Procesamiento confirmado a “Clan K” por causa Los Sauces

''

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ahora senadora Cristina de Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita que llevó a cabo maniobras de lavado de dinero en el marco de la investigación denominada “Los Sauces”. Lo mismo dispuso la Sala I para sus hijos, Máximo y Florencia, y para los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, por una supuesta maniobra de alquileres inmobiliarios garantizados a cambio de beneficios en obra pública y concesiones. Los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero convalidaron además la declaración de incompetencia de Claudio Bonadio por la que procesó a los 18 implicados y se desprendió del expediente pidiendo que se unifique en su par, Julián Ercolini, quien está a cargo de la investigación por Hotesur, que se centra en alquileres del hotel de la exfamilia presidencial, Alto Calafate. Esta confirmación actuará como guía para lo que pueda ocurrir con su “melliza”, aun en etapa de indagatorias. 

Ercolini tiene ahora dos caminos tras la ratificación de la Cámara Federal. O la unifica con Hotesur, que está en proceso de indagatorias y cuyas definiciones podrían trasladarse ya a 2018 y agrupa así el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez, en sintonía con el reclamo de “megacausa” que hizo la Sala II de la Cámara. O bien fragmenta este tramo e inicia las tratativas para una eventual elevación a juicio oral del paquete que le envió Bonadio. Un procesamiento por la firma del Pacto con Irán y los tironeos por el llamado a indagatoria en la causa de lavado de activos donde Báez está multiprocesado son los nubarrones que acechan a Cristina en un futuro inmediato y ya como senadora. 

Bruglia y Ballestero rechazaron la imputación contra Cristina de Kirchner por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y reconfiguraron algunos montos de los millonarios embargos. Esos fueron los únicos retoques a la sentencia de Bonadio. Así confirmaron el procesamiento de la exmandataria por considerarla jefa de una asociación ilícita y coautora del delito de lavado de dinero: le fijaron un embargo de $110 millones, mientras que para su hijo Máximo fue de $130 millones, y para Florencia de $100 millones, por el rol de integrantes de la organización. También fueron confirmados los procesamientos de Báez, de sus hijos Martín, Luciana y Leandro; de López; su socio, Fabián De Sousa; de Romina Mercado, sobrina de la expresidente; de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia Kirchner; y del detenido contador Víctor Manzanares, entre otros.

En el caso de los hijos de Báez, el tribunal confirmó la acusación de Martín por asociación ilícita, en tanto que Luciana y Leandro sólo aparecen como partícipes necesarios del lavado de activos.

“Ello así, puesto que la matriz existente en el ámbito de la obra pública habría producido elevadas ganancias ilícitas -producto de las defraudaciones cometidas en 52 expedientes de contratación- que, en virtud de la propia naturaleza asociativa de la organización criminal, es razonable inferir que fueran repartidas o distribuidas entre sus principales socios. Esto es, los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y Lázaro Báez, quien en principio recibía los beneficios derivados de los ilícitos cometido”, sostuvo la Cámara. Identificó a la obra pública como el origen de las maniobras de lavado con las operaciones inmobiliarias. 

Sobre Máximo, actual diputado, el Tribunal evaluó que “se desempeñó como presidente de la sociedad familiar, recibió los pagos provenientes de las firmas señaladas y suscribió contratos de alquiler de inmuebles societarios”. La siguiente instancia de apelaciones de las defensas estarán en Casación. En tanto, consideró que Florencia, tras incorporarse a la sociedad junto a su madre y hermano, pasó a detentar el 50% del paquete accionario y desde 2015 integró el directorio y comenzó a percibir un salario de esa entidad, habiendo recibido el total de $3.700.000.

“En igual sentido que los antes nombrados deberán responder Romina de los Ángeles Mercado, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, quienes desde sus distintos roles habrían realizado aportes esenciales para el perfeccionamiento de la maniobra”, dispuso el Tribunal, que además ratificó la acusación contra Manzanares, detenido por presunta obstaculización de la investigación.

La Cámara encomendó al juez Ercolini embargar a las personas jurídicas que aparecen en la causa, entre ellas, Los Sauces SA, Loscalzo y Del Curto SRL, Kank y Costilla SA, Valle Mitre SA, Austral Construcciones, Negocios Patagónicos SA, Negocios Inmobiliarios SA, Idea SA, Inversora M&S SA y Álcalis de la Patagonia SA, a través de las cuales se realizaban los alquileres sobre las propiedades de la familia Kirchner.