Julio De Vido y Roberto Baratta

Ordenaron la liberación y la falta de mérito del exnúmero dos de Julio De Vido, Roberto Baratta, en la causa por sobreprecios en la compra de cargamentos de gas licuado por la que estaba detenido des octubre del año pasado. Así lo determinó la Cámara Federal porteña, que también dictó falta de mérito para el exministro K de Planificación. Igualmente De Vido seguirá en la cárcel porque tiene prisión preventiva en otra causa, por el desvío de fondos del yacimiento carbonífero de Río Turbio.

Ambos habían sido procesados con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadio. Después de un peritaje el magistrado había determinado que aprobaron compras de gas licuado con sobreprecios de US$ 7000 millones, entre 2008 y 2015. Se basó en un estudio que indicó que los sobreprecios eran del orden del 50%, aunque el documento fue cuestionado por las defensas y técnicos ajenos a la causa.

La decisión la tomó Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia que votó a favor de la preventiva, y Jorge Ballestero, que se pronunció en contra. Tuvieron que recurrir a un tercer juez para desempatar, Martín Irurzun, de la Sala II de ese tribunal.

Bruglia se manifestó a favor del encarcelamiento de De Vido y Baratta y criticó la pericia que determinó la millonaria defraudación, aunque indicó que hubo una maniobra fraudulenta. Mientras que Ballestero se pronunció por la falta de mérito para ambos al considerar también que el peritaje estaba realizado incorrectamente. Irurzun acompañó a Ballestero. La medida de la Cámara no significa la desvinculación de los investigados.

El peritaje cuestionado por los camaristas es un trabajo realizado a partir del análisis del perito David Cohen, un ingeniero en petróleo que está inscripto en el registro judicial y que determinó que entre 2008 y 2015 se pagaron casi U$S 7000 millones de manera ilegal en la importación de gas, con una cuestionada metodología.

De Vido seguirá detenido porque tiene procesamiento confirmado con prisión preventiva por “administración fraudulenta” en la causa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, a partir del desvío de $ 265 mllones de pesos de fondos públicos destinados a la reconversión de la mina y a un tren turístico, además de la malversación de fondos por $ 26.000 millones.