Este lunes se inicia el juicio oral y público contra Manuel Díaz en los tribunales de Vera. Se trata del empleado del Sistema Público de la Defensa Penal acusado de haber abusado sexualmente por años de su hija menor de edad, y de volver a hacerlo cuando recuperó la libertad tras una mala decisión judicial.

Además de generar un daño irreparable en la chica, los hechos en torno al caso resonaron en toda la provincia porque, de una u otra forma, salpicaron a jueces, policías, defensores públicos e incluso a una docente, tía de la víctima.

RELATO DE UN CALVARIO

En febrero de 2015, una adolescente de 15 años denunció en Vera a su propio padre. Dijo que desde que tenía seis años sufría maltratos, y que a partir de sus nueve años esos maltratos se habían convertido en abuso sexual. El hombre convivía con ella, e incluso compartían la habitación, por lo que para poder alzar su voz, la víctima debió escaparse de su casa, en un acto desesperado, y contarle todo a su madre.

El 27 de ese mes y año, Manuel Díaz fue detenido y al día siguiente se le dictó la prisión preventiva por 70 días. A los dos meses se realizó una cámara Gesell, en la que G.D. contó su calvario.

Con esa medida probatoria hecha efectiva, el juez Gustavo Gon consideró que ya no había motivos para mantener encerrado al presunto victimario, y lo liberó. Horas después (el 24 de junio de 2015), Manuel Díaz interceptó a su hija en las calles de Vera, la golpeó hasta dejarla casi inconsciente, la llevó a un descampado y la violó nuevamente. Con las pruebas de ADN no quedaron dudas: había sido él.

El juez Gon no tuvo otro remedio que admitir su grosero error y dejar encerrado al ya entonces llamado “padre violador”, hasta el inicio del juicio que se sustancia recién ahora, dos años y ocho meses después.

Pero esto no sería todo. Hasta que pudo verbalizar su calvario, G.D. vivió con su hermana, su abusador y la madre de éste. A mediados de septiembre de 2015 recibió una llamada de la primera, que le pidió ayuda asegurando que había sufrido iguales vejaciones que ella. Engañada, acudió a la puerta de la alcaidía de Vera, donde estaba alojado Díaz, supuestamente para denunciar en conjunto al padre de ambas. Pero allí fue emboscada por aquélla, su abuela paterna (Juana Margarita Zárate) y su tía (Liliana Díaz). Esta última, directora de una escuela de Fortín Olmos que (según la denuncia posterior) amedrentó a su sobrina con un arma de fuego.

El objetivo de las tres mujeres era llevar a la nena con su abusador. Y lo consiguieron. Nuevamente debió enfrentarse a su violador, que la amenazó para que retirara la denuncia.

Por este hecho, siete funcionarios policiales de la alcaidía de Vera fueron removidos de su cargo, la madre de Díaz perdió su puesto en la escuela y junto a su hija fue encarcelada, la hermana mayor de G.D. quedó a disposición de la Justicia de Menores y los propios defensores oficiales fueron apartados y cuestionados. Todos forman parte de una nueva causa judicial abierta por delitos como coacciones, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de la persecución de un delito.

EL JUICIO

Los alegatos de apertura del juicio oral y público contra Manuel Díaz tendrían inicio, según lo previsto, alrededor de las 14:30 en los tribunales de Vera. El fiscal que investigó los hechos, Leandro Benegas, presentó dos acusaciones, y solicitará 20 y 21 años de prisión. El tribunal pluripersonal a cargo del debate estará integrado por los jueces Mauricio Martelossi (presidente); Claudia Bressán y el abogado de la matrícula Leandro Díaz que fue sorteado conjuez.

Los testigos convocados son alrededor de 100, por lo que se prevé un proceso extenso, que duraría hasta el 10 de abril, cuando se conocerá la sentencia. El comienzo del juicio se vio demorado por los 15 planteos presentados por la defensa de Díaz.

Los legajos son dos. En el primero “se investigaron abusos sexuales a la niña ocurridos en un número indeterminado de veces en la casa en la que convivía con su padre y en la que compartían la habitación”. Por estos ilícitos, el fiscal Benegas imputó a Díaz como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por ser el autor el encargado único de la guarda y cuidado de la menor, aprovechándose de su situación de convivencia). Además, le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (por la circunstancia de su realización), reiterado y agravado (por el vínculo y por ser el autor el encargado único de la guarda y cuidado de la menor, y aprovechándose de su situación de convivencia) y corrupción de menores agravada (por el vínculo) Los dos hechos fueron imputados en concurso real.

El segundo legajo es por la violación en la calle en Vera. En este caso, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber producido un grave daño en la salud física y moral de la víctima; por el vínculo al ser el autor el encargado único de la guarda y educación de la menor y tener la tenencia judicial de la menor en forma exclusiva) En tanto, por haberla perseguido previamente por redes sociales y en persona, Benegas le atribuyó la autoría del delito de desobediencia a una orden judicial. Los dos hechos fueron atribuidos en concurso real.

Benegas sostuvo: “Contamos con el testimonio que brindó la víctima en Cámara Gesell y con informes muy precisos de la psicóloga que la entrevistó; con documentos elaborados por los peritos de la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia; y con estudios realizados en la ropa de la víctima en los que se encontró ADN del acusado”.

Finalmente, lo ocurrido en la alcaidía forma parte de otra causa, pero será tenido en cuenta.

La madre de la víctima y expareja del acusado se constituyó como querellante. En el juicio estará representada por el abogado Nicolás Vera del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de la ciudad de Vera.