Caso Monzón: la asesora legal del Obispado va a juicio

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Así lo resolvió este martes la Cámara Penal. Sostiene que el consejo al cura de que “borre todo”, “ética y legalmente resulta reprochable desde todo punto de vista”.

En su fallo, el juez de cámara Mario Balestieri sostiene que “el debate central se orienta a determinar si en realidad Contepomi al emitir los consejos de “borre todo” de su teléfono al eclesiástico, lo hacía en calidad de abogada defensora por los hechos que se investigaban bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación referidos a presuntos abusos sexuales que involucraban a Monzón”.

“Se ha acreditado y así lo ratifica en sus agravios el Fiscal, que la Dra. Contepomi se desempeñaba como abogada del Obispado de la ciudad de Reconquista. Confirman tal calidad los propios dichos de la imputada, los de su defensa y hasta los del mismo Obispo diocesano, Monseñor Angel Macin. En tal carácter y cumpliendo expresas instrucciones de su mandante –el Obispado-, Contepomi obraba como interlocutora entre el Ministerio Público de la Acusación y dicha institución religiosa, en la investigación de los presuntos hechos atribuidos a un miembro de la diócesis, el cura Néstor Monzón”.

“Esta circunstancia también es aceptada como tal por el propio Obispo, por la imputada y por el órgano acusador, que utilizaba tal relación de colaboración, para esclarecer la verdad de los hechos -como refiere Monseñor Macín públicamente- o siendo así, nunca la imputada pudo desempeñarse como abogada defensora del sacerdote, pues ello significaría estar “jugando a dos puntas”; por un lado prestaba colaboración para el avance de la investigación y por el otro asistía profesionalmente al investigado. Etica y legalmente, tal actitud resulta reprochable desde todo punto de vista, como lo entiende la acusación impugnante”.

Para Balestieri, “todo demuestra que la letrada Contepomi no se desempeñó nunca como abogada defensora de Néstor Monzón y que los consejos de “borre todo” no fueron dados asumiendo tal carácter, habida cuenta que se contraponían a su disponibilidad como profesional del Obispado en el afán por descubrir la verdad”.

“Coincidiendo con el titular de la acusación, es dable sostener que ejercer la defensa de una persona como abogado, conlleva una serie de obligaciones y actitudes que la imputada, lejos de asumirlas, no pudo demostrarlo a lo largo de esta investigación. Un detalle que, no por lo anecdótico deja de tener relevancia fundamental en el tema, son las expresiones de la misma Dra. Contepomi cuando hace alusión a que ella “no hace derecho penal” y que no sabe nada de esa rama del derecho ni de su procedimiento. ¿Como puede afirmarse que asumió tal condición con el cura, ante tan expresa confesión?”.

“El Ministerio Público de la Acusación ha entendido que Contepomi desplegó una acción típica, antijurídica y culpable, dando razones de su posición y brindando las evidencias que la respaldan, calificando la conducta de la letrada en la figura que contempla el artículo 277, apartado “B” en función de la agravante del inc. 3°, apartado “a” del Código Penal, vale decir Encubrimiento agravado”.

“Dicha normativa establece en los incisos y apartados de mención: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: …Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o participe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer”.- La agravante propiciada por la acusación dispone:” La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando: …El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión”.

Remarca Balestieri que “el sobreseimiento procede cuando se adquiere certeza acerca de ella, vale decir, cuando no queda duda acerca de la extinción del ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción, o de la inexistencia de responsabilidad penal del imputado con respecto al cual se dicte” (Cámara Penal de Rosario; Z 32, Reseñas, R-47). Si nos atenemos a las evidencias colectadas por la acusación y expuestas en audiencia, con un encuadramiento legal de la conducta de la imputada que, en esta etapa procedimental denotan la probabilidad de existencia delictual; es dable concluÍr que no resulta “evidente” la existencia de las causales que franquean la vía del sobreseimiento. Existen dudas que merecen ser debatidas en un juicio oral y público que develen la verdad de los hechos atribuidos y el carácter Incriminatorio de la acusación”.

“Aparece entonces apresurada y sin el sustento necesario y legalmente exigido, la decisión del Inferior (juez de 1a instancia), habida cuenta que los elementos de cargo expuestos por el acusador ameritan la prosecución de la causa hasta la etapa del debate, careciendo de certeza las causales que se invocaran para el cierre definitivo e irrevocable que importa un sobreseimiento”.

En consecuencia y conforme las normas legales, doctrina y antecedente jurisprudencial supra indicados, como asimismo los elementos colectados a lo largo de la presente investigación, corresponde revocar el Sobreseimiento dictado en favor de Gabriela L. Contepomi, haciendo lugar a la Apelación deducida por el Ministerio Público de la Acusación, con la imposición de las costas originadas, a la defensa vencida (Art. 448 del C.P.P.).

Habiendo oído a las partes y celebrado la Audiencia, cuyo soporte magnético obra en poder de la Oficina de Gestión Judicial, este Tribunal unipersonal,

RESUELVE:

 

1) Desestimar el recurso de Nulidad e invalidación interpuesto por el Fiscal.

 

2) Hacer lugar a la Apelación deducida y en consecuencia revocar el decisorio impugnado por el que se dicta el sobreseimiento de GABRIELA LILIAN CONTEPOMI, según consideraciones precedentes.

 

3) Costas a la vencida.

 

4) Regístrese, notifíquese y bajen.