Abogado Enrique Soffietti.

Entre los temas abordados se encuentra la oposición al Proyecto de modificación de la ley 10.727, la exención del pago de sellados en vía de apremio e inyuccional por honorarios mediante la modificación del Código Fiscal, el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación, presentado por la FACA, el rechazo al aumento de tickets de cédulas y mandamientos dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y el apoyo al proyecto de Ley de Matrícula Federal.
Cada uno de estos temas fueron debatidos y se fijaron posicionamientos que quedaron plasmados mediante la rúbrica de los responsables de cada uno de los colegios, entre ellos Enrique Soffietti, titular de la entidad que agrupa a los profesionales del derecho de Rafaela y la región y Matías Colón, directivo de la institución local.
“Celebramos el arribo a estos acuerdos, que fortalecen a la abogacía organizada de nuestra provincia y permiten, a través del trabajo mancomunado, que los reclamos tengan verdadera recepción por parte de los funcionarios de los tres poderes, tanto a nivel nacional como provincial”, se destacó en el documento definitivo.
El proyecto de modificación de la Ley Nº 10.727 -se encuentra en tratamiento en la Legislatura Provincial, bajo el número 36.070- contempla el aumento de la boleta de iniciación de juicios, sumado a un pago extra en concepto de anticipo de aportes (0,10 JUS). “Se deja en claro que la reforma proyectada carece de legitimidad, puesto que fue absolutamente inconsulta. No se pueden avalar medidas que restrinjan el acceso a la justicia e incrementen los costos para los profesionales que se esfuerzan por honrar sus obligaciones”, sostienen los colegios. “Como representantes de la abogacía santafesina y por tanto, conocedores de la realidad de nuestros matriculados, solicitan a los Poderes del Estado, se los convoque para al tratamiento de cualquier iniciativa atinente al funcionamiento de las instituciones forenses”, agregan.
Por otra parte, a partir de una iniciativa de los cinco colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe, en diciembre último ingresó a la Cámara de Senadores el proyecto de modificación del artículo 284 del Código Fiscal de Santa Fe, que propone básicamente exceptuar del pago de la tasa proporcional de justicia en los juicios de apremio e inyuccional de cobro de los honorarios profesionales.
“Los aranceles profesionales poseen naturaleza alimentaria, por cuanto se vinculan con la satisfacción de las necesidades elementales del propio abogado y de su familia”, afirman las entidades, que reclaman “la urgente aprobación de la propuesta, teniendo en consideración que el ejercicio de un derecho esencial no puede quedar obstruido en modo alguno por barreras impositivas y/o de cualquier otra índole”.
Además, los colegios manifestaron su enérgico apoyo al proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación, impulsado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). La iniciativa de la Federación prevé una composición de 17 consejeros y promete un equilibrio perfecto entre los estamentos abogadil, judicial y político. La norma proyectada por la entidad señera de los abogados del país, refuerza la representación del interior, puesto que de los cinco letrados propuestos para integrar el Consejo, tres deben ser del interior, uno de la Capital Federal y otro de la provincia de Buenos Aires. Asimismo se fijó la oposición al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo de la Nación, apoyado por el Colegio Público de la Capital Federal.
Con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de incrementar el valor de los tickets de cédulas y mandamientos, a partir de enero del corriente año, los colegios calificaron como “desproporcionado” el aumento “en relación a la inflación real existente en nuestra provincia”, por lo cual “constituye un obstáculo más para el acceso al servicio de justicia de parte de los ciudadanos, por cuanto se le aplican, cada vez con mayor frecuencia, gastos que escapan a la esfera de sus posibilidades y previsiones”.
Por último, los colegios señalan que la Matrícula Federal es un proyecto acuñado y analizado durante años en las esferas públicas y privadas, que procura poner punto final a una irritante situación de desigualdad, constitucionalmente objetable, en la que se encuentran los abogados del interior del país que litigan en el ámbito de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, desde la sanción de la ley 23.187 de creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
“En la actualidad nos hallamos ante una situación injusta, paradójica y absurda en la cual los letrados del país -con excepción de los porteños- están obligados, por imperio de dicha ley, a matricularse en el CPACF para poder actuar ante la Justicia Federal capitalina, lo cual genera una doble, costosa e innecesaria matriculación, efectuándose un parcelamiento territorial de la jurisdicción federal que contraria el principio de unidad según la materia, que es esencial a la misma”, cuestionan los cinco colegios.
A su vez, destacan que el proyecto “regula la matricula federal con carácter general e igualitario para todos los abogados del país, no crea obstáculos para el acceso a la justicia, ni implica más burocracia, ni más trabas ni regulaciones ni establece una doble matriculación”.