El empresario kirchnerista salió de la cárcel la semana pasada.

La libertad de Cristóbal López y Fabián de Sousa no sólo causó interrogantes en el ámbito político. Los cuestionamientos también llegaron a la Justicia. La Corte Suprema recogió el guante y le solicitó al Consejo de la Magistratura investigar cómo se formó la Cámara de Apelaciones que liberó a los empresarios cercanos al kirchnerismo.

Con la firma de sus cinco miembros, la Corte Suprema le pidió al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, a través de una carta investigar de qué manera se constituyó el tribunal que falló a favor de López y de Sousa.

Los cortesanos solicitaron conocer cómo fue “el procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que resolvieron en la causa N° 4.943/2016 ‘López, Cristóbal Manuel y otros sobre defraudación contra la administración pública’ y “si existió alguna irregularidad en esa conformación”.

La Sala 1 de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los tres, pero revocó la prisión preventiva de los empresarios, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah y la disidencia de Leopoldo Bruglia.

En el voto decisivo, Farah recordó que las prisiones preventivas de López y De Sousa se habían dispuesto por un posible “riesgo de entorpecimiento de la investigación”, en momentos en que los empresarios negociaban la venta de su Grupo Indalo -ahora llamado Ceibo- al un grupo cuya cara visible es Ignacio Rosner. Para Fara, no existe tal riesgo, ya que los procesados pidieron al juez que autorizara el traspaso de las acciones, sujetas a la inhibición general de bienes.

El magistrado recordó que López y De Sousa fueron procesados sin prisión preventiva en la causa Los Sauces, en la que se investiga si la sociedad constituida por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner recibía coimas procedentes de empresarios ligados a la obra pública mediante alquileres de hoteles.

El tribunal decidió reducir los montos de los embargos que pesan sobre los tres procesados, aunque fijó sumas considerables: $ 8.945 millones a cada uno. Ercolini había dispuesto embargos por más de $ 17.000 millones.

El enojo de Carrió

Tras conocer la noticia, la diputada nacional y líder de Cambiemos había prendido fuego Twitter al denunciar un “acuerdo de impunidad” que benefició al empresario ex dueño del grupo Indalo y culpó a la AFIP de avalar la maniobra.”Cristóbal López integra la asociación ilícita que denunciamos en 2008 junto a Néstor Kirchner y De Vido.

Es decir que López no puede ser considerado solo un evasor, sino que es partícipe necesario de esa asociación ilícita”, lanzó Carrió en su cuenta oficial de Twitter.