Puigdemont descartó pedir asilo en Bélgica

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Puigdemont, durante una conferencia de prensa en Bruselas, no aclaró cuál será su futuro inmediato, aunque sí subrayó que no va a pedir asilo en este país y que solo volverá a España cuando tenga “garantías” de un “juicio justo”.

En el esperado encuentro con medios de toda Europa, el expresidente autonómico catalán dijo que “más que a Bélgica” ha ido “a Bruselas, donde se encuentran las instituciones europeas” porque “el caso catalán es una causa en torno a los valores en los que se basa Europa: la democracia, la libertad, la libre expresión, el acogimiento y la no violencia”.

“Nos quieren meter en prisión 30 años (…) Esto va a acabar con la idea de Europa y es un error enorme que todos vamos a pagar muy caro”, alegó Puigdemont, quien auguró que “al pueblo de Cataluña le queda un largo viaje por recorrer por delante”.

Negó que su salida de España signifique un abandono de sus responsabilidades, pues dijo que las puede realizar “perfectamente” desde Bruselas.

“Nunca abandonaremos el Gobierno y vamos a seguir trabajando”, dijo.

El político del PDeCat (centroderecha independentista) destacó que el Gobierno regional catalán en los últimos días ha decidido dar prioridad a la “seguridad, la prudencia y la moderación” ante lo que consideró una “ofensiva altamente agresiva y sin precedente contra el pueblo de Cataluña”.

También señaló que su viaje no es una huida y aseguró que al ser ciudadanos europeos tanto él como el resto de exconsejeros regionales presentes hacían uso de su “libertad de circulación”.

“Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto no nos hemos tenido que esconder de nada”, añadió.

Por otra parte, agregó que aceptará la convocatoria de elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y preguntó al Gobierno central si también aceptará los “resultados mayoritarios de las fuerzas independentistas”, en caso de que ese fuera el resultado electoral.

“Vamos a defender la idea de la demanda política y del proyecto” a partir “de una posición política y no jurídica”, añadió Puigdemont, quien insistió en que su intención no es “escapar de la Justicia” porque su responsabilidad es “política”.

El político catalán y sus consejeros regionales están cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución española y acusado por la Fiscalía de España por rebelión, sedición, malversación y otros delitos.

Puigdemont, que llegó a Bruselas el lunes, criticó lo que a su juicio es “politización de la Justicia” española y su “ausencia de imparcialidad”.

Pese a asegurar que no estaba en Bélgica en busca de asilo, este mismo martes el abogado contactado por Puigdemont, Paul Bekaert, reiteraba a Efe que le había asesorado sobre la posibilidad de pedir asilo, una opción “no tan fácil”, según el propio letrado.

Fuentes cercanas al político catalán explicaron que se quedará al menos “unos días” en la capital belga, y decidirá la duración de su estancia “en función de cómo evolucionen los acontecimientos”.

Este martes, el Tribunal Constitucional español suspendió provisionalmente las resoluciones aprobadas el viernes en el Parlamento catalán para crear una “república” independiente al admitir el recurso del Gobierno español. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió a trámite la acusación por rebelión, sedición y malversación contra la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa de la cámara. 

Además, el juez instructor del caso citó a declarar como investigados este jueves y viernes tanto a Forcadell como al resto de querellados. 

La querella contra Forcadell y la Mesa del “Parlament” fue interpuesta el lunes por la Fiscalía General ante el Supremo ya que todos ellos conservan aun el aforamiento y, por tanto, no pueden ser investigados por un juzgado ordinario. 

El delito de rebelión puede suponer hasta 30 años de cárcel, el doble que el de sedición (15). El de malversación puede implicar ocho años.