Causa Casco: piden desligar a policías

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Los defensores de los cinco policías de Asuntos Internos (AI) acusados de encubrir a la comisaría 7ª por el homicidio y desaparición forzada de Franco Casco coincidieron ayer en su diagnóstico: dijeron a la Cámara Federal de Apelaciones que la imputación contra estos cinco oficiales es “una injusticia flagrante contra oficiales de legajo intachable”. En la audiencia de ayer los abogados calificaron con una dureza la construcción acusatoria, a la que tildaron de “disparatada”, “ficcional” y “desatinada”. Y pidieron la inmediata anulación del procesamiento contra los acusados en la investigación que realizaron el fiscal Marcelo Degiovanni y el juez Carlos Vera Barros.

Para el juez, Franco Casco, de 22 años, fue detenido ilegalmente en la comisaría 7ª entre el 6 y 7 de octubre de 2014 y apareció muerto 22 días más tarde en el río Paraná. A 30 policías los procesó por distintas figuras ligadas a la desaparición forzada. Los cinco policías de AI quedaron presos el 5 de septiembre y todos declararon al ser indagados. Se trata del titular de esa Dirección, Aníbal Candia, y su subalterno, Sergio Pieroni. Además fueron imputados Carlos Alberto Ríos, Daniel Escobar y Pablo Siscaro.

Elaboración ficcional

El defensor Paul Krupnik sostuvo que Vera Barros “descabezó la cúpula de Asuntos Internos sin ningún sustento probatorio, sobre la nada misma, lo que no puede escapar a un examen sobre la conducta del mismo juez, que produjo una elaboración ficcional”. Y que basó el procesamiento de sus defendidos en tres temas.

Un radiograma policial para la búsqueda del joven en el que en vez de Franco Ezequiel Casco se asienta el nombre Lucas Ezequiel Casco lo que supone la adulteración deliberada de la identidad. El errado nombre “Lucas” lo proporcionó de modo errado la tía del muchacho al denunciar su ausencia y fue la Fiscalía la que tituló el legajo así. “Esto que fue un yerro explicable es tomado como una maniobra de encubrimiento”, sostuvo Krupnik. Para Vera Barros esto fue una “irregularidad en la que habría incurrido el personal de AI”. El defensor dijo que esas eventuales irregularidades están “más cerca de un incumplimiento de deberes y no del encubrimiento de un delito previo”.

Supuestamente personal de AI plantó pistas falsas para favorecer a la comisaría 7ª cuando el comisario inspector Ariel Zancocchia llamó por teléfono a Candia, jefe de AI, diciendo que tenía el dato de que alguien muy parecido a Casco había aparecido en un templo evangélico cercano a la terminal de ómnibus y la comisaría. “¿Qué hizo AI? Los oficiales Ríos y Pieroni recorrieron la zona para hallar a esa persona y encuentran a alguien muy parecido a Casco que se llama Leonardo Ramón Salinas”, afirmó Krupnik.Lo que dijo el defensor es que ambos policías no encubrieron. “Si el propósito era ocultar la desaparición de Franco ¿cómo puede ser que 14 horas después AI desbarate esta línea de investigación?”, subrayó.

El reproche que le hace el juez a AI es, según Krupnik, que la denuncia de tres testigos que indicaron la presencia de Casco en la iglesia fue recepcionada delante de tres funcionarios de la comisaría 7ª, quienes debían ser objeto de la misma investigación por la ausencia de Franco.

Vera Barros afirma que AI encubrió al impedir que los presos que estaban en la 7ª al momento de la detención de Casco dieran cuenta de la violencia ejercida en su contra porque los entrevistaron informalmente sobre la averiguación de paradero del joven. El defensor dijo que a los policías de AI nunca se les requirió recibir testimoniales de los presos de la 7ª. “Se les encargó interrogar informalmente sobre el conocimiento de lo que pasó con Franco cuando estuvo preso para orientar una pesquisa. Pero Vera Barros habla del modo irregular en el que se hicieron dichas entrevistas. ¿Cuál es el modo irregular? El hecho de que cerca de los presos estaba el cabo de cuarto de la 7ª. Y eso para el juez les impedía contar lo ocurrido dos años después, donde ubican a Casco en la comisaría. Pero si no estaba sospechado el personal de la 7ª, ¿por qué deberían haber hecho las entrevistas sin el cabo de cuarto?”

Otras cuestiones

También se preguntó Krupnik por qué acusan a cinco policías de AI por no obtener testimonios de los presos y no a otras personas que también se entrevistaron con ellos en 2014. Por ejemplo dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de apellido Rodríguez y Salinas. O una abogada de apellido Alvarez, defensora de un preso de apellido Olguín. “No solo fracasaron los de Asuntos Internos sino que otros funcionarios corrieron la misma suerte”, dijo el defensor.

Para sugerir que el fallo contra sus clientes es arbitrario, Krupnik recordó que el fiscal Guillermo Apanowicz, que investigaba la ausencia de Casco, indicó en un oficio que fue con la fiscal Mariana Prunotto a entrevistar a los presos de la 7ª el 7 de octubre con resultado negativo. “Pero Apanowicz, Prunotto y los funcionarios de Derechso Humanos no están presos. Los que están presos son los señores de uniforme”.

Sobre estas tres circunstancias concluye en un resultado que llamó injusto e irritante. “Cinco oficiales intachables de AI durante 2017 metieron presas a casi 80 policías por delitos que van de la evasión, a la extorsión y al homicidio. Para el juez estos cinco oficiales un día se despertaron y decidieron darle blindaje a 20 policías ignotos. Ellos participaron en una investigación por averiguación de paradero por orden de un fiscal. Nunca AI investigó un homicidio o una desaparición forzada. Lo dice claro el fiscal Apanowicz: nunca le encomendó eso a AI. Este fiscal no sospechaba del personal de la 7ª, ¿y el juez le exige a AI que avasalle el criterio del fiscal y sospeche del personal de la 7ª?”