Ratifican preventiva para uniformados que reprimieron el 18D

Son Dante Barisone, quien durante el operativo en los alrededores del Congreso atropelló con su moto al cartonero Alejandro “Pipi” Rosado, y Alfredo Luna, que en otra calle roció con gas pimienta a un docente.

El 18D 'Pipi' Rosado fue atropellado brutalmente por un policía en moto

La justicia ratificó que dos de los cientos de policías que reprimieron a los manifestantes que protestaban el 18 de diciembre contra la reforma previsional se excedieron en sus funciones y provocaron lesiones graves. Así lo determinó la Cámara Federal al ratificar el procesamiento con prisión preventiva del policía federal Dante Barisone, quien durante el operativo en los alrededores del Congreso atropelló con su moto al cartonero Alejandro “Pipi” Rosado. La misma medida fue aplicada para el agente Alfredo Luna, que ese día, en otra calle, roció con gas pimienta a un docente. PáginaI12 había revelado que en esta causa la división de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal instó a un testigo a falsear sus dichos a favor del uniformado imputado.

La defensa de Barisone –el agente que en Facebook se jacta de su accionar represivo con frases como “ahí tenés garantista de mierda” o “mato terroristas villeros”, además de burlarse de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado– contaba con que el policía Alejandro Irarzábal, que iba detrás suyo en la moto y por lo tanto es un testigo directo de los hechos, respaldaría la versión del acusado que dijo que no podía reconocerse en los videos. Eso habían declarado otros dos policías. El hecho de que todos llevaran casco facilitaba la evasiva. Sin embargo, Irarzábal acudió al juzgado y contó que en Asuntos Jurídicos le habían dicho que brinde “una explicación de los hechos similar a la que había efectuado Barisone”, es decir, que negara los hechos y no identifique a nadie. El juez federal Sergio Torres extrajo testimonio para abrir una causa penal contra los superiores de estos policías por el delito de encubrimiento en una causa que le tocó al juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Ahora la sala II confirmó lo actuado por Torres: Barisone fue acusado de lesiones graves cometidas en abuso de su función como integrante del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF). Quien lo señaló en un primer momento como el responsable de la agresión contra Rosado fue la propia oficina de Asuntos Internos de la Policía Federal. Los jueces de la Sala II, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia dieron por probado que fue él quien intencionalmente y en forma reiterada pasó por encima del cartonero de 19 años. Como consecuencia de ese hecho, la víctima perdió la conciencia, sufrió quemaduras en su pierna y padeció otras heridas por las que estuvo internado durante varios días en el Hospital Argerich. Según el fallo, el tribunal aclaró que no se juzga “la facultad y el deber de actuar” que haya tenido Barisone, “sino la comisión lisa y llana de acciones ilícitas por parte de agentes de la fuerza en perjuicio de particulares”. En este sentido, las razones por las cuales se resolvió la prisión preventiva fueron “el carácter especialmente violento” de sus acciones, así como también su intento de influir en testigos, para que no declarasen en su contra.

En el fallo también se confirmó el procesamiento por “abuso de autoridad” del policía de Alfredo Luna, quien golpeó y roció con gas pimienta a un docente que estaba parado en una vereda de la zona sin participar de la protesta contra la reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri.

En el mismo expediente que instruye el juez Torres fue aceptado como querellante Horacio Ramos, uno de los manifestantes que perdió parcialmente la visión durante la represión del 18 mientras marchaba contra la reforma previsional con el Frente de Organizaciones en Lucha. “Padecí una gravísima lesión por proyectil de arma de fuego en el ojo derecho, que causó el estallido del globo ocular y requirió su evisceración en el marco de la acción represiva protagonizada por personal de la policía de la Ciudad”. Sus abogados Ismael Yalil y María del Carmen Verdú imputaron al jefe de la Policía de la Ciudad, Carlos Kevorkian; al Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo; al Secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro y al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.