La Ruta del Dinero K y la corrupción en la obra pública se juzgan juntas

El Tribunal Oral Federal 2 determinó que son causas conexas. Así, Cristina Kirchner podría terminar en el banquillo junto a Lázaro Báez.

Lázaro Báez está preso por la causa de la ruta del dinero K

La Justicia decidió unificar dos causas contra Cristina Kirchner, la del direccionamiento de la obra pública y la Ruta del Dinero K. Fue una decisión del Tribunal Oral Federal 2, que recibió la semana pasada la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez y determinó que el expediente quede en el TOF 9. Este último tribunal es el que tiene a su cargo el juicio por lavado de activos (conocido como “la ruta del dinero K”). De esta manera, tal como contó Clarín, todo se encamina hacia un mega juicio por corrupción contra la ex Presidenta y varios de sus ex funcionarios donde las dos causas irían a juicio unificadas.

“Corresponde que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 quien concentre y unifique la tramitación de ambos procesos”, expresó el TOF 2 en su resolución.

Así, el TOF 9 -integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra- tendrá a cargo las dos causas.

Ahora, se espera que la Justicia use el mismo criterio en otras causas que complican a la ex presidenta cuando sean elevadas a juicio oral.

Esos expedientes son Hotesur (firma hotelera investigada por lavado) y Los Sauces (causa que investiga el alquiler de propiedades), que también podrían confluir cuando sean elevados a juicio oral en un mega juicio.

El juicio ahora unificado podría mostrar a la ex presidenta sentada junto a Máximo y Florencia, a pocos metros de su ex socio comercial Lázaro Báez, que se acomodará en el banquillo junto a sus hijos. En la misma sala estarán Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros y los acusados en la ruta del Dinero K: Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros. Todos reunidos en un mismo juicio, para responder -junto a la participación de otros actores- por la gran “matriz de corrupción que comenzó el 25 de mayo de 2003”: el día que los Kirchner llegaron a la Casa Rosada.

La razón de esta decisión responde a un planteo de la fiscalía a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y de su par Ignacio Mahiques, quienes intervinieron en la causa que investigó la adjudicación de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos a favor del empresario K “plagados de irregularidades” fondos que se vehiculizaron después con maniobras de lavado con la actividad hotelera y alquiler de propiedades “a los patrimonios de los ex presidentes”.

Pero además, tuvieron en cuenta el criterio de la Cámara Federal porteña que señaló que “reconocida como está la relación de todos estos hechos de corrupción estatal, investigados en expedientes de gran envergadura, la meta es optimizar los recursos y lograr investigaciones rápidas, coordinadas y sistematizadas”.

Fue la sala II integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah quienes plantearon que la defraudación en la obra pública “constituiría el ilícito precedente y el origen de los fondos cuya introducción al mercado legal se le atribuye bajo la figura del delito de lavado de activos (la Ruta del Dinero K)” que ya tiene el TOF 9.

Los fiscales plantearon que la asociación ilícita constituida por “los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza” funcionó con una “división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado”.

Para la justicia, los integrantes de la asociación ilícita escogieron a la obra pública vial “como uno de los medios para obtener el dinero público”. Esto derivó en otra instancia: “convertir en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”.

Luego, vino otra etapa en la que el empresario K “vehiculizó parcialmente los fondos a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos, como Néstor y Cristina Kirchner”, algo también planteado en las causas Los Sauces y Hotesur. Es decir, que parte de los fondos provenientes de la obra pública fueron a engrosar el “patrimonio de la familia Kirchner para que ellos pudieran disponer libremente de ellos.”

Esta parte de la maniobra se materializó con el “lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”, según se investiga en las causas Hotesur y Los Sauces.

Este flujo de fondos tiene su vinculación, según la justicia, con la “ruta del dinero K”. Donde se “pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero”, con Báez a la cabeza, a través de “desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar el dinero espurio proporcionado por Lázaro Báez”.

La ex Presidenta se encuentra imputada como coautora de lavado de dinero en esta última causa, y aún resta que el juez Casanello -tras el pedido de la Cámara Federal- defina su situación procesal.