Juicio a Los Monos: las inconsistencias de presuntos testaferros

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La 15ª jornada del juicio a la presunta banda conocida como Los Monos estuvo basada en testigos citados por la Fiscalía que pudieran brindar información sobre distintos procedimientos policiales y de operaciones comerciales de algunos supuestos miembros, que a la vez revelaron ciertas inconsistencias. Además, un hecho llamativo absorbió la atención por la tarde: una persona que debía presentarse en el Centro de Justicia Penal a las 13 de este miércoles para reconocer su firma en un informe relevante para la causa fue más temprano y siguió la audiencia desde la sala del primer piso que está dedicada al público, lo que generó que los defensores pidieran que no declare por haber violado el artículo 180 del Código Procesal Penal de Santa Fe. 

La Fiscalía, a través de los testigos que citó, hizo hincapié en el poderío de la presunta organización desde el plano económico. En ese marco, un gestor automotor afirmó haberle patentado “algún vehículo” a Mariano Ruiz –ya condenado en un abreviado–, su hermano Agustín y a Silvana Gorosito, pareja de Ramón Machuca, alias Monchi Cantero. 

Sobre Silvana Gorosito, una ex subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia recordó haber respondido un oficio del juez Juan Carlos Vienna sobre datos solicitados del Registro Único Social de la cartera santafesina. En dichos documentos (de fojas 12.523 a 12.535 del cuerpo 55 del expediente) consta que la pareja de Machuca estuvo incluida en el Programa de Seguridad Alimentaria de Santa Fe entre el 1/9/07 al 4/1/11, cuando se le dio de baja el beneficio por poseer trabajo autónomo. 

Lo que quiso mostrar el fiscal Gonzalo Fernández Bussy es que Silvana Gorosito, a quien acusa de testaferro de Los Monos, percibió ayuda económica por estar supuestamente en una situación de vulnerabilidad económica en el mismo período que compró vehículos y cinco chapas de taxi.

Según indica la foja 12.535 del cuerpo 55 de la causa 913/12, el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe informó que Vanesa Barrios –pareja de Ariel Máximo “Guille” Cantero–, Silvana Gorosito, Lorena Verdún –ex esposa de Claudio “Pájaro” Cantero– y Patricia Celestina Contreras –madre del Pájaro y Guille– percibieron, entre otras personas, “asignación universal por hijo y alguna otra ayuda social”.

El testigo espía

El testigo Alejandro E. de la ex Dirección de Análisis Patrimonial, dependiente del Ministerio de Seguridad, estaba citado a testimonial para este miércoles a las 13. Sin embargo, se pudo comprobar que esta persona acudió al edificio más temprano y vio la jornada del juicio desde la sala ubicada en el primer piso, que está destinada al público. Este hecho generó que los defensores señalaran que había violado el artículo 180 del Código Procesal de la provincia, que sostiene que los testigos deben estar incomunicados. “Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas. No podrán presenciar el debate, salvo que se considere imprescindible, y después de declarar, se podrá disponer su permanencia en la antesala”, expresa el texto de la normativa.

Dos situaciones llamaron la atención sobre este particular hecho: que nadie controlara que un testigo entró al edificio –cada ingreso se realiza presentando el DNI y queda registrado en un libro– antes de tiempo; y que se trataba de una declaración relevante, ya que la autoridad debía reconocer su firma en un informe de los bienes de los imputados en la causa.

El presidente del tribunal, Ismael Manfrin, hizo lugar al planteo de los abogados pero el fiscal Fernández Bussy interpuso una revocatoria ante el pleno, lo que obligó a los jueces a tomar un cuarto intermedio para revisar la decisión. Las magistradas Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela revocaron la decisión de Manfrin y permitieron el ingreso a la sala del testigo.

Luego sobrevino otra situación. Que el testigo reconoció su firma, que está colocada en la primera parte del documento, lo que derivó en objeciones de los defensores por entender que dicha firma debe estar al final o en todas las hojas. “Ya está. Que directamente les den la condena entonces”, manifestó en voz alta Lorena Verdún al entender que las decisiones del tribunal eran complacientes con la Fiscalía.