento medido, “nadie podrá exigir ni pretender el cobro en dinero o especie, ni actividad alguna, a las personas que estacionen sus vehículos o moto vehículos, ni por su cuidado”.

El concejal del PRO Rodrigo López Molina propuso imitar la medida aprobada esta semana por el concejo de Mendoza y advirtió que “la actitud del Estado debe ser activa”. Impulsor de un proyecto que restringe la actividad de los ciudacoches, el edil dijo que lo de Mendoza “puede ser un buen ejemplo y experiencia para seguir de cerca, porque es la primera ciudad grande del país que toma nota de una preocupación de muchísimos vecinos”.

Dijo que el concejo cuyano “con coraje pone un límite, al decir que se prohíbe el cobro de una tarifa arbitraria por el uso del espacio públicos”.

“No sólo hay que seguir de cerca cómo evoluciona este proyecto que puede tener éxito, sino tomar nota de la actitud del municipio al no esquivarle el cuerpo de una preocupación diaria de los vecinos”, señaló el concejal del PRO.

En su anterior paso por el Concejo rosarino, López Molina presentó un proyecto para poner en funcionamiento una línea gratuita para que los automovilistas denuncien amenazas y extorsiones de los ciudacoches. Y afirmó que los trapitos de la ciudad estaban “más ligados al delito que al trabajo”.

Esta semana la Municipalidad de Mendoza prohibió a través de una ordenanza el cobro de estacionamiento por fuera del sistema oficial. La ordenanza aprobada establece que quienes infrinjan esta disposición “serán requeridos por las autoridades municipales para que cesen en su actividad”, y que en caso de negativa “se procederá a su desalojo, decomiso de chaleco y elementos de limpieza y aplicación de multa, solicitando el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario”.

“En caso de persistir en tal conducta, la autoridad municipal procederá a realizar la pertinente denuncia penal o contravencional según corresponda, ante el juzgado competente”, señala la ordenanza de Mendoza.