Santa Fe está cerca de tener una ley del agua

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Desde hace años en la Legislatura santafesina se vienen discutiendo distintos proyectos de ley de aguas y parece que esta vez se llegó a un consenso político para que la provincia cuente con una normativa que regule sobre el tema. La base de la iniciativa es de la senadora Cristina Berra (PJ- San Martín) quien en tres oportunidades intentó legislar sin éxito y ahora parece encaminarse hacia una sanción definitiva que tendrá que dar el Senado.

Pero para que todo llegue a buen término Berra y sus colegas deberán aceptar las modificaciones que sufrió el proyecto original. Las mismas fueron introducidas por los diputados Santiago Mascheroni (UCR), Julio Eggimann (Juntos por Santa Fe-PJ) y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) que en algunas cuestiones acordaron con el trabajo de un equipo de expertos del Instituto Nacional del Agua, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral; mientras que en otras, como en definir la prohibición del fracking, se apartaron del consejo de los expertos.

“Le dimos sanción al denominado código de aguas. Era una deuda pendiente porque para la provincia de Santa Fe no tener una ley de aguas no era fácilmente explicable”, aseguró Santiago Mascheroni quien resaltó los avances que esto significa para Santa Fe y aseguró que las modificaciones cuentan con el visto bueno de los senadores por lo que la norma podría sancionarse el jueves que viene.

La norma tiene 200 artículos y entre los principales aspectos se establece al agua como derecho humano y se la define como un recurso inalienable, imprescriptible e inembargable. Además establece que las aguas del subsuelo y las aprobechables son del Estado provincial; se regla el acceso al agua, su utilización y los diferentes usos que se le pueden dar al recurso.

En lo que refiere a ese último punto se hizo referencia a dos tipos de uso: el social, que debe ser gratuito, y el productivo que la ley establece que siempre deberá contar con la autorización de la autoridad de aplicación (el Ministerio de Infraestructura y Transporte), con el respectivo estudio de impacto ambiental, para el uso del recurso y también fija un canon para la explotación productiva, aunque dejará en manos del Ejecutivo la facultad de condonarlo.

El diputado socialista, Rubén Galassi, destacó que en los últimos años en la provincia se pasó de 78 localidades que no tenían un servicio de agua potable de calidad a 24 e instó a seguir trabajando para llevarle una solución a esas poblaciones. Además dijo que se llevan invertidos $9.000 millones en acueductos y detalló los avances en cada uno.

Uno de los aspectos esenciales de la ley es que prohíbe la técnica del fracking para la explotación minera en la provincia. Este artículo fue introducido por Giustiniani, quien viene trabajando sobre el tema a partir del acuerdo secreto entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

El diputado hizo una explicación pormenorizada de lo que significa la aplicación de la técnica y las consecuencias ambientales que genera. Pero también remarcó la importancia del recurso del agua y señaló que Sudamérica tiene el 50% de las reservas del mundo de agua dulce y, sin embargo, en el continente hay muchas personas que no tienen acceso al agua potable.

En ese sentido, para el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, la norma que recibió media sanción tiene un valor filosófico por calificar al agua como un derecho humano pero, además, destacó la oportunidad política de la ley que establece al agua como propiedad de todos los santafesinos y santafesinas y resulta inembargable. “No se puede vender, eso es fantástico”, dijo el legislador y recordó que el Decreto Presidencial Nº29 del 11 de enero de 2017 pone como garantía del pago de la deuda externa a los recursos naturales del país, incluida el agua.

Contra las inundaciones

Esta norma también obliga a la provincia a tener un plan hídrico que deberá elaborar el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Es plan provincial tendrá que incluir los planes plurianuales (con plazos de cinco años) para establecer cuáles son las obras necesarias y para hacer las previsiones de cómo será el crecimiento de la demanda del recurso.

Además, la ley brindará las herramientas necesarias para que la provincia pueda ejercer el poder de policía para controlar y penar las obras clandestinas que puedan alterar el régimen hídrico con una mayor celeridad y sin tanta burocracia.

Al ser consultado  sobre cómo se regularán las cuencas compartidas con otras provincias como Córdoba, algo que generó muchos problemas en las inundaciones de los últimos dos veranos, el diputado Mascheroni respondió: “La ley plantea el mantenimiento o reconocimiento de los tratados preexistentes, se reivindica que la solución de esos conflictos son por acuerdos interjurisdiccionales. No implica la sanción de esta ley desconocer lo hecho sino profundizar en ese tipo de cuestiones. Pero las cuencas que son de jurisdicción múltiple solo tienen una forma de encare que es con las otras provincias”.