Críticas del municipio al “Plan moto segura”

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De hecho ayer a la mañana los ediles lanzaron el proyecto ante los medios de comunicación y minutos después llegó la primera respuesta (hoy difundida en El Informe) por parte del director de Prevención Comunitaria, Homero Domínguez de Soto. Mientras hoy fue el turno de una conferencia  de prensa donde participó además de Domínguez de Soto; la jueza de Faltas, Janina Ferreyra, y la directora de la Oficina de Carné, Natalia Jaureguizahar.

 Así el director de Prevención Comunitaria sostuvo que el proyecto Plan Moto Segura que presentaron los ediles de la UCR “no aporta nada nuevo, más allá de las buenas intenciones” y acotó que muchas de las ideas “ya están vigentes” a través de normativas municipales y leyes nacionales y provinciales.

“Lamentamos que esto no vaya a ser fructífero porque es un amontonamiento de ideas redundantes y que muchas ya están vigentes. Por lo tanto no hay ninguna herramienta que pueda mejorar la realidad del tránsito“, señaló el funcionario, añadiendo que “preocupa que siendo legisladores locales no tengan conocimiento de lo que pueden legislar y lo que no“.

Domínguez de Soto destacó en primera instancia que “el costo de la multa, una de las propuestas que hicieron, no se regula en una ordenanza, salvo que puedan modificar un decreto reglamentario de una ley nacional, donde se marca cuáles son las infracciones y las Unidades Fiscales (UF) que se deben abonar, con valores de referencia como es el precio del combustible”, explicó.

Seguidamente, y en relación al pedido para que las infracciones que cometen los menores sean afrontadas por los padres, el director precisó que esta metodología ya se viene aplicando, ya que la multa se labra sobre el vehículo que siempre está registrado a nombre de un mayor de edad.

En cuanto a la exigencia para que las motos salgan de las concesionarias o los locales de venta con casco y patente, recordó que “ya está establecido desde 2009 en la ley provincial 13.016“. Y añadió: “Si consideran que la moto debe venderse con la chapa colocada y no dar un formulario que tiene validez por siete días, que es el tiempo que tarda en emitirse la patente, se debe gestionar en el Registro del Automotor”. 

Secuestro de vehículos

Al momento de hablar del secuestro de vehículos que estén estacionados en la vía pública y que no cuenten con chapa patente o las medidas de seguridad, el titular de Prevención Comunitaria indicó: “Hay infracciones que son causales de secuestro y traslado de motos al corralón, como falta de casco, y otras que no, como la ausencia de chapa patente. Si discutimos y modificamos la ordenanza se puede dar, aunque creemos que es una medida que genera situaciones muy dramáticas para los propietarios“.

También describió que la compactación de vehículos se desarrolla como está establecido en la ley nacional 23.348 y posterior adhesión a través de ordenanzas municipales: “No es algo tan sencillo de efectuar, ya que lleva un trámite administrativo, como lo venimos haciendo, e incluso contamos con más de 800 vehículos que están a la espera de su compactación”. 

Por último, mostró preocupación porque “el proyecto en ningún momento hace referencia a educación vial o campañas de concientización, sino que sólo busca castigar con mano dura al infractor“.

Evitar la simplificación

La jueza Ferreyra, en tanto, aseguró que “todo lo relacionado (en el proyecto) al importe de las multas está regulado por ley nacional, y debe adherirse para ser aplicado en las municipalidades“.

“Determinamos el monto de las multas de acuerdo a varias circunstancias. El infractor llega al Tribunal de Faltas y analizamos todas las cuestiones, que no pueden simplificarse en si subo o bajo una multa. Además consideramos si es reincidente o no lo es. Lo importante es que el problema del tránsito no se soluciona cobrando más o menos multa, incluso nos corremos de ese eje con esta pena sustitutiva que estamos aplicando (para infractores por falta de casco)“, enfatizó la profesional.

Ferreyra instó a “no caer en cuestiones que ya están legisladas. La compactación de motos pudo hacerse por adhesión a una ley nacional, por eso creo que en este proyecto (de los ediles radicales) hay cuestiones que rozan el desconocimiento. Debemos trabajar seriamente para ordenar el tránsito, no repitiendo frases marketineras o que llaman la atención de la gente, porque sabemos que hay un reclamo social” en ese sentido.

Solución real

En la misma línea, Jaureguizahar aseveró que “la solución de estos problemas no está en repetir fórmulas que de hecho ya están en funcionamiento, la solución real es apuntar al problema de educación y a lo cultural, sin demonizar a los conductores de motovehículos como si tuvieran la culpa de todo”.

Acto seguido, contrastó los datos volcados por los legisladores de la UCR: “Ellos dicen que los motovehículos participaron en el 72 por ciento de los siniestros y eso es mentira. El año pasado lo hicieron en el 38 por ciento. Sí es cierto que tienen en general mayor número de lesionados o muertos, por el tipo de vehículo que conducen”.

“Nosotros apuntamos a seguir educando, como hacemos ahora en las colonias, y es muy buena esta sustitución de pena, para que la gente entienda que el casco es parte de la moto, para cuidar su vida, y que la persona no termine siendo lisiada. También el cambio cultural debe alcanzar a los conductores de vehículos de mayor porte. Todo siniestro de tránsito es consecuencia de una infracción, y las fallas son de todos los que circulamos. Los números (de siniestros) están en baja, y esto lo dicen las estadísticas de Bomberos. Sabemos que el siniestro cero no existe y que el trabajo que debemos hacer es de hormiga”, agregó Jaureguizahar.

Finalmente hizo referencia al fuerte crecimiento del parque automotor local: “El año pasado estuvimos cerca de las 3 mil motos nuevas patentadas, que se incorporaron al tránsito venadense. Es una cantidad grande pero no hay que demonizar a este tipo de vehículos, que tiene muchas cosas positivas; el problema es cómo lo conducimos”.