Un joven de la comunidad toba que está en prisión preventiva hace un año por el homicidio de un familiar y una tentativa anterior, podría quedar desvinculado del primero de los delitos por un testimonio clave que lo desincrimina.

En virtud de esa evidencia, la acusación quedó en suspenso y se le otorgó el arresto domiciliario. La víctima fatal del hecho fue Silvio Samuel Báez, apuñalado en el barrio Toba de Empalme Graneros en marzo de 2017. Inéditamente, el caso impulsó a la Fiscalía a sumergirse en la realidad de los protagonistas para entender su problemática social. Surgió así un convenio con el programa de extensión universitaria “Integrando”, de la Facultad de Medicina, que trabaja con los pueblos originarios y hace tres meses firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público de la Acusación.

Personas de pocas palabras o las justas, introvertidos, de rostros ceñidos y piel curtida. Mansos, pero orgullosos. Acarrean costumbres ancestrales que mudaron por necesidad a las grandes urbes, donde en general tiene una calidad de vida indigna por falta de servicios básicos. Y modificaron a la fuerza su dinámica social para sobrevivir en medio de flagelos como la droga, la inseguridad y la violencia.

La comunidad Qom sobrevive en los barrios periféricos de Rosario. Allí son habituales las reyertas y las peleas, algunas de las cuales se resuelven de modo trágico aunque víctimas y victimarios pertenezcan al mismo bando o a la misma familia. Y más de una vez sufren el acoso policial por “portación de cara”.

La fiscalía de Homicidios cada tanto debe investigar hechos fatales ocurridos en los barrios donde habitan los pueblos originarios, pero por las características particulares de sus miembros, barreras culturales e incluso lingüísticas surgen trabas para realizar la pesquisa.

El crimen

A Silvio Báez lo mataron de un puntazo en el abdomen el sábado 4 de marzo de 2017. El hecho ocurrió a 100 metros de la subcomisaría 24ª. Báez tenía 48 años y había llegado a Rosario hacía tres décadas desde Chaco. Según las primeras versiones, fue atacado en el ingreso del bloque de viviendas de Juan José Paso y Génova.

La víctima residía en una vivienda del barrio que ellos dieron en llamar “Qom Lmac’ Na Alhua”, ubicada en Formosa 699 bis. En uno de esos departamentos el hombre residía con dos hermanos y trabajaba como oficial albañil. No tenía pareja ni hijos. Después del altercado con otra persona que terminó con la vida de Báez, surgió el nombre de Renzo como el sospechoso, pero en realidad no hubo testigos del ataque.

Siguiendo esa hipótesis, dos días más tarde agentes de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) apresaron a Renzo Daniel C., de 24 años. Estaba a sólo cien metros de donde ocurrió el hecho. Nunca se alejó de la escena del crimen.

El joven fue imputado de ese delito y de una tentativa de homicidio ocurrida seis meses antes contra un hermano de la víctima y le dictaron prisión preventiva efectiva por 60 días, aunque luego se renovó el plazo. En esas condiciones llegó ayer Tribunales, donde estaba pautada la audiencia preliminar al juicio y la revisión de la medida cautelar.

Por la complejidad de los actores y la trama multicultural del caso (la víctima era tío de la esposa del acusado) la pesquisa encontró trabas y no pudo avanzar más allá de las declaraciones iniciales que sindicaron a Renzo, con lo cual la imputación se fue diluyendo.

Cuidar la vida

Pero como la problemática es más profunda y la búsqueda de la verdad exigía una mirada integral, la fiscal Georgina Pairola echó mano a una herramienta que se puede instalar como modelo a seguir en casos similares.

Entonces generó un vínculo con el proyecto de extensión universitaria “Ilotagué Ra’Nachalataxa Na Yixaua Pí” (Cuidar la vida de las personas) de la Facultad de Medicina local, conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas y referentes de la comunidad toba que trabaja en la salud de los pueblos originarios y sus múltiples implicancias sociales.

Y aunque la funcionaria solicitó a los responsables del proyecto un informe acerca de la realidad de la comunidad, no estará sujeto ni tendrá implicancia en el hecho puntual que se ventila en el expediente penal, sino que abarcará la multiplicidad de situaciones en la vida cotidiana de los vecinos.

El dato surgió ayer durante la audiencia en la que Renzo Daniel C. asistió como paso preliminar al juicio. Junto a sus abogados José Ferrara y Alejandro Caniglia, escuchó a la fiscal que aportó un dato que lo podría desvincular del homicidio.

Con pulsera electrónica

Tras recordar los delitos que se le achacaban, la funcionaria dijo que se recibieron “testimonios que la Fiscalía considera como desincriminantes. En función del homicidio vamos a pedir la suspensión de la audiencia preliminar”, manifestó. Sobre la tentativa de homicidio, indicó que estaba en tratativas con la defensa en función de resolver el expediente en un juicio abreviado.

Luego, y sobre una solicitud de prisión domiciliaria, Pairola recordó que la vivienda propuesta por la defensa no era apta técnicamente para la instalación de la pulsera electrónica. Como alternativa se propuso otro domicilio con la garantía de la mujer del imputado. Pero antes de dar su conformidad la fiscal solicitó un informe ambiental.

El abogado Ferrara adhirió a la postura del Ministerio Público. Y el juez Pablo Pinto solicitó a la mujer que comparezca para hacerle conocer su obligación como garante. Luego resolvió suspender la audiencia preliminar de la investigación del homicidio y pasar a un cuarto intermedio en relación a la tentativa. Y ordenó la prisión domiciliaria del acusado con la modalidad de pulsera electrónica una vez que se cumplimenten los informes ambientales.

en los mÁrgenes. Formosa y Juan José Paso, donde reside parte del pueblo Qom y mataron a Silvio Báez..