La decisión de reducir la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) deriva en una segunda medida ligada a la apertura del sistema de certificación de productos importados.

Hasta ahora, esa validación técnica estaba únicamente en manos del Estado. La nueva regulación permite que laboratorios extranjeros controlen las compras de los importadores. Se trata de un negocio sobre el cual iProfesional informó en esta nota.

La primera resolución en este sentido se firmó a fines de noviembre del año pasado. El decreto 960/2017 de “simplificación” del Sistema Métrico Legal Argentino (unidades de medida de uso obligatorio en el país) pasó casi desapercibido en la agenda política y mediática.

Con el objetivo de lograr una mayor “celeridad” y “eficiencia” en los procedimientos de control, el gobierno habilitó que laboratorios privados extranjeros participen en el proceso de certificación de todos los instrumentos de medición traídos desde fuera.

La nueva normativa estipula que “resulta conveniente que nuevos laboratorios de ensayo y organismos de certificación se incorporen al servicio nacional de aplicación, y que sean reconocidos, para la aprobación de modelo y la verificación primitiva, ensayos realizados por laboratorios en el exterior”.

Para esto, la Casa Rosada tuvo primero que derogar el decreto 788/03 que le otorgaba esta facultad en exclusiva al INTI. En 2013, el anterior poder Ejecutivo, le asignó al INTI “la función de efectuar, en todo instrumento de medición reglamentado, los ensayos, certificaciones y/o cualquier otro procedimiento técnico necesario para la aprobación de modelo y la verificación primitiva”.

Lo que antes era un arancel obligatorio que el importador abonaba al INTI para validar su producto, ahora pasará entre manos privadas. La firma de un laboratorio extranjero bastará para que el producto pueda utilizarse en suelo nacional

De a poco, la medida empieza a sentirse con fuerza en la sede local del INTI, una delegación que ya sufrió cuatro despidos y que trabaja mucho en los sistemas de pesas y medidas.

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“En Rosario hacemos, por ejemplo, calibraciones y aprobaciones de modelos. Con esta resolución alguien puede traer una balanza de afuera con una certificación de un laboratorio privado. Ese producto deja de pasar por nuestras manos. Y entonces los compañeros que hacen ese trabajo se miran las caras, lo que en breve servirá de justificante para nuevos despidos.Todo forma parte de este ajuste que venimos denunciando”, le explicó al diario digital Rosarioplus.com Gerardo Maisler, delegado del INTI en la ciudad santafesina de Rosario.

El otro aspecto preocupante de la nueva disposición pasa por la calidad de las certificaciones, imposible de corroborar ante este corrimiento del Estado.

“Estamos recorriendo el camino inverso a Uruguay y Bolivia, dos países de la región que hoy están armando programas locales de metrología. Acá vamos a dejar todo en manos privadas, un disparate”, planteó Maisler.

En paralelo a esta medida, el gobierno permitirá a partir de mayo que los importadores textiles y de calzado puedan certificar sus productos en el proceso mismo de compra, sin la obligatoriedad de que la validación se realice en la Argentina.

La Secretaría de Comercio exige desde el año pasado una Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) a estos importadores. Actualmente, el INTI es el único organismo de verificación para estas tareas.

Sin embargo, la resolución 70/2017 establece que a partir del 4 de mayo los importadores van a tener que presentar “un informe de ensayo de algún laboratorio” que respalde la composición y calidad del producto, por lo que el INTI va a quedar en un segundo plano.

Esta nueva política le abre la puerta a certificaciones extranjeras, al igual que ya pasa con la metrología. “Acá cerca, en Pergamino, había una unidad de extensión para las certificaciones de la industria textil. La cerraron y echaron a los tres compañeros que trabajan en esa dependencia. Nada de lo que pasa es casualidad”, agregó Maisler.

El laboratorio en cuestión fue creado en 2009 ante el auge de la industria de la indumentaria. En 2015 agrandó su radio de acción. San Nicolás, Arrecifes, Junín y San Pedro se beneficiaron de esta expansión. Hoy las puertas están trabajadas y las persianas cerradas.