Proyecto para prohibir ser candidatos a condenados por corrupción

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El despacho se basó en un proyecto de la macrista Silvia Lospenatto, que fue consensuado con diputados del bloque Justicialista y del massismo, y donde se eliminó la posibilidad de que esa medida se pueda aplicar en el caso de un postulante que se encuentre procesado.

La decisión de avanzar en este dictamen se adoptó en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce el macrista Pablo Tonelli, en cuyo transcurso también se emitió despacho favorable al acuerdo de creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la cuenca del Río Pilcomayo. 

El proyecto incluye un inciso nuevo al artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos, donde se fija que no podrán ser candidatos los condenados por cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Aclara que se impedirá ser candidato desde que “exista sentencia condenatoria en cualquier instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

Lospennato aseguró que su iniciativa “tiene una sólida base constitucional porque no sólo se ajusta a la Constitución Nacional sino al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos”. 

Destacó que la prohibición “tendrá una limitación temporal porque inmediatamente a que la condena se cumpla o sea revertida podrá volver a ser candidato, con lo cual no estamos afectando el principio de inocencia”.

Recordó que “desde el año 2009 que ya establece procesados en delitos de lesa humanidad están impedidos de ser candidatos”.

Desde el kirchnerismo, Nilda Garré argumentó su rechazo en que “se está omitiendo la presunción de inocencia” y reclamo que haya “condena firme” para impedir que dirigentes con causas judiciales puedan ser candidatos, al anticipar el rechazo de ese bloque a los proyectos impulsados por el oficialismo.

“Debemos ser muy responsables en las reformas. Esta especie de furia en demostrar que se lucha contra la corrupción y no se lucha contra los funcionarios que tienen un abierto conflicto de intereses. No están respetando los principios esenciales de nuestra Carta Magna”, aseguró la diputada del FPV-PJ.

En tanto, desde el massismo, Graciela Camaño anunció que iban acompañar el proyecto aunque planteó dudas sobre la posición que asumirá la Corte Suprema como “quedó expresado cuando se refirió a la candidatura de Carlos Menem” y dijo que “este debate no es nuevo sino que se dio en el 2009”.