Bullrich creó un comando especial para combatir a la RAM

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Desde hace varios meses la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está en la primera plana de todos los medios. Con varios hechos de violencia en el Sur y con la explosión de lo que fue la muerte del artesano Santiago Maldonado durante una manifestación en Chubut, el ministerio de Seguridad empezó a poner mucho más el foco en la forma de actuar de este grupo, que reivindica la violencia para exigir la devolución de tierras ancestrales a los mapuches. En una conferencia, Patricia Bullrich anunció el lanzamiento de un comando especial unificado con gobernadores de provincias del Sur para abordar la problemática.

“El objetivo de los ministerios de Seguridad (nacionales y provinciales) es perseguir los movimientos de violencia extrema y esto no puede caracterizarse como construcción de enemigos internos. Quién decidió ser enemigo desde el año 2010 es la RAM”, afirmó la funcionaria, en una conferencia.

Cuando le preguntaron sobre el caso de Rafael Nahuel, quién murió a causa de una herida de bala durante un desalojo de Prefectura Naval en la localidad de Villa Mascardi, Bullrich señaló que “en Mascardi no hay ningún prefecto imputado en la causa”. “Una cosa es lo que dicen que dice el juez, y otra lo que el juez realmente dice. Y hay que aclarar que el juez no dijo nada. Hay que ser prudentes”, comentó.

Junto a los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, de Seguridad de Nequén, Jorge Lara, y el ministro de Seguridad de Río Negro Gastón Pérez Estevan, Bullrich detalló los alcances de esta iniciativa que, de acuerdo al comunicado oficial busca contrarrestrar el “incremento del accionar violento y delictivo de la organización RAM”.

En un extenso documento en el que se apuntan cada una de las 96 causas judiciales que hay contra la RAM, el Ministerio de Seguridad sostuvo que ese grupo “recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos” y que las situaciones ocurridas tras su accionar “no son hechos aislados sino forman parte de una organzación de carácter ilícito que intenta solaparse en la reivindicación legítima de los pueblos originarios presentes en territorio argentino”.

“Se busca evitar llegar a la situación en la que se encuentra actualmente el país trasándino respecto a estos reclamos territoriales. Por ello, tanto la Justicia Federal en la zona de conflicto como la Justicia Provincial se encuentran trabajando actualmente en forma conjunta para avanzar en las investigaciones en curso, en estado avanzado. Y así, poder alcanzar una perspectiva penal acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad afectando la seguridad, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en nuestro país”, cerró el texto.