Piden procesar a Moreno por manipular las cifras del INDEC

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En una resolución con trascendencia institucional y política, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió el procesamiento del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y la ex directora del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC Beatriz Paglieri por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otros delitos, al manipular entre 2007 y 2015 las estadísticas del INDEC.

En su investigación, el fiscal descubrió que no sólo se manipuló las cifras de la inflación, sino también del Producto Bruto Interno (PBI), de los niveles de pobreza e indigencia y de la canasta básica de alimentos.

Según fuentes judiciales, el fiscal solicitó este lunes al juez federal Rodolfo Canicoba Corral también el procesamiento de la ex directora del INDEC Ana María Edwin como coautora de los delitos previstos en los artículos 293 y 255 del Código Penal, junto a otros dos funcionarios de menor nivel.

El pedido de procesamiento complica judicialmente a Moreno quien ya está condenado a dos años y medio de prisión en suspenso en la causa por financiar con fondos del Estado el cotillón anti Clarín e imputado en otras.

En su resolución por el Indec, Stornelli hace referencia a la grave consecuencia financiera para el Estado que, por ejemplo, supuso pagar títulos públicos con números del PBI inflados. Hace referencia a tenedores de cupones PBI entregados en la reestructuración de la deuda, a partir del crecimiento falso de la medición del crecimiento de la economía.

En sectores del Gobierno había preocupación por un eventual procesamiento de Moreno por este tema porque si bien el Estado pagó de más por los títulos ajustado por el PBI, también podría haber otros reclamos por una inflación que fue mucho mayor de informada por los K, sobre todo en materia de contratos. El índice de precios incidía en la cotización de otros bonos.

En una resolución de más de 300 páginas, Stornelli justifica su pedido en la conducta de los ex funcionarios que provocaron “un grave deterioro a la confiabilidad del INDEC” como organismo estadístico oficial reconocido a nivel internacional y las implicancias de “su descreimiento en razón de su influencia en asuntos trascendentales de la economía nacional”.

A las pruebas que ya se conocían, el fiscal encontró ahora decenas de mails internos del INDEC con órdenes de cambiar los precios hasta de la tira de asado, del pan francés y de los libros para ocultar el verdadero nivel de la inflación en las dos presidencias de Cristina Kirchner. A los mails, sumó nuevos testimonios y la explicación de peritos de cómo tocaban las cifras bajo la idea de un nuevo método de medición.

Este diario reveló en julio que un peritaje de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) determinó que desde abril de 2007 en el sistema informático del INDEC se instaló un programa secreto conocido como “tope” para recalcular precios si excedían determinados valores. Ese mismo mes, Moreno fue indagado por el juez Canicoba Corral y el fiscal Stornelli y negó haber manipulado las cifras del INDEC, que debería ser un organismo autárquico del gobierno de turno. Sin embargo, desde enero de 2007 cuando renunció Graciela Bevacqua –quien defendió hasta el último momento la independencia del organismo- el INDEC fue virtualmente intervenido por Moreno, incluso con una patota integrada por barrabravas.

Los peritos, luego de analizar los discos rígidos del INDEC de esa época y más de 800 mails, descubrieron que estaba instalado un programa “Ipn_Calind_Pkg.SQL” conocido como “tope” que administraba “funciones para cálculo de índices, aplicando además un control de topes”. Según fuentes judiciales, el programa era manejado desde una pantalla secreta que se investiga quién la usaba, aunque hacía la mayoría de los recálculos automáticamente.

“La función de control de topes consiste en controlar algún caso o ”variedad” que quede (aparentemente predeterminada) para luego realizar un recálculo de agrupaciones”, afirma el peritaje. En su indagatoria, Paglieri negó haber manipulado los índices, pero admitió que había un programa de “topes” instalado antes de que asumiera ella en abril de 2007.

Más adelante, la auditoría dice que por falta de datos no se pudo determinar para qué servía otro programa llamado “PARVUL”, como tampoco que significaban las referencias denominadas “variación” y “agrupación”.

Pero de todo el análisis, “es posible informar que existe una administración de topes en el programa verificado”. Este dice que cuando “alguna variedad sufre una variación fuera de rango (según PARVUL) se aplica la variación especificada. Luego se recalculan las agrupaciones para mantener la aditividad”. Otro mensaje señala que “saco esta condición para que marque las variedades que hay que matar por si apareció un precio nuevo”.

Los peritos oficiales que confeccionaron la auditoría informática fueron los licenciados Jorge Rosso, Darío Piccirilli y Alejandro Sabolansky y el de parte, Esteban Vertzner.

Moreno negó haber ordenado al INDEC que se modificara la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor. En el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py, Moreno declaró en su momento que “nunca” dio “ninguna orden ni instrucción” en relación a las mediciones del INDEC. El ex funcionario argumentó que, para su función, no necesitaba conocer los datos del INDEC porque implican un muestreo del mercado mientras que él, como secretario de Comercio, tenía acceso a toda la información del mercado.

Semanas atrás, en su indagatoria, Paglieri también había negado la acusación en su contra y había dicho que, cuando arribó a organismo, había encontrado un “cúmulo de errores que parecían intencionales”, y recordó que, de hecho, los había encontrado como auditora, lo que luego derivó en su designación como directora del Indice de Precios al Consumidor.

La causa se inició a partir de una denuncia penal del entonces fiscal nacional administrativo Manuel Garrido en 2007. En esa primera acusación, Garrido ya hablaba de “topes” y “parches” informáticos para manipular las cifras. Luego se sumaron denuncias presentadas por una ONG de Rosario y por los entonces legisladores nacionales Gerardo Morales (actual gobernador de Jujuy) y Ernesto Sanz.

Los “hallazgos resultan más que contundentes para acreditar los hechos investigados y redundan sobre la sospechada manipulación de datos estadísticos”, había sostenido el fiscal al justificar los pedidos de indagatoria ante lo lapidario de esta auditoría de la UNLP.