Cuestionan la ley que le da control a legisladores sobre fiscales y defensores

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La semana pasada la Legislatura santafesina sancionó una ley que deja en mano de diputados y senadores la potestad exclusiva de investigar, acusar y remover a todos los fiscales y defensores, sin intervención de la Auditoría General de Gestión. Por eso, desde distintas organizaciones de fiscales y defensores de todo el país manifestaron su preocupación ante lo que entienden como un avasallamiento a la labor de los funcionarios judiciales. Pidieron que el gobernador Miguel Lifschitz vete la normativa votada “de forma sorpresiva e intempestiva”.

“Se inmiscuye un poder dentro de otro poder”, se quejó el fiscal Guillermo Apanowicz sobre la ley sancionada el jueves pasado. Apanowicz sostuvo que la ley viola la Constitución nacional y va en contra de la división de poderes.

“El gobernador se tiene que expedir y tiene la posibilidad de vetar la ley. Entendemos que es lo que debería hacer”, enfatizó.

El veto que reclaman fiscales y defensores es a la ley que cambió el procedimiento de remoción de los integrantes de la Acusación y la Defensa, tanto de titulares como de adjuntos, quienes podrán ser removidos de la misma manera que el Fiscal General y el Defensor General. Los legisladores le dieron luz verde la semana pasada, en la última sesión de prórroga del año.

Los Consejos de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina y de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; la Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación santafesino y el Colegio de Magistrados manifestaron “su preocupación por el modo sorpresivo e intempestivo de la sanción de la norma”. Advirtieron que coloca a los funcionarios judiciales “en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional” y alertaron contra la “aniquilación de la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley”.

Comunicado del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en relación a la modificación de la ley 13.014

La Defensora Provincial y los Defensores Regionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal del Poder Judicial de Santa Fe hacen un llamado a reconsiderar la modificación de la Ley 13.014 que permite la remoción de los Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos con la única intervención de la Legislatura, pues establece infundadas diferencias con el sistema de remoción de Jueces y pone en jaque la misión institucional de la Defensa Pública.

Si los Defensores Públicos pueden ser removidos por razones políticas se atenta contra la noble tarea que están llamados a cumplir en un Estado de Derecho.

Necesitan los Defensores Públicos quedar al margen de los vaivenes políticos puesto que deben enfrentar al propio Estado reclamando condiciones dignas de detención, a los medios de comunicación cuando condenan mediáticamente a su defendido, a grupos sociales mayoritarios que pregonan el uso del sistema penal como única respuesta a los déficits sociales, aún a costa de poner en riesgo su crédito personal, popularidad, relaciones sociales, de amistad, académicas o profesionales.

Por imperio legal los Defensores Públicos deben tener lealtad a su defendido, sin posibilidad alguna de hacer objeción de conciencia, sin considerar la antipatía o impopularidad que éste pudiere provocar en la opinión pública, sin ceder a presiones o influencias externas y sin discriminación por razones morales, éticas, étnicas, políticas, raciales, religiosas, de género, de nacionalidad, económicas, sociales, culturales, de tipo de delito o de cualquier otra naturaleza.

El sistema de remoción mediante un Tribunal de enjuiciamiento integrado por Legisladores, Defensores Públicos y Colegio de Abogados que tenía previsto la ley 13.014 es acorde a los estándares internacionales de autonomía de la Defensa Pública y exhortamos a las autoridades correspondientes a volver al mismo.