Clínicas de diálisis, en jaque por el atraso en los pagos de sus prestaciones

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Unos 25 centros de diálisis están en peligro en Santa Fe ante la crítica situación financiera que padecen debido al atraso y al desfasaje en el pago de los servicios que les debe tanto el Pami como el programa Incluir Salud (ex Profe). En promedio, por cada paciente que se realiza una práctica de estas características reciben unos 2.200 pesos, con prestaciones que deberían ubicarse por encima de los 3 mil pesos. “No vamos a cortarles el servicio, porque somos seres humanos, pero estamos financiando al Estado, que debería aplicar un ajuste por otro lado”, indicó el presidente de la Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes de Rosario, Sergio Marinovich.

El valor que paga tanto la obra social de los jubilados como el programa Incluir Salud quedó congelado en septiembre de 2016; lo que acarrea un desfinanciamiento de los centros de diálisis en todo el país.

Además de la tarifa sin actualizar, los efectores sufren los efectos de las deudas, ya que los pagos no se normalizan desde julio pasado. Y en el caso del Pami hubo un retiro de un módulo (incentivos de calidad), lo que restó un 15 por ciento el valor de la prestación.

En la Argentina se pagan unos 120 dólares por sesión de diálisis mientras que en Estados Unidos y Canadá se llegan a pagar 400 dólares.

“Estamos financiando al Estado con estos atrasos. Es una situación muy delicada y crítica que requiere una solución urgente y ha llevado al cierre en algunas provincias”, indicó Marinovich a LaCapital.

En nuestro país unas 30 mil personas dependen de la diálisis para sobrevivir. “Más aún, se exige a las entidades hacerse cargo del transporte de los pacientes desde su domicilio hasta su lugar de tratamiento, sin reconocer valores lógicos y mínimamente razonables”, destacó en un comunicado la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la Argentina.

En la provincia de Santa Fe unas 2 mil personas son dializadas regularmente; 830 de éstas son afiliados al Pami. A nivel país, los pacientes rondan los 30 mil, de los cuales 11 mil son jubilados.

“Por estas razones, nos vemos obligados a alertar e informar a las autoridades, a nuestros pacientes y a la opinión pública en general, que la actividad se encuentra en serio riesgo de continuar brindando el tratamiento indispensable para mantener con vida a miles de personas”, advierte la Confederación para exigir una solución de inmediato.

El ex Profe ofrece un subsidio a personas sin recursos socioeconómicos, cubre los gastos de los insumos que se necesitan para el tratamiento y también el traslado de cada paciente al centro de salud correspondiente, ya que una persona que padece una enfermedad renal severa necesita asegurarse que va a llegar a cumplir con su terapia tres veces a la semana y no puede realizar esos trayectos caminando o en un servicio público.

En octubre de 2015, beneficiarios del programa federal estuvieron en vilo por la misma situación: una millonaria deuda impaga.