Revocan denuncia contra funcionarios del Nodo de Salud

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En noviembre de 2014 el agente Juan Corgnali – delegado de U.P..N.- solicitó que se inicie una investigación por probables hechos delictivos en perjuicio de la administración pública provicial, acompañada por documentación a fin de sostener dicha denuncia.

Los denunciados son: Cintia Almirón, Gabriela Canteros y Cristian Zenone y el fiscal Rubén Martínez pidió información a la Región de Salud desde donde información positivamente.

Más adelante, Corgnali se presentó como querellante, aportando más información sobre las presuntas maniobras irregulares y una lista de testigos que podrían aportar información par esclarecer el hecho.

El 15 de junio de 2017, el fiscal Martínez dispuso la desestimación del caso ante la ausencia de elementos serios y verosímiles para seguir la investigación.

Cabe señalar que ante las denuncias realizadas, no se ha convocado a los testigos mencionados por Corgnali y ahora se ha revocado la decisión del fiscal por lo que implica que deberá investigarse hasta dilucidar las denuncias del agente de salud.

LA DENUNCIA

Se denunció la existencia de un contrato de locación de servicios entre el hospital SAMCo de la localidades de Villa Ana representado por la Comisión Ejecutiva del nosocomio en la persona de una empleada del Ministerio de Salud en calidad de consultor de administrador de Salud, pero a la vez es empleada del Ministerio de Salud, es decir, del propio hospital. El plazo de este contrato regía a partir del 1 de Junio 2014 hasta el 1 Junio de 2015.

En cuanto a la retribución, según el convenio firmado, para la realización de las tareas profesionales se establece en la suma del 30% sobre lo facturado en dicho SAMCo: el que debía ser abonado a mes vencido en el mismo lugar y fecha estipulada para la entrega de la documentación. El pago por mes se realizaría con el cobro entrante de la primer Obra Social. Luego el precio será conversado, expresa textualmente el contrato de lo que se conoció oportunamente como “La Empresita”.

Lo que la conocida “Empresita hacía respecto a la facturación de meses atrasados dentro del calendario anual era de la suma del 30%, sobre lo facturado por mes, más gastos de insumos. Estos insumos, que también deberá pagar el estado provincial a través del Ministerio de Salud o Nodo son: resmas de hojas A4; sobres grandes; recargas de tóner para HP 1605; tinta por litro para recarga de cartuchos; nepacos de plásticos; gastos de broches; gastos de fotocopias; y gastos de comisionistas a las diferentes obras sociales (Santa Fe, Rosario , Buenos Aires).  

Si bien se desconoce fehacientemente los montos de facturación de este hospital, el 30% sobre lo facturado como exige el contrato sería una cifra importantísima y no se cree que en otros hospitales de la región existen otros contratos o convenios similares.

Algunos datos a tener en cuenta se basan en que la Ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal.

En cuanto a las incompatibilidades y conflictos de intereses: se debe tener en cuenta que “es incompatible con el ejercicio de la función pública; dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga concesión o sea proveedor del Estado. Asimismo está prohibido ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado donde desempeñe sus funciones.