Quejas por el difícil acceso a la casa propia

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Los conflictos relacionados con la imposibilidad de acceso a una vivienda propia volvieron a encabezar los reclamos recibidos este año en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. De cada diez casos atendidos en el edificio de Córdoba al 800, tres correspondieron a subas de las cuotas de planes de ahorro, requerimientos desmedidos de los contratos de alquiler o problemas de la propiedad, como humedad o falta de gas.

Por segundo año consecutivo, el área de la vivienda se ubicó como la más demandada por quienes fueron a llevar sus quejas a la oficina municipal. Durante 2016 se habían presentado 1.413 casos originados mayoritariamente en discrepancias entre inquilinos e inmobiliarias. De enero a noviembre de este año, las consultas atendidas fueron 2.503, un 77 por ciento más.

La titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, María Julia Bonifacio, destacó que este año “crecieron las consultas en todas las áreas” del organismo que depende del Concejo Municipal. Según consideró, los casos atendidos en la oficina representan apenas un bosquejo de los inconvenientes que se generan en las relaciones de consumo.

“La gente no denuncia porque sí. Generalmente cuando llega a la oficina ha agotado antes todas las instancias posibles”, afirmó y destacó que durante el 2018 se incrementarán las acciones relacionadas con la difusión de los derechos de los consumidores, ya sea mediante talleres en las escuelas como a través de campañas masivas de difusión sobre temas puntuales, que son recurrentemente motivo de conflicto.

El balance

De acuerdo al balance presentado esta semana en el Concejo, los problemas relacionados con la vivienda insumieron gran parte de las audiencias celebradas en el organismo que vela por los derechos de usuarios y consumidores.

Según apuntó el titular del área de vivienda, Ariel D”Orazio, “este año gran parte de los reclamos tienen que ver con la imposibilidad de las personas de hacer frente al incremento de los contratos, tanto en lo que hace a planes de ahorro como a monto de los alquileres”, lo que refleja “la pérdida del poder adquisitivo del salario”.

Además, “continúa estable la denuncia de abusos en relación al estado que presentan las propiedades que se ofrecen en alquiler”.

En rigor, de acuerdo al informe de la oficina, casi la mitad de las consultas (el 48,14 por ciento) son motivadas por usuarios de empresas que comercializan planes de financiación anticipada para la adquisición de viviendas, fundamentalmente suscriptores de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Bauen Arquitectura SA, Pilares SRL y Pilay SA (ver aparte).

Otro tercio de los reclamos está protagonizado por inquilinos. La principal preocupación por parte de los locatarios está vinculada con “requerimientos desmedidos de las inmobiliarias a la hora de hacer entrega de la propiedad luego de la finalización del contrato, lo que genera gastos excesivos a los locatarios”.

Otra razón central en los reclamos por alquileres corresponde a los problemas edilicios, vicios ocultos de la propiedad, humedad o filtración de agua en el inmueble alquilado.

El resto de los reclamos se generó en cobros de expensas extraordinarias (un pago que debe afrontar el titular del inmueble y no el inquilino), inconvenientes en la rescisión anticipada de contrato, consultas relacionadas con los gastos iniciales, aumento desmedido en la renovación o indexación excesiva en el valor del canon.

Las quejas relacionadas con consorcios y administraciones de edificios también mostraron un aumento respecto al año anterior. Numerosas consultas se relacionaron con la inscripción en el Registro de Administradores de Consorcios, mala gestión o mal trato por parte del administrador, dudas sobre conceptos en liquidación de expensas o la falta de convocatoria a asambleas o falta de rendición de cuentas.

Además, se gestionaron 24 expedientes relacionados con juicios por deudas hipotecarias y remates de vivienda única y hubo otros 19 reclamos por demoras en la entrega de lotes o unidades de vivienda de fideicomisos, incumplimiento de obras en los barrios comercializados, imposibilidad de escriturar por falta de final de obra y cobros abusivos.

También se recibieron quejas por malas condiciones de mantenimiento en pensiones y denuncias contra empresas de comercialización de casas prefabricadas por el mal estado en que se encuentran o por la modalidad en que incrementan el valor de las cuotas.

Y se intervino en conflictos por desalojos en los cuales “la parte reclamante no poseía documentación que acredite, de manera fehaciente, la titularidad dominial del inmueble en litigio”.