Las terminales automotrices argentinas están abocadas a una tarea urgente: la implementación de diversas estrategias con el objetivo de disminuir el abultado déficit comercial, especialmente con Brasil.

El motivo es simple: buscan evitar fuertes multas por parte del Gobierno, que se está poniendo firme para evitar achicar el histórico rojo que dejó el comercio exterior el año pasado, de más de u$s8.000 millones, y que estuvo explicado mayormente por las importaciones de vehículos y autopartes.

El descontento oficial no obedece a cuestiones abastractas: el acuerdo con el principal socio comercial de la Argentina está regulado por un sistema denominado “flex”, que establece que por cada dólar que se exporta a ese mercado, las terminales pueden importar por u$s1,5.

El problema es que la industria argentina está completamente excedida de ese límite. Y ahora el macrismo intenta “poner en caja” al sector, para que compense parte de los dólares que aspira todos los años para bancar las compras al exterior.

Así, en los últimos días, las automotrices comenzaron a constituir una garantía económica a favor de la AFIP, que las obliga a registrar en sus balances los desajustes por importaciones y las compromete a tener que cubrir el excedente en el caso de que sea superior al nivel previsto al finalizar el acuerdo comercial con Brasil.

Las empresas tienen tiempo únicamente hasta fin de mes para generar la garantía, que puede ser en efectivo, aval bancario o a través de un seguro de caución.

La Aduana notificó en las últimas semanas a ocho de las 11 compañías instaladas en el país por superar el crédito de importación previsto en el régimen “flex”.

El requerimiento de AFIP llegó semanas después de los correoselectrónicos enviados por la secretaría de Comercio, encabezada por Miguel Braun.

“Del e-mail del Gobierno se pasó a una notificación formal de la Aduana dirigida a las terminales con déficit para que constituyan las garantías. Las empresas están aceptando el reclamo porque está dentro de lo previsto, no hay espacio para la queja”, confirmaron a este medio fuentes del sector automotor.

El Gobierno ya había establecido en julio de 2017 (resolución 535-E) que las compañías debían constituir garantías adicionales a las contempladas por el régimen de aduana de factoría (RAF).
 
Pero en enero pasado adecuó el procedimiento y puso la lupa sobre las empresas (resolución 20 y 21-E), al fijar una fórmula de cálculo del desvío específico de cada terminal, tras revisar los números de julio de 2015 a junio de 2017.

El endurecimiento de las autoridades se produce en medio de las dificultades para reducir el bache comercial, pese a la devaluación iniciada en diciembre.

La consultora Radar señaló que el relajamiento del flex y la “rienda suelta” a las automotrices favorecieron la importación de vehículos terminados y autopartes.

En la actualidad, siete de cada 10 unidades que se patentan en la Argentina son producidas fuera del país, en su gran mayoría en Brasil.

La fuerte entrada de importados agrandó el déficit de la la balanza comercial y la salida de dólares, que en el 2017 alcanzó los u$s 8.471 millones, el pico más alto en toda la historia argentina.

El saldo sectorial, en tanto, fue negativo en u$s7.400 millones, el tercer gran rubro más deficitario.

El problema es que, pese a la mejora de las exportaciones en febrero, no hay señales de que el desafasaje pueda revertirse en el corto plazo.

Según los datos del INDEC, el capítulo “material de transporte” registró en enero un rojo de u$s653 millones. La compra de autos y piezas extranjeras a su vez aumentaron en el primer mes un 48% interanual en valor y un 36% en volúmenes.

Ahora, las autoridades esperan que las terminales “deficitarias” corrijan su operatoria y “mejoren sus exportaciones” de cara al 30 de junio de 2020, cuando vence el acuerdo comercial con Brasil.

La aplicación de una garantía adicional, afirman desde el Gobierno, apunta a “dar previsibilidad” a la industria con el fin de equilibrar el comercio bilateral y garantizar el cumplimiento del flex.

“Las terminales ya están obligadas a sacar un seguro porque trabajan con el régimen de aduana de factoría. Esto es un seguro adicional porque se considera que con la cobertura previa no alcanza para garantizar el cumplimiento del acuerdo”, explicaron a este medio fuentes del Ministerio de Producción.

El ranking de automotrices más incumplidoras está formado por Renault, Peugeot Citroën, Fiat Chrysler y Volkswagen. En la vereda de enfrente, marcas como Mercedes Benz, Ford y Toyota mostraron un comportamiento mucho más equilibrado en el comercio bilateral con el país vecino.

Grieta automotriz

La intimación de la Aduana generó una “grieta” en la industria. En el sector, reconocen que la medida no altera las reglas de juego y que era necesaria para no perjudicar a las compañías superavitarias que invirtieron y cumplieron el acuerdo.
 
Pero genera malestar en las terminales deficitarias, ya que ahora deberán exponer en sus balances el desajuste, lo que es visto como una “penalidad”.

Además, deberán empezar a disminuir importaciones para evitar multas mientras no encuentren mercado para colocar exportaciones.

El otro cambio es la entrada en escena del fisco -en lugar del Ministerio de Producción- ante un eventual incumplimiento del acuerdo, ya que es el organismo ante el cual se constituyen las garantías.

“La Aduana envió a todos la notificación y a nosotros. La caución es una de las posibilidades. No sé si la medida es de acuerdo o no con las terminales pero si tenemos que garantizar en caso de un desbalance como dice la ley, eso lo hacemos”, aseguraron a iProfesional desde una de las compañías alcanzadas.

Con todo, los empresarios diferencian la situación actual de la época del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien trababa el ingreso de autos y exigía, a cambio, más exportaciones de alimentos.

Por si acaso, en plena tensión con los industriales, Mauricio Macri recordó semanas atrás que “Moreno les rompía la cabeza a estos tipos”.

En este caso, la posibilidad de aplicar garantías estaba prevista desde 2015, cuando se prorrogó el acuerdo con Brasil por cinco años. Por ello, las firmas deficitarias desistieron de elevar una nota de queja a los funcionarios.

En el Gobierno, minimizan el impacto de las medidas sobre las compañías. Sostienen que “hay tiempo hacia delante” para que las empresas excedidas se adecúen, con lo cual no se ejecutarían las cauciones en 2020.

La fórmula establece que aquellas firmas que superaron el flex deberán pagar por ese monto un arancel extrazona del 24,5% por autosy un 12% por autopartes, en lugar del arancel cero previsto en el convenio bilatareral.

Las autoridades dispusieron además un mecanismo para la cesión del crédito excedente de importaciones de las automotrices superavitarias.

De modo que éstas podrán venderles “cupo” a sus pares con cuentas en rojo en forma proporcional a su participación en la sumatoria global de compras externas.