Los docentes de todo el país comienzan hoy un paro en reclamo de salarios e inversión educativa. En la mayoría de las provincias, el inicio de las clases quedará postergado así por 48 horas en las escuelas públicas, que recién el miércoles funcionarán normalmente. Tras la eliminación de la paritaria nacional, con el techo del 15 por ciento a la recomposición de los salarios del sector y el cierre de escuelas, este era un conflicto cantado, como ya lo había sido el del año pasado. Pero, esta vez, el Gobierno viene preparándose de otra manera para sostener los recortes del gasto público.

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, juega todas sus fichas a debilitar la medida de fuerza a través de la amenaza de descuentos –como el no pago de los días parados y la imposición del presentismo, que ya rige en varias provincias–, y viene moviéndose, además, para dividir el frente gremial. “Tengo la impresión que nos vamos a llevar una gran sorpresa con la mayoría de las escuelas abiertas y la mayoría de los docentes educando”, desafió horas antes de la huelga, al remarcar que hay tres sindicatos (UDA, AMET y CEA) que no adhirieron. La medida de fuerza fue convocada por la Ctera, la confederación que agremia al 70 por ciento de los docentes del país. También se sumó a la protesta, con una huelga de 24 horas, el sindicato de los docentes privados (Sadop), que le sigue en número, con 70 mil afiliados. “La adhesión al paro va a ser contundente”, advirtió Sonia Alesso, la titular de Ctera.

El paro tiene cuatro ejes de reclamo: por la paritaria nacional docente, salarios dignos, más presupuesto educativo y en defensa del régimen jubilatorio docente, que está en la mira de Cambiemos. Durante esta primera jornada de paro, Ctera y Sadop se movilizarán a partir de las 10.30 a la sede del Ministerio de Educación.

Este es el segundo año que el Gobierno no realiza la paritaria nacional docente: en 2017 fue suspendida, y este enero el presidente Mauricio Macri directamente la eliminó por decreto. En ese ámbito de negociación, que funcionó de 2008 a 2016, los gremios negociaban con el Estado nacional el piso salarial de los docentes y el monto de dos fondos nacionales, el de Compensación –destinado a que las provincias más pobres pudieran pagar ese piso– y el de Incentivo Docente (Fonid) –que se reparte de manera igualitaria entre todos los maestros del país, para mejorar sus ingresos–.

Con la supresión de la paritaria nacional, al Gobierno le quedó el camino allanado para achicar esos fondos, actualizándolos según su único criterio. El plan de la Casa Rosada es dejar de pagar el Fonid en 2019. El criterio de Cambiemos es el de que cada provincia pague lo que pueda pagar, según sus recursos.

La receta no es nueva, ya que fue la utilizada en la década del ‘90 por el menemismo, y está generando las mismas desigualdades internas. Por caso, en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales ofreció a los docentes un 5 por ciento de aumento para 2018; ese es su cálculo de lo que su provincia puede pagar. La decisión del gobierno nacional de correrse de la responsabilidad sobre los sueldos de los maestros es así uno de los brazos del ajuste. El otro es la imposición de un techo del 15 por ciento en las negociaciones paritarias que se realizan en las provincias. Esto es lo que ofrecieron, al pie de la letra, la mayoría de los gobernadores: 15 por ciento en la provincia de Buenos Aires, 15 por ciento en Santa Fe, 15,7 en Mendoza, 15 por ciento en Tucumán, 15,5 por ciento en San Juan, 15,7 por ciento en Catarmarca. O menos: 12 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires, 10 por ciento en Corrientes, donde hoy el presidente Macri va a inaugurar las clases (ver aparte). Hasta ahora la única excepción fue la provincia de San Luis, donde la gobernación dio a los estatales un 40 por ciento de incremento.

Estas ofertas, por debajo de la expectativa de inflación del Gobierno –un 20 por ciento para 2018–, afectarán sueldos que vienen perdiendo sensiblemente su poder de compra. Según el Cippec, el poder adquisitivo de los salarios docentes cayó desde 2016 en 1600 pesos.

La semana pasada, la gobernadora María Eugenia Vidal aseguró al abrir las sesiones de la Legislatura bonaerense que los maestros de su provincia no habían perdido un peso frente a la inflación. Sin embargo, los datos muestran que su distrito no escapó a la lógica nacional: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revisó la carrera de los sueldos contra la inflación y encontró que los docentes bonaerenses llevan perdidos 1300 pesos en relación al poder adquisitivo que tenían en 2015. En el caso de que aceptaran la oferta salarial que les están haciendo para este año, pasarían a perder 2300 pesos con respecto a lo que ganaban al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner (ver nota aparte).

El dato bonaerense tiene relevancia especial porque, sin la paritaria nacional, la tarea de hacer de caso testigo para el grueso de las paritarias provinciales recayó en Vidal.

En línea con Finocchiaro –que se convirtió en el ministro de Educación nacional tras haber desempeñado esa función en la provincia de Buenos Aires–, la gobernadora ha puesto en marcha una estrategia extra para quitarle impacto al paro: garantizó a través de los auxiliares docentes afiliados a los gremios UPCN y Soeme que las escuelas sean abiertas para ofrecer el servicio de comedor. El viernes, la provincia pagó un premio de 4500 pesos por presentismo a los docentes que en 2017 no adhirieron a los paros y ratificó que ese ítem llegará a 6 mil pesos al finalizar este año. A diferencia de lo que se ve en la paritaria, en la pulseada con los gremios la decisión oficial es no escatimar en nada.