En 2017, liberaron un espacio público ocupado cada 4 días

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En muchos casos, se trata de instalaciones precarias que generan contextos inseguros para el barrio. Cómo se actuó en materia de venta ambulante y ocupación de acera.

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, llevó adelante en este año un promedio de una liberación de un espacio público cada 4 días. Se trata de los casos en los que personas invaden lugares de uso común para su provecho personal en contra del principio de libertad de circulación y permanencia en ese tipo de predios. Con el mismo sentido, se efectuaron múltiples acciones sobre la venta ambulante y la ocupación de veredas.

Desde el área de Control Urbano municipal se dispusieron unos 90 procedimientos para liberar espacios públicos tomados durante 2017. El secretario Guillermo Turrín observó al respecto: “Podemos afirmar que cada 4 días en promedio, personal municipal permitió desactivar situaciones de ocupación e invasión a espacios que deben ser utilizados por el común de la población, es decir, plazas y parques, terrenos fiscales, intersecciones o veredas”. De acuerdo a lo que explicó en la mayoría de los casos se procede a raíz de denuncias presentadas por vecinos y también por disposición judicial. 

En general, las intervenciones ejecutadas obedecen a la instalación de casillas o construcciones precarias en zonas de uso común que, en principio, impiden al resto de los vecinos disponer de las mismas. Por otra parte, estas instalaciones suelen traer aparejada la imposibilidad de circular normalmente por los lugares o bien, promueven la permanencia de personas con conductas cuestionables que pueden alterar la convivencia urbana. Muchas denuncias que llegaron a manos municipales reflejaron el padecimiento de vecinos que debían soportar de parte de los ocupantes, la ingesta de alcohol a toda hora, ruidos molestos o peor aún, gritos e insultos. 

“El desarrollo de conductas distanciadas de las normas promueven contextos de inseguridad para quienes sí deciden vivir en armonía con la ley”, indicó Turrín y destacó en este sentido: “Nuestras acciones de liberación de terrenos tomados responden a la necesidad de generar entornos habitables para todos, donde primen las buenas costumbres, la solidaridad y sobre todo la libertad individual de disponer de la ciudad en su conjunto”, apuntó. Luego, advirtió al respecto:”También intervenimos para preservar la seguridad de las personas que realizan estas acciones irregulares e ilegales ya que muchas veces se exponen a habitar construcciones endebles, en condiciones de nula salubridad, con niños y niñas a su cuidado”, explicó.

Una situación concreta tuvo lugar en noviembre pasado cuando personal de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana tiró abajo una construcción precaria que los vecinos denunciaron que funcionaba como “aguantadero”, en inmediaciones de Ayacucho entre 27 de Febrero y Gálvez. Según los habitantes de las inmediaciones, allí se juntaban personas que solían tomar alcohol, incluso mujeres aseguraron que les gritaban obscenidades al pasar. En consecuencia, se procedió a tirar abajo la casilla y de esta forma recuperar el espacio público para el barrio.

Procedimientos integrales

Los operativos que se desarrollan a fin de recuperar espacios invadidos requieren la participación de otras áreas municipales y de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe. En febrero pasado, a modo de ejemplo, se concretó un extenso procedimiento en Raúl Alfonsín al 2800, Sánchez Granel al 2900 y Ovidio Lagos al 140 bis a fin de concluir con situaciones de irregularidad en cuanto a la ocupación del espacio público. En el primer caso se trataba de una cabina abandonada por parte de hombres y mujeres entorno a la que vecinos del lugar hicieron varias presentaciones para denunciar conflictos, maltrato e incluso robos. Tras ordenarse el desalojo de la casilla, acción que las personas cumplieron ordenadamente, se procedió al derrumbe de la construcción, quedando en el predio libre para la circulación de todos. 

En tanto,  Sánchez Granel al 2900 (zona norte) una especie de casilla era usada como supuesto carrito de comidas. Tras denuncias presentadas por vecinos, se constató la venta de alcohol y además, se conoció que algunas personas estaban instaladas en el lugar. También se comprobó que rompieron parte de la vereda para ejecutar una conexión de  agua, complicando el paso de peatones, y que mantenían una conexión clandestina al sistema eléctrico. Finalmente, en la última acción, se retiró un kiosco de revistas abandonado, sumando accesibilidad a la zona. 

Costa central

En julio de este año tuvo lugar un procedimiento muy importante por su magnitud y la zona donde se ejecutó. Se trata del desmantelamiento de una construcción irregular asentada en la barranca de la costa central, entre las calles Italia y España. En esta ocasión, se desarmaron bancos, parrilleros y se devolvieron chapas pertenecientes al club de pesca lindante. Una semana antes, se había llevado adelante la primera de las intervenciones, en la zona de Oroño y el Río donde fueron desmanteladas tres casillas donde se encontraron elementos pertenecientes a una obra pública y elementos cortantes además de una moto en estado de desguace. 

Otras acciones para ganar espacio público

El secretario Guillermo Turrín también confirmó que en 2017 se concretaron 563 intervenciones en venta ambulante, 69 retiros de pasacalles y 1698 liberaciones de aceras o veredas. “La comercialización sin permiso implica una interrupción en la libre circulación peatonal y lo mismo sucede con el uso de la vereda para fines privados”, sostuvo. 

Para el funcionario, estas prácticas deben ser erradicadas a través de la prevención, el control y la posterior sanción. Finalmente, consideró prioritario continuar y reforzar estas acciones en 2018 llegando a más y más barrios donde se padezca este tipo de irregularidad. “Queremos contribuir a la construcción de una ciudad más accesible y ligada a las normas”, concluyó.