En junio, el Gobierno advirtió a Irán que el país no aceptaba el pacto

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El intercambio de cartas entre los cancilleres Susana Malcorra y Jorge Faurie con su colega iraní Mohammad Javad Zarif -que se conoció esta semana a raíz de una carta de este último al actual ministro argentino- es la saga de una puja entre el gobierno de Macri y el de Hassan Rouhani por una cuestión aún latente relativa al pacto sobre AMIA firmado entre los ex presidentes Cristina Kirchner y Mahmud Ahmadinejad en enero de 2013. El intercambio desnuda las secuelas del controvertido memorándum, ya que demuestra la debilidad que aún tienen las alertas rojas contra los persas acusados por el atentado terrorista de 1994. Esa pelea actual se generó a raíz de “un asterisco” -también llamado “adenda” o “advertencia”- que todavía conserva Interpol, desde que los gobiernos de Argentina e Irán le informaron en 2013 que ya se estaban entendiendo bilateralmente. En una de las misivas, en junio, Malcorra advertía a Teherán que el pacto no era operativo hasta que los países intercambiaran notas verbales formales. Y avisaba que Argentina no lo hizo ni lo hará.

Esta semana, se mostró una carta demoledora para la estrategia de defensa de Cristina y de varios de sus ex funcionarios, como el ex canciller Hector Timerman. La misma fue enviada el pasado 4 de noviembre por Zarif a Faurie, y asegura que el Memorándum llegó a entrar vigencia e implicaba que Interpol se corriera a un lado para que el tema se resolviera de manera bilateral, lo que dejaba a a las alertas rojas en las puertas del levantamiento. Cristina y Timerman siempre negaron que el fin del pacto fuera levantar esos pedidos para una captura internacional de los acusados, tal como sí lo sostuvo el fallecido fiscal Alberto Nisman en su acusación contra ellos por encubrimiento.

Su tesis fue ratificada recientemente por el juez Claudio Bonadio, quien pidió el desafuero y detención de la ex Presidenta. Y ordenó la detención de un grupo de ex funcionarios, entre ellos Carlos Zannini.

Clarín reconstruyó el intercambio de cartas entre fines de 2016 y diciembre de 2017, que comenzó con una nota enviada por Faurie -entonces embajador en Francia- a Interpol. Y lo hizo a pedido de la UFI-AMIA, ya que entonces las alertas se vencían y había que renovarlas. Faurie solicitó remover las “advertencias”.

La secretaria general de Interpol contestó doce días después que para poder examinar la solicitud argentina Interpol Buenos Aires debía aclarar si la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum afectaba o no la validez jurídica del procedimiento que justificaba las alertas rojas. E informó que le iban a preguntar a Irán qué opinaba.

El 6 de enero de 2017, la Cancillería argentina le envío a Interpol otra nota, reafirmando que la declaración de inconstitucionalidad no afectaba la validez jurídica del procedimiento penal que justifica la publicación de las alertas rojas, y que resultaba “improcedente” la consulta a Teherán.

El 16 de marzo de 2017, Interpol le informó a la Argentina que Teherán no estaba de acuerdo en remover las advertencias de las alertas porque consideraba que el acuerdo de Cristina Fernandez y Ahmadineyad era “válido”, y que “la cuestión del estatus del Memorándum debía ser resuelta bilateralmente entre las autoridades competentes de ambos países”: un llamado a negociación con el gobierno de Macri.

A partir de ahí, se involucraron personalmente primero Malcorra y después, su sucesor, Faurie. Tal como se observa en el facsímil publicado en esta edición, en carta fechada el 9 de junio de 2017, Malcorra le recordó a Zarif que el memorándum que habían firmado Argentina y la República Islámica de Irán “establece en su artículo 6” que el mismo entraba en vigor “después del intercambio de la última nota verbal informando que los requisitos internos para su aprobación o ratificación han sido cumplimentados”. Recordó Malcorra que “ninguno de los dos Estados ha efectuado dicha notificación” y el citado Memorándum no se encuentra en vigor”. Y afirmó también que el acuerdo fue declarado inconstitucional al igual que la ley 26843 que lo había ratificado. Y que por lo tanto es “voluntad manifiesta del Estado argentino no llegar a ser parte” del mismo. Según sabe Clarín, Malcorra mandó la misma nota a Interpol.

Cinco meses después llegó la respuesta de Zarif, con fecha 4 de noviembre de 2017, que se conoció esta semana. “Los entonces ministros de Relaciones Exteriores de Irán y la Argentina cumpliendo con el artículo 7 del mismo (el memorándum) remitieron una carta conjunta al Secretario General de Interpol refiriéndose al acuerdo alcanzado entre los dos países para colaborar a nivel bilateral, solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA”. Y señaló también que estaban en vigor porque las instituciones de los dos países lo habían ratificado. Curioso, porque siempre se informó que Irán no ratificó.

A esa carta, tal como publicó ayer Clarín es que responde Faurie el 4 de diciembre. En ella, el ministro ratificó todo lo dicho por Malcorra.

Pero también supo este diario como novedad, que Faurie también mandó el 10 de noviembre una nota a Interpol a pedido de la UFI-AMIA. En ella cargó de nuevo contra las “advertencias” que figuran en la alertas rojas, y que el Gobierno considera que “deben ser eliminadas sin más trámites” . La nota pide además que hasta tanto se elimine la “advertencia”, el Gobierno solicita que se ponga en las mismas dentro de los sistemas de Interpol que llegan a todo el mundo que la “Argentina ha comunicado a Irán su voluntad manifiesta de no llegar a ser parte del Memorándum que la justicia argentina ha declarado inconstitucional”. Interpol no ha respondido.