La Iglesia puso a disposición de la Justicia las actas de 127 bautismos realizados entre 1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armadas (ESMA), donde funcionó el centro clandestino de detención más grande de la última dictadura militar.


La decisión de la cúpula del Episcopado –que abarca la disponibilidad de que accedan organismos de derechos humanos e investigadores calificados- fue comunicada por nota al juez federal Sergio Torres y al fiscal Pablo Parenti ante su requerimiento.

El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, había revelado a principios de enero que encontró las actas luego de que, dijo, un periodista le habló de su posible existencia y se puso a buscarlas. Olivera reveló el hallazgo en Roma tras reunirse con el Papa Francisco, quien respaldó en la ocasión su apertura.

La noticia suscitó la lógica expectativa de que las actas podrían ayudar a dar con hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente y motivó la intervención de la Justicia. En el registro figuran 19 niños bautizados en 1975; 14, en 1976; 36, en 1977; 28, en 1978, y 30, en 1979.

En la carta al juez y al fiscal –difundida ayer por la Iglesia-, los miembros de la cúpula del Episcopado que encabeza el obispo Oscar Ojea, afirman que tienen “la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983”.

“Compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre, la Conferencia Episcopal pone a disposición de la justicia la totalidad de la información registrada en la mencionada documentación, en continuidad con el proceder de esta Conferencia ante los requerimientos de la justicia en estos últimos años”, dicen. Y agregan: “Consideramos que estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos.

Y concluyen: “Queremos reiterar nuestro compromiso de poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial aquellos datos e informaciones que pudieran surgir en el futuro, encareciéndole en cada caso el respeto de la confidencialidad de los datos consignados a tenor de las disposiciones constitucionales y de derecho canónico vigentes para esta materia.

La Conferencia Episcopal ya había anunciado la apertura de sus archivos –y los del Vaticano- correspondientes a la época de la última dictadura a los familiares de desaparecidos siguiendo el deseo expreso del Papa y tras una tarea de ordenamiento de esos papeles de la época en que el actual pontífice era presidente de la Conferencia Episcopal.

Meses después, la Conferencia Episcopal difundió un protocolo para las consultas que establece que el organismo eclesiástico realiza la búsqueda de dato que pueda tener sobre el familiar desaparecido. Fuentes eclesiásticas dijeron a Clarín que ya se hicieron varias consultas y que el trabajo “es fluido”.