Diputados rechazan la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental

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La diputada Silvia Simoncini, junto a Patricia Chialvo y Héctor Cavallero del bloque del Frente Justicialista para la Victoria-PJ, presentaron un proyecto para que la Cámara baja provincial exprese “su preocupación ” ante una iniciativa del gobierno nacional que modifica el decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental, ya que “tiene contradicciones a los aspectos fundamentales del espíritu de la ley, y modifica sustancialmente los alcances de la misma en materia de derechos humanos, soslayando los consensos alcanzados en su discusión y evitando el debate en el Congreso de la Nación”. 

La legisladora se refirió concretamente a la presentación por parte del Ministerio de Salud de la Nación para consideración del Presidente de la Nación de un proyecto de decreto que reglamenta la ley nacional de Salud Mental 26.657, derogando el decreto 603/2013 vigente. “Creemos que contradice claramente el espíritu y el articulado de la ley vigente que constituye un avance en materia de salud y derechos humanos reconocido internacionalmente”, afirmó. 

La ex ministra de Salud de Santa Fe recordó que “nuestra provincia sancionó en el 91 la ley provincial de salud mental que entró en plena vigencia con su reglamentación en 2007 y ha desarrollado políticas públicas en total concordancia con la ley nacional sancionada en 2010”. La misma, sostuvo, “representa un avance en materia de reconocimiento e institucionalización de derechos, ha sido construida sobre el debate y el consenso y no puede ser violentada en sus bases ideológicas por un decreto que atrasa en el tiempo respecto de las convenciones y normas internacionales que han sido mencionadas en estos fundamentos”.

Para la diputada, “la interdisciplina, la intersectorialidad, la participación de los usuarios y el Estado garantizando los derechos, son fundamentales en el abordaje de los problemas de salud mental. No podemos ni debemos retroceder a modelos hegemónicos que se han servido del padecimiento mental respondiendo sus propios intereses”, señaló.

Retroceso

Sin embargo, opinó Simoncini, “el gobierno nacional no acuerda con el espíritu de esta ley y no está dispuesto a llevar esta idea a consideración del Congreso, menos aún a los actores sociales que la construyeron, por eso se quiere modificar y plantear un retroceso en puntos fundamentales de la misma”.

Por ejemplo, “reemplaza el concepto de «padecimiento mental» por «trastorno mental»; reinstala la mirada biologisista hegemónica que resulta insuficiente para el abordaje integral de la salud mental; restablece como eje las prácticas fundadas en evidencia científica y relega los aportes de otras disciplinas y saberes necesarios; restituye el rol de los manicomios admitiendo el aislamiento pleno de las personas bajo la «tutela» del «arte médico» y reinstala el concepto de peligrosidad basado en riesgos potenciales, entre otras cosas”, enumeró.

“Queremos que esta Cámara se exprese como cuerpo colegiado respecto de esta cuestión de gravedad sanitaria e institucional. Porque este proyecto de decreto no solo significa un retroceso en el paradigma de Salud Mental que se construye desde la perspectiva de derechos humanos, sino que expresa la decisión del gobierno nacional de modificar leyes por decreto. Y esto atenta no solo contra los derechos reconocidos, en este caso en la ley de salud mental, sino con el funcionamiento de los poderes de la democracia”, aseveró Simoncini. 

“Con la gente, con las organizaciones sociales se construyen consensos y en el Congreso se discuten, se debaten las leyes, se alcanzan acuerdos y mayorías que legitiman las normas. Rechazamos enfáticamente que en democracia se ninguneen los consensos sociales y se quieran cambiar leyes por decreto”, indicó por último.