En los considerandos de la resolución 144 publicada ayer en el Boletín Oficial, se afirma que la decisión se tomó porque el plazo para la finalización de la obra venció el 1º de febrero de 2017 y para entonces el grado de avance era del 85 por ciento. Por lo que se requerirían al menos 24 meses para concluir la central. También se cuestiona a Isolux por no haber preservado la integridad de la infraestructura, haber dejado vencer los seguros y haber perdido las garantías de los fabricantes de los principales equipos. En la norma se detalla lo sucedido como si hubiese sido un problema ajeno a la gestión actual, pero la paralización de la obra, con todas sus consecuencias, ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri.

En 2006 el gobierno de Néstor Kirchner puso en marcha un proyecto que contemplaba la recuperación del yacimiento carbonífero de Río Turbio y la construcción de una central térmica con una potencia de 240 megavatios para que el carbón pudiese salir transformado en energía eléctrica. En diciembre de ese año se convocó a una licitación pública nacional e internacional y un año después se le adjudicó la obra a una Unión Transitoria de Empresas encabezada por el Grupo Isolux Corsán. Luego de una serie de postergaciones, se concluyó la primera turbina y en agosto de 2015 se realizó una prueba que permitió interconectar la central y entregar energía a la red nacional eléctrica.

Al finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la primera turbina estaba lista para funcionar y la segunda estaba avanzada en aproximadamente un 80 por ciento. En enero de 2016 el gobierno de Mauricio Macri cortó el financiamiento destinado a la obra y dictó el decreto 257 a través del cual ordenó una auditoría, que sería llevada adelante por la Sindicatura General de la Nación. “Si quieren investigar, nos parece bien. Pero que no paralicen todas las obras. A la segunda usina le falta entre un 17 y 25 por ciento para ser terminada. Esperemos que no haya detrás de esta maniobra la intención de cerrar la empresa”, aseguró en febrero de ese año el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, quien ayer fue detenido por una supuesta defraudación en una construcción conexa al yacimiento.

A partir de entonces se generó un conflicto con la contratista que alegó falta de pago. El Gobierno asegura que canceló los créditos en aquellos casos en que Isolux “cumplió con los requisitos legales y contractuales”. La disputa finalmente derivó en la paralización de la obra.

Ahora el Gobierno rescindió el contrato con Isolux Corsán con el argumento de que la contratista no cumplió con su obligación de ejecutar, mantener y reparar las obras. “Algunos equipos presentan daños y deterioros, como el horno y la cámara de quemador auxiliar de la Caldera I; el ventilador de tiro inducido y la caja de vientos de la Unidad 1; los generadores, la planta de tratamiento de agua y la cinta interior de mina 1P5”, se remarca en los considerandos de la resolución firmada por el secretario de Energía Eléctrica Alejandro Sruoga. También se destaca que se vencieron los seguros y se perdieron las garantías de los fabricantes de calderas, turbinas, generadores, bombas de alta presión, condensadores y transformadores, pero en los últimos dos años no trascendieron acciones del gobierno de Macri para tratar de evitar este final que podría ponerle fin a una obra estratégica, malogrando una inversión millonaria.