Denuncia a Cristóbal López por el manejo de $750 millones

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Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, sumaron otra denuncia en la justicia federal, en cuyos tribunales están procesados por asociación ilícita y lavado de dinero e imputados por fraude al Estado. El fiscal Carlos Stornelli los acusó de fraude en la administración de la concesión sobre la autopista Riccheri. El empresario K perdió ese contrato millonario hace dos semanas.

“Un manejo irregular orquestado por integrantes de la empresa del Grupo Indalo” que se caracterizó por “retención indebida de 750 millones de pesos, de fondos que debían ir a obras viales y desvío de fondos”, son sólo algunos de los ejes de la denuncia que Vialidad Nacional realizó en contra de López y De Sousa.

Ahora el juez Marcelo Martínez De Giorgi investigará a López y su socio de fraude. Por eso, hace dos semanas el organismo que dirige Javier Iguacel le rescindió el contrato que a AECSA, la firma del grupo que manejaba la autopista Ezeiza – Cañuelas.

La denuncia judicial sostiene que la empresa Aecsa -compuesta por Esuvial, dueña en el 70% de las acciones y está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Fabián De Sousa en el restante 0,08%-, “retuvo indebidamente $ 750 millones” correspondientes al “Recurso de Asignación Específica” (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional.

“Aecsa debía funcionar como un mero agente de percepción para luego depositarlo en la cuenta especial de Vialidad”, algo que no ocurrió, según la denuncia a la que accedió Clarín. En la misma se señala que la decisión de no depositar los 750 millones de pesos “no se debía a una situación económica apremiante”, sino que con los fondos se “otorgó préstamos a Esuvial y se destinó parte a plazos fijos y fondos comunes de inversión”.

La información presentada ante la justicia, muestra préstamos de AECSA a su controladora, Esuvial, por $ 92,9 millones, más otro de $ 3,6 millones “algo fuera del objeto de la concesión. Así, a la fecha Esuvial arroja una deuda de casi $ 145 millones.

Estableciendo un “modus operandi” en el accionar del Grupo Indalo, la denuncia resalta que no es la primera vez que López decide no pagar al Estado para financiarse. Tal es el caso de la denuncia por fraude por deber a la AFIP $ 8.000 millones del impuesto al combustible que no pagó. “Con el dinero se financió y adquirió empresas”, señala la denuncia.

En este caso, “Aecsa decidió no pagar a Vialidad y eligió financiarse con fondos públicos retenidos y no aportados a utilizar fondos propios. La concesionaria utilizó fondos retenidos ilegalmente, prestándolos o constituyéndolos en plazos fijos para empresas de su consorcio”. También, se usó el dinero de la RAE para “diversas inversiones financieras de bajo riesgo”. Los plazos fijos se abrieron en el Banco Finansur del mismo grupo.

Entre las maniobras denunciadas, se constató que existían sobrantes de caja que “iban a destinos inciertos en vez de depositarse a las cuentas de la RAE”. Por ejemplo: en el primer semestre de 2016 Aecsa debería haber recaudado por dicho impuesto $ 56 millones, pero sólo depositó 8,3 millones. La diferencia “tuvo destino incierto” y no se aplicaron “al pago de sus obligaciones”, indicó Vialidad Nacional.

También se incumplieron cláusulas del contrato de concesión: respecto a las obras de mantenimiento de la autopistas, lo que constituye “un peligro cierto e inminente para la seguridad vial”, indica la denuncia, donde se aclaró, “no realizó obras mínimas de conservación y financió a su grupo económico con dinero público”.

Lo llamativo para el organismo es que mientras Cristóbal López retenía el RAE “cobraba certificados de obra de CPC, constructora que es parte de Aecsa, por 195 millones de pesos, un tercio de la deuda que generó”.

Finalmente, se indicó que existen multas firmes aplicadas y adeudadas que al 28 de febrero de 2017 por $ 1.978 millones, que con intereses devengados supera los $ 2.300 millones: un 1.200% sobre la garantía, que por ley no puede ser del 100%. Por ello se planteó que las anteriores autoridades “beneficiaron con actitud pasiva” al empresario K.