Peligran 400 puestos laborales de Refinería San Lorenzo

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La preocupación es porque con la detención de Cristobal López (anterior dueño de la planta), el juez Ercolini dispuso investigar la venta la empresa. “Si no es válida la venta, los nuevos inversores no van a inyectar capital y se puede ir a la quiebra”, advierten desde el gremio petrolero.

El martes pasado, el juez Julián Ercolini dispuso la detención del empresario Cristóbal López y Fabián De Souza (Grupo Indalo), acusados de evadir a la Afip 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles, que les retenían por el expendio a través de Oil Combustibles, que era de su propiedad. A fines de octubre la planta ubicada en San Lorenzo fue adquirida por OP Investments, con planes para recapitalizar la firma y preservar los puestos de trabajo.

Héctor Brizuela, secretario legal del Sindicato Unido Petrolero e Hidrocarburiferos (Supeh), recordó que el juez Héctor Vitale había rechazado la apertura del concurso preventivo de la planta que pertenecía al grupo Indalo, decisión que fue apelada tanto por la empresa como por los trabajadores.

“La empresa había pedido una medida de no innovar, para que no embarguen las cuentas. Vitale dio lugar a la cautelar y designó a los síndicos como veedores. A eso habría que sumarle que los inversores de OP Investments habían mejorado la oferta de pago. Pero todo se complicó con la detención de Cristobal López y Fabián De Sousa, porque el fallo de Ercolini dice que abre una investigación para saber si no fue fraudulenta la venta”.

“Si no es válida la venta, los nuevos inversores no van a inyectar capitales”, señaló con preocupación Brizuela.

En este contexto de incertidumbre, dijo que los trabajadores de la refinería de San Lorenzo se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente, operando en una fábrica al mínimo de su capacidad, “corriendo 3500 metros cúbicos cuando es una planta preparada para 8 mil”.

Dijo que en total la posible quiebra de la empresa lleva temor de perder sus fuentes laborales a 400 trabajadores, entre puestos directos e indirectos. Cifra que se eleva al doble si se suman transportistas, amarradores y serenos de barco. “Son 800 o 900 familias que van a estar afectadas directamente ante una eventual quiebra”, agregó el dirigente gremial.