Horas decisivas para el ex Grupo Indalo

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Las opciones para que los supuestos nuevos dueños del ex Grupo Indalo puedan sostener a flote el conglomerado de empresas creado por Cristóbal López son cada vez menos.

Casi están agotadas y los próximos días podrían ser cruciales para el futuro del rebautizado Grupo Ceibo debido a todos los problemas judiciales que enfrenta, a la falta de fondos para sostener la caja diaria y a un supuesto bloqueo financiero al que, según los propietarios del holding, han comenzado a sufrir en las últimas semanas.

De hecho, sus ejecutivos los saben y anticipan que de no encontrar variantes que les permitan financiar la caja diaria, en pocos días se encontrarán en una situación que califican de “no retorno”.

Incluso, la posibilidad de que el propio presidente Mauricio Macri firme un decreto para ordenar la intervención de todas las empresas es considerado como una posibilidad cada vez más cierta.

En este sentido, desde el Gobierno aclaran que no están evaluado ese camino y lo califican como algo “imposible” de concretar. “No nos metemos” fue el mensaje que enviaron desde el entorno de Jefe de Estado ante una consulta de iProfesional.

De todos modos advierten que de haber un fallo judicial en ese sentido, entonces otro sería el escenario. Lo mismo creen los ejecutivos del fondo OP Investment, actualmente a cargo de las operaciones de las empresas del Grupo Ceibo.

Entre los ejecutivos resuena la versión de un inminente fallo judicial basado en un pedido de la AFIP que ordenaría la designación de interventores en el conglomerado, lo cual abriría la posibilidad a que el propio Estado pase a controlar las operaciones y decida vender varias de las empresas para evitar la quiebra y obtener fondos frescos para hacer frente al día a día.

Si bien este fondo inversor creado por el financista Ignacio Rosner y sus socios Santiago Dellatorre y Damián Burgio oficializó su desembarco en Indalo, hasta ahora no han logrado convertirse en los dueños legales de este conglomerado empresario.

Esto se debe a que la justicia mantiene la inhibición sobre los todos los bienes y activos del holding, lo cual hace que el Gobierno tampoco reconozca el cambio accionario.

La misma postura adoptó la AFIP, que sigue insistiendo en que Cristóbal López y Fabián De Sousa son los reales propietarios de Indalo y no reconoce el traspaso del capital. Ni siquiera luego de una reunión que el propio Rosner mantuvo con Alberto Abad hace unas semanas en la sede del ente recaudador de impuestos.

“Pasamos la Navidad pero no creo que, en el actual estado de situación podamos llegar a sobrevivir mas allá de los primeros días de enero”, anticipan desde el Grupo Ceibo donde actualmente trabajan casi 15.000 personas de manera directa e indirecta.

De hecho, reconocen que la decisión de investigar la operación de venta del paquete accionario del Grupo Indalo a OP Investment afectó el giro comercial de todas las empresas.

La determinación está incluida en el último fallo del juez federal Julián Ercolini del 19 de diciembre pasado en la causa “AFIP y otros imputados: Cristóbal López y otros”, que se tramita en la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal.

En su fallo, el magistrado puso en duda la validez del contrato de compraventa de acciones y la legitimación de los actuales administradores del Grupo Ceibo, y reclamó la apertura de una investigación de la operación a la cual consideró como dudosa. De hecho, la usó para justificar la orden de prisión para López y De Sousa, catalogados como partícipes necesarios del delito de defraudación al Estado que les imputó por haberse quedado con $8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles que no giraron a la AFIP durante por lo menos cuatro años. Esa deuda, actualizada ya supera los $10.000 millones.

En la causa, Ercolini identifica a Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, como el autor intelectual de este delito. Sin embargo, en este caso lo imputó sin orden de detención.

“El mercado reaccionó en forma negativa a esta decisión, por temas más que nada de reputación, lo cual nos generó un grave problema en el giro comercial de las empresas de nuestro grupo”, admiten las fuentes de Ceibo ante iProfesional.

Es más, agregan que esta “incertidumbre” pone en riesgo la marcha de las empresas y consecuentemente los puestos de trabajo. Y, al entender que la investigación pedida por Ercolini será tramitada en otro juzgado y recién empieza, admiten que la situación no se dirimirá en el corto plazo.

Como los plazos se agotan y desde OP Investment insisten en que pretenden quedarse gerenciando las empresas del ex Grupo Indalo, tanto el directorio del grupo como sus administradores y asesores legales están analizando el escenario para realizar las acciones que permitan revertir esta situación en un plazo breve y lograr la reapertura del concurso de acreedores de Oil Combustibles.

La petrolera es la punta del iceberg de todo el caso que está llevando al ocaso y a una eventual quiebra de conglomerado empresario. Es la compañía que usaron López y De Sousa para quedarse con los $8.000 millones de la AFIP y luego comprar otras sociedades que colocaron bajo el paraguas de Indalo. Entre estas empresas, se destacan los medios de comunicación que eran propiedad de Daniel Hadad pero que, por orden del gobierno de Cristina Kirchner, pasaron a manos de la dupla empresaria K.

Hace unas semanas, desde OP Investment se presentó un pedido judicial para la apertura del concurso preventivo de acreedores de C5N, Radio 10, POP, Mega, Ámbito Financiero, Ideas del Sur, entre otras sociedades. Hasta ahora, no hubo novedades sobre la decisión que adoptarán los jueces.

En cuanto a Oil, el caso derivó en una denuncia presentada por la AFIP tras la llegada al ente de Abad que, a su vez, disparó varias investigaciones más y toda la crisis que ahora envuelve al ex Grupo Indalo.

A fines de noviembre, el juez Héctor Vitale, que entiende en la causa de Oil Combustibles, rechazó reabrir el concurso preventivo de acreedores, profundizando los problemas.

Además de pedir que el magistrado dé marcha atrás, en OP también reclaman ser legitimados como los nuevos inversores de Indalo para poder inyectar fondos al grupo que permitan recomponer el capital de trabajo.

También le piden a la AFIP que acepte la última propuesta de pago de la deuda presentada el 15 de diciembre que contempla un pago inicial de $2.250 millones que cancela el 35% de la deuda y el remanente a través de un plan de pago conforme a la ley aplicable.

Sin embargo, la respuesta del ente fue la de comenzar a ejecutar la deuda post concursal generada por Oil antes del 20 de octubre pasado, fecha de cambio del directorio.

A esto se le suma la inhibición general de bienes por $15.000 millones que alcanza a algunas empresas del Grupo Ceibo por responsabilidades de las personas encausadas y que no son de las empresas.

El viernes pasado, el holding hizo público un mensaje en el cual pide “descomprimir y realizar acciones que permitan el sostenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo”. En el informe se llamó “a la conciencia de las partes intervinientes -Justicia, AFIP y gobierno nacional y sus organismos deudores Vialidad Nacional, Ministerio de Transporte, Telam, entre otros- ya que de no haber cambios en el escenario actual en pocos días más estaremos en una situación de no retorno”.

Sin embargo, no hubo respuestas de ninguno de los entes y organismos mencionados. Por lo cual, aseguran en el Grupo Ceibo que están en condiciones de hacer frente al pago de salarios y de deudas no más allá de enero, salvo que el Estado cancele parte de las deudas que supuestamente mantiene con el ex Grupo Indalo y que superarían los $2.000 millones.

iprofesional