Pelea entre Casanello y la UIF por la indagatoria de Cristina

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El juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, mantienen una fuerte pelea en la causa por la ruta del dinero K que decidirá el futuro judicial de la ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner.

El desenlace del enfrentamiento jurídico definirá cómo la ex mandataria será juzgado en futuros juicios orales. Cristina está procesada por otros jueces como jefa de una asociación ilícita en las causas del direccionamiento de 3 mil millones de dólares en carácter de obra pública a favor de Lázaro Báez y en Los Sauces, mientras es indagada por Hotesur.

Para el organismo antilavado, estas cuatro causas constituyen “una sola maniobra” para robarle plata al estado con obras públicas de Báez pagadas con sobreprecios o sin terminar. Parte de esta plata luego Báez la pagaba en concepto de “alquileres” falsos de los hoteles a los Kirchner y finalmente, Báez sacó, por lo menos, 60 millones de dólares que depositó y luego repatrió de Suiza con la intención de incorporarlos como dinero blanco al sistema. La UIF sostiene que “el 75 por ciento del patrimonio de los Kirchner se explican con los alquileres y otros pagos de Báez”. En cambio, para Casanello sintéticamente el reclamo de la UIF “se basa exclusivamente en el sentido común y no en pruebas que vinculen a Cristina”, señaló otra fuente judicial.

Si Cristina es indagada y eventualmente procesada por lavado en la ruta del dinero K para que estos cuatro juicios, supuestamente, se unifiquen o no en la etapa de juicios orales donde se decidirá si es culpable y si es condena a penas de prisión.

En una resolución, Casanello exhortó el miércoles a la UIF a que aporte la información concreta sobre eventuales la conexión entre las cuentas bancarias de Báez y la ex presidenta. “Es prioritario que la UIF se concentre en traer a este proceso la información que dice existir acerca de la vinculación del matrimonio Kirchner con cuentas radicadas en el exterior”, sostuvo el juez en una resolución de 21 páginas. También le pidió que le envíe un análisis sobre la documentación secuestrada en la financiera de Ernesto Clarens, un empresario conocido del ex presidente Néstor Kirchner.

En cambio para la UIF, basta como demostrar que Báez “es un testaferro de Cristina y sería muy elemental que haya puesta una cuenta a su nombre”. Además, Federici en sus escritos sostuvo que desde la AFIP y las procuraciones General de la Nación y del Tesoro se puso en marcha toda una maniobra de encubrimiento de Báez que solo se explica por una orden emitida desde el gobierno, explicaron fuentes de la UIF.

El magistrado exhortó a la UIF luego de que el organismo, que depende del Ministerio de Economía, insistiera en la necesidad de que la ex mandataria sea llamada a prestar declaración indagatoria en el caso. En realidad, la UIF se sumó a un pedido que en igual sentido había hecho el fiscal federal Guillermo Marijuan y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

La UIF apeló a la Cámara Federal porteña y luego este tribunal le pidió informes al juez sobre la situación de la causa en que está procesado con prisión preventiva el empresario K y socio de Cristina, Lázaro Báez.

Este tironeo tiene una serie de antecedentes que muestran una escalada en la pelea. Casanello se había declarado incompetente al cambiar el delito precedente del lavado de su causa de facturas apócrifas a fraude con la obra pública y le pasó esa parte a su colega Julián Ercolini. Pero la Cámara Federal rechazó su incompetencia y le pidió que rechace o acepte el pedido de indagatoria de la senadora electa por Unidad Ciudadana.

A principios de noviembre, la UIF solicitó un “pronto despacho” a Casanello sobre la solicitud de indagatoria de Cristina, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios.

Luego Federici y su número dos, María Eugenia Tallarico, interpusieron un “recurso de queja por retardo de Justicia” ante la sala II de la Cámara Federal que preside Martín Irurzun.

Entonces, el magistrado sacó aquella resolución en la que sostuvo que el eventual rechazo de la indagatoria de Cristina “no cierra las investigaciones”, llamó la atención sobre las “dilaciones” y el atraso en la presentación de informes y reclamó más colaboración a la UIF. En fuentes judiciales se afirmó que la UIF “tiene un comportamiento parrtidario y no técnico” en este pedido. La réplica no tardó en llegar. Federici dijo en forma oficial que “sorprende a nuestra institución la grosera falta de estilo y respeto por parte del Juez al querellante, mediante la expresión “de una vez por todas” que tiene la intencionalidad de transferir sus propias responsabilidades de manera infundada a nuestro organismo. Su renovada lentitud y omisiones procesales revelan una vez más en esta causa su falta de compromiso con la búsqueda de la verdad.”

En su resolución, el magistrado sostuvo que la UIF le indicó que no cuenta con “información que permita sostener la existencia de cuentas offshore que se encuentren directamente a nombre” de la ex mandataria pero que “numerosas cuentas” bajo investigación “vinculadas a la ex presidenta o su fallecido esposo”.

“Esa es la prueba que se necesita y la prueba que la UIF como organismo técnico debe proporcionar. Pero no lo hace, sino que se queda en un razonamiento especulativo que puede ser una hipótesis de trabajo, un punto de partida, pero no una imputación”, sostuvo el magistrado. Casanello embargó a Báez en más de 10 mil millones de pesos para que el Estado recupere, si es condenado, el dinero robado.

Por otra parte, reclamó a la UIF que “se pronuncie en torno a la situación del ex Administrador Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray y del ex director de la DGI, Rubén Ángel Toninelli”, dado que el origen del dinero lavado estaría en una maniobra realizada con facturas truchas.

El magistrado recordó que el está a cargo de la investigación por lavado de dinero contra Báez, causa que a criterio de la Cámara Federal federal porteña tendría como delito precedente irregularidades en los procesos de adjudicación de obra pública, trámite que lleva adelante el juez Julián Ercolini. La cámara federal tiene la última palabra.