Aborto: la experiencia real de los consultorios

La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir denuncia que la ley actual los expone a la judicialización y reclaman que el Estado produzca misoprostol y mifepristona de buena calidad.

“Desde que retornó la democracia en 1983, la criminalización del aborto en el país mató a 3030 mujeres. Muertes evitables”, afirmó Analía Bruno, la médica integrante de la Red de Profesionales por el Derecho A Decidir, horas después de que hablara en el anexo de la Cámara de Diputados, durante la presentación de la ley para que las mujeres puedan decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo. Y sostuvo que con la ley actual, que contempla causales para el aborto, los profesionales de la salud quedan expuestos a la judicialización, igual que quien aborta, y reclamó, la “producción pública de misoprostol, que se autorice la mifepristona, que figura en el Protocolo del Ministerio de Salud como procedimiento, y que se promueva la AMEU (aspiración manual endouterina), un método seguro, ambulatorio y de bajo costo”, remarcó.

Bruno, quien trabaja desde hace 14 años en un Centro de Salud Comunitario (Cesac), en el barrio porteño de Pompeya, contó que conoce los vericuetos de la salud pública por acompañar a mujeres en situación de aborto o post aborto que “tienen que hacer muchas veces un recorrido infrahumao para acceder a la medicación, a la atención médica, y traspasar los tabúes culturales que hoy, gracias a la lucha del movimiento de mujeres, son cada vez menos”. “Aunque hay mujeres que todavía no lo ven así y atraviesan el proceso con mucha culpa o muy solas. Especialmente cuando lo hacen en el circuito clandestino”, advirtió.

Al mismo tiempo, la médica generalista remarcó que quienes integran la Red de Profesionales, en la que milita desde su conformación en 2015, “acompañamos el derecho a decidir, por lo que también hacemos el acompañamiento de los embarazos y los partos humanizados” donde se priorizan las necesidades de la paciente.

Desde su práctica profesional cotidiana, Bruno explicó que hay dos cuestiones para tener en cuenta: la legal, y la de los medicamentos y técnicas de interrupción del embarazo que no están disponibles o no son las recomendadas.

“Si bien hubo avances desde lo jurídico, como el fallo de la Corte Suprema en 2012 (fallo F.A.L.) que permitió una interpretación más amplia del artículo 86 del Código Penal de 1921 (dónde se establecen las causales para el aborto), al seguir siendo penado como delito en el artículo 85, el 86 queda sujeto a cómo lo interpreta la justicia. Por eso yo tuve dos judicializaciones, la última en 2015”, apuntó.

En esa ocasión, Bruno y el equipo de profesionales con el que trabaja asistieron a una mujer que era víctima de violencia de género. Como muchas de las mujeres que atraviesan esas situaciones, producto de la indefensión aprendida, donde la pasividad y la sensación de no poder hacer nada para cambiar, mantienen a las víctimas en la misma posición, la mujer “no veía la violencia, pero quería interrumpir el embarazo, que no podía ser contemplada como violación”.

“Cualquier maternidad forzada pone en riesgo la salud de la mujer. La coerción de la violencia habilita la causal y eso es lo que entendió el equipo médico que acompañó el pedido de la mujer de no continuar con el embarazo. Sin embargo, su pareja violenta nos denunció y a los ojos del fiscal habíamos cometido un delito”.

Tanto Bruno como el equipo interdisciplinario que intervino tuvieron que atravesar un año de procesos judiciales, y la mujer fue sometida a peritaje psiquiátrico. Finalmente, una jueza sostuvo que “era un aborto legal”.

“La legislación vigente nos pone entre la espada y la pared porque, por un lado, tenemos que garantizar el aborto y ,por otro, quedamos expuestos a ser judicializados”.

Por otra parte, la profesional que atiende en el Cesac entre dos y tres consultas diarias de mujeres con situación de preaborto o controles post aborto, sostuvo que a la Argentina le “falta mucho para tener los estándares internacionales. Tenemos misoprostol producido por el laboratorio Beta que es de mala calidad. Hay muchas mujeres que no logran interrumpir el embarazo por la falta de calidad del producto”. Además, reclamó que el medicamento obstétrico “tiene que ser producido y controlado por el Estado”.

También pidió que “se autorice la mifepristona, que, junto al misoprostol, permite que los abortos sean efectivos en casi el 100 por ciento de los casos y de calidad”, y remarcó que “no es una opinión mía ni de la Red sino que está en el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que dice que hay que utilizar esas medicaciones para alcanzar estándares de calidad”.

Por último, Bruno sostuvo que es necesario promover la técnica de la AMEU, que “es una práctica de baja complejidad, que no requiere quirófano, ni anestesia general como el procedimiento más difundido: el legrado o raspaje”.

La AMEU, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su eficacia y seguridad, y que puede realizarse hasta la 14 semana en un consultorio, se “utiliza poco porque hay mucha resistencia a la innovación en prácticas que son menos invasivas. Se usa el legrado que se realiza con material metálico, requiere anestesistas e internación, frente al material plástico de la AMEU, con anestesia local que cualquier médico puede realizar”, y relacionó la persistencia de la práctica a la corporación médico quirúrgica.