Piden que se preserve la brigada aérea de El Palomar

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“El sitio de la memoria está siendo destruido y alterado a través de obras ilegales.” El fragmento de la denuncia penal presentada en los tribunales federales de Morón por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham complica el decreto firmado el martes pasado por el presidente Mauricio Macri y celebrado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para transformar la brigada aérea de El Palomar en un aeropuerto para las aerolíneas low cost. Los organismos de derechos humanos recordaron que antes de la política de cielos abiertos, la base funcionó como centro clandestino de detención y que su pista fue pista de los “vuelos de la muerte”, por lo que está protegida por la ley 26.691 de Sitios de Memoria y reconocida así por la Secretaría de Derechos Humanos.  

Iris Pereyra de Avellaneda -co presidenta de la Liga, exdetenida y madre del “Negrito” Floreal Avellaneda, detenido en Campo de Mayo, torturado y lanzado al Río de La Plata- encabezó la presentación que no solo avanza penalmente contra Macri, Dietrich, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sino también solicita una medida cautelar para “paralizar las obras” en cumplimiento de la ley votada en 2011 “a los fines de facilitar las investigaciones judiciales” y “la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de estado”.   

La denuncia fue presentada tras la firma del decreto 1092 con el que el Gobierno confirmó que pasaba el aeródromo militar el Sistema Nacional de Aeropuertos con la expectativa de que en enero comenzará a operar allí la low cost Flybondi  –firma de Richar Guy Gluzman, exsocio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el fondo de inversión Pegasus– y luego Norwegian Air.  

La decisión de Macri y Dietrich avanzó a pesar de la carta del jefe de Estado Mayor, Brigadier General Enrique Amrein, fechada el 3 de noviembre, en la que se oponía a las actividades aerocomerciales en la base que durante la dictadura fue parte de la estructura del centro clandestino de Campo de Mayo y a pesar del amparo por impacto ambiental presentado por un grupo de vecinos de Hurlingham, en el que también antes de la firma del decreto se encendió la primera alarma por el avance de las obras en el sitio de la memoria.

A pedido de la jueza federal de San Martín María Isabel Forns,  la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Avruj, reconoció que la base militar estaba dentro de los sitios protegidos por la ley 26.691. El aviso también llegó al juez federal Daniel Rafecas, quien tiene a cargo la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército, entre los que están los vuelos de la muerte que partían desde la base.

“La Justicia debería decretar la intangibilidad de todos los espacios que aún no han sido sometidos a juicio, así como se procedió con la Ex Esma, donde se sabía que antes de tocar un centímetro del edificio debía existir una autorización judicial”, aseguró a PáginaI12, José Schulman, titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Con ese objetivo, la semana próxima habrá una reunión de los representantes de los organismos de derechos humanos con Rafecas y otros se sumarán como querellantes o amicus curae a la causa. “Con la denuncia presentamos fotos sobre las condiciones en las que está la brigada de El Palomar. Están limpiando la zona y si dejamos que avancen va a quedar todo en la nada. Esperemos que desde la Justicia se mueva antes de que sea tarde y se edifique”, exigió Iris Avellaneda en diálogo con este diario. Desde el Gobierno habían asegurado el martes pasado a este diario que las obras eran para “adaptar el aeropuerto” y que no se violaría “ la Ley de la Memoria”, pero después de la denuncia de los organismos de derechos humanos no volvieron a responder a la consulta.