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“En el último tiempo, algunas obras sociales y prepagas han optado por instalar consultorios odontológicos en sus instituciones para que los afiliados concurran a un profesional determinado. El argumento esgrimido por las diferentes prestatarias de salud es contar con un servicio odontológico propio que permita disminuir costos”, sostiene la entidad. Sin embargo, la AONS destacó que “un estudio pormenorizado llevado a cabo por los Círculos Odontológicos del centro-norte de la provincia que toma como referencia el arancel mínimo y ético avalado por la Facultad de Odontología de Rosario y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral constata que no sólo no disminuye costos sino que además, produce un deterioro en la salud general, pérdida de la calidad y desvalorización del servicio por parte de los afiliados, sin mencionar que la accesibilidad a los turnos en los tiempos requeridos no es la misma”.

Según la entidad que tiene su sede en calle Tucumán al 262 de Rafaela, la posibilidad de “elegir un profesional de confianza y no uno impuesto no sólo permite que el afiliado tome un turno de acuerdo a su disponibilidad y cercanía con el profesional elegido sino que se justifica en la duración de la consulta profesional que cada paciente requiere”.

En este sentido, agrega que “la salud es un bien supremo, preservar el acto profesional contribuye a alcanzarlo, por tanto la posibilidad de recurrir al profesional de confianza, facilita y mejora la atención requerida”.

Asimismo, consideró que “limitar la elección del odontólogo por parte del paciente, forzado por el sistema de salud, genera acciones contrarias a la libertad del ejercicio profesional” a la vez que “crea por otra parte sistemas cerrados, gerenciadoras, redes de prestadores, etc. alterando la leal competencia que debe pasar por la capacidad científica y calidad humana del prestador”.

La AONS expresó que “el artículo 25 de la ley 23661 del Sistema Nacional de Seguro de Salud establece en el último párrafo `promoviendo la libre elección de los prestadores por parte de los beneficiarios, donde ello fuera posible´”. En este marco, asegura que “todas las entidades prestatarias (obras sociales, prepagas, mutuales, cajas de profesionales, etc.) tienen la obligatoriedad de respetarlo, con la prohibición de excluir a algún prestador sin causa justificada”. Por último, enfatizó que “la libre elección profesional es un derecho que tiene el paciente y que debe ser respetado”.