Iniciativa para proteger a denunciantes de abusos sexuales a menores

Solicitan modificar protocolo de atención para proteger a denunciantes de casos de abuso de niños y adolescentes. "Pretendemos que no se desaliente a las denuncias, ya que el miedo paraliza", dijo la diputada provincial Claudia Giaccone, autora del proyecto

Claudia Giaccone
Claudia Giaccone, diputada provincial

El crimen de la docente Vanesa Castillo, sucedido en la Escuela Victoriano Montes nº 533 de Alto Verde, ha calado hondo en toda la sociedad santafesina, y ha puesto en alerta a aquellos agentes estatales (docentes, médicos, enfermeros, empleados, etc.), que son los encargados de anoticiar los hechos al Ministerio Público de la Acusación y a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, ya que existen fundados temores a las represalias por parte de los victimarios o sus allegados.

Ante esta preocupación la diputada provincial Claudia Giaccone presentó una iniciativa en la Legislatura solicitando al Gobernador que a través de los organismos que correspondan, disponga la modificación del Protocolo de Atención Interinstitucional para el Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia, Abuso Sexual y Otros Delitos, aprobado por Decreto Nº 2288 del 08/09/16, de manera tal que ante el develamiento de un delito, “los agentes operadores de territorio notifiquen inmediatamente a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la que será responsable de llevar adelante todo el proceso de la denuncia”

La legisladora expresó que “hay temor porque el asesinato de la docente Vanessa Castillo habría ocurrido como represalia ante una denuncia realizada por la misma al conocer el caso de abuso a una alumna, y como parte de su obligación dió cumplimiento del Protocolo que se aplica, procediendo a labrar el acta correspondiente y anoticiar a las autoridades”.

Los agentes provinciales que tomen conocimiento de un delito cometido contra un niño o niña deben informar inmediatamente al Ministerio Público de la Acusación y a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, acompañando el llamado “Anexo I” que es el formulario de toma de denuncia. En el caso de los establecimientos educativos además, deben acompañar las actas labradas en la escuela, las evaluaciones psicopedagógicas, informes, etc.. En toda esta documentación figuran los datos de los docentes, médicos o autoridades obligados a cumplir con el protocolo, y esa información personal puede llegar a los imputados a través de sus letrados patrocinantes, o por los medios periodísticos por ejemplo, aunque sea de manera casual, haciéndolos pasibles de represalias.

“Lo que pretendemos al pedir esta modificación es justamente no desalentar las denuncias, puesto que el miedo paraliza. Queremos que los numerosos casos de abusos sexuales y violencia de los que son objeto los niños y niñas, sigan siendo denunciados; porque el silencio y la inacción motivados por el temor mucho contribuirán a no se hagan”, continúó Giaccone.

“Buscamos entonces que el docente, médico, enfermero, u otro, solamente tenga la obligación de notificar inmediatamente de anoticiado del hecho a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, ya que este organismo cuenta con los medios suficientes y el personal idóneo para llevar adelante este tipo de denuncias y presentarlas luego ante el Ministerio Público de la Acusación”, concluyó la diputada.