El Senado controlará el presentismo y las horas de trabajo

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El chiste es obvio, se repite y dice así: si obligan a presentarse a trabajar a todos los empleados del Senado, en las oficinas no habrá espacio suficiente para albergar a todos.

A partir del próximo 1º de febrero, es decir al regreso de las vacaciones, podrá verificarse si la broma tiene, o no, algo de verdad. Desde ese día los 3.093 empleados de planta permanente del Senado de la Nación deberán registrar con sus huellas digitales su ingreso y salida de sus puestos de trabajo.

En los ingresos de los 7 edificios del Senado ya se instalaron sensores de huellas digitales y los empleados de planta permanente registraron en las últimas semanas sus datos biométricos, dijeron a Clarín las fuentes consultadas.

Aunque el sistema se pondrá en marcha el 1º de febrero, recién dos meses después, es decir el 1º de abril, arrancará de manera efectiva el control de presentismo. En esos dos primeros meses los empleados tendrán un “changüí” para poder acostumbrarse al nuevo sistema y registrar, los que aún no lo hayan hecho, sus huellas dactilares.

A partir del 1º de abril se empezará a controlar la asistencia y que todo el personal cumpla 8 horas corridas, cinco días a la semana. “Según la normativa, al que no justifique su inasistencia se lo podrá dar de baja”, advierten en el Senado.

Hasta ahora, cada director de área debe informar en una planilla electrónica la asistencia de los empleados a su cargo. Es el único registro de si el personal fue, o no, a trabajar.

Dato extra. Está en proceso de licitación la contratación del “servicio de reconocimiento médico domiciliario”, es decir el de los médicos que deberán ir a los hogares del personal del Senado a constatar que estén sufriendo alguna enfermedad y que además estén en su domicilio.

Habrá exceptuados en el nuevo régimen de presentismo. Y son muchos. Para empezar las 5 máximas autoridades del Senado y los 72 senadores.

Pero tampoco quedarán alcanzados por los controles biométricos los cerca de 1.500 empleados de planta transitoria, dijeron las fuentes consultadas.

Cerca de la mitad de esos empleados, se calcula que unos 800, trabajan bajo las órdenes directas de los senadores y pueden cumplir sus tareas dentro o afuera del Senado, por eso la excepción.

Muchos, incluso, están a sueldo del Senado pero trabajan en el interior, en los distritos de cada senador.

Previo a la instalación de los sensores de huellas digitales, las autoridades del Senado pusieron en marcha hace un mes un plan de retiros voluntarios que apunta a reducir la planta de personal. Según trascendió, en un mes ya se anotaron 150 empleados.

Los retiros están disponibles únicamente para los que están cerca de poder jubilarse (entre 60 y 65 años los varones y entre 55 y 65 las mujeres) y más de 20 años de aportes.

El retiro consiste en un pago mensual durante 60 meses como máximo, donde lo que se abona corresponde al salario bruto más un 10% de incentivo menos los descuentos de obra social y sindical, si correspondieran.

Así, el empleado que ingresa al plan de retiros voluntarios cobrará, sobre base 100, 104 ó 105 (ahora, por los descuentos, sobre esa misma base recibe 87).

La ganancia para el Senado como empleador es que reduce su cantidad de empleados a mediano plazo. Pero también tiene una ganancia extra: le caen los costos porque deja de hacer aportes por esos empleados.

Según prometen sus autoridades, se abrirán concursos internos para cubrir las vacantes en departamentos o direcciones de comisiones que vayan quedando vacantes por los retiros. “No se va a incorporar más gente al Senado”, aseguran.

Los controles de presentismo y el plan de retiros están en el marco de la intención del Gobierno de mostrar un ajuste en el gasto político, algo que sirva para contrarrestar en la opinión pública el efecto, por ejemplo, del recorte en los haberes jubilatorios.

El Estado nacional arrancó con dos procesos. Por un lado, un recorte de cargos políticos (se dice serían más de 600) de funcionarios que llegaron con la administración de Mauricio Macri. Por el otro, se puso en marcha una revisión general de la planta pública nacional (más de 100.000 trabajadores), donde se produjeron algunas cesantías. Según el Gobierno, son puntuales. Para los gremios opositores, el ajuste es masivo.

En octubre, Macri había criticado que en pocos años la dotación de personal de la Biblioteca del Congreso había saltado de menos de 500 a más de 1.700 empleados. “Es un número escandaloso para una biblioteca”, dijo el Presidente.