El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Rafael Gutiérrez, presidió hoy, en los Tribunales de la capital provincial, el Acto de Apertura del Año Judicial 2024, con un mensaje en el que describió la situación actual del Poder Judicial santafesino, los proyectos en marcha y los programados para el año en curso.
Gutiérrez comenzó su intervención con un homenaje a las mujeres, en la víspera de conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, “un día que se ha constituido en un punto de inflexión para nuestra historia moderna, que nos convoca año tras año a luchar por una mayor igualdad de oportunidades para todas las infancias, mujeres y diversidades”. También mencionó y repudió las amenazas sufridas por el Gobernador Pullaro, como también magistrados y fiscales de la provincia.
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Gutiérrez enmarcó su mensaje en el amplio y trascendente concepto de “división de poderes”, clave para el funcionamiento del Estado moderno. Señaló: “En nuestros días, la separación de poderes es un capítulo definitivamente inscripto y garantizado en todas las constituciones que se presumen democráticas. Su finalidad sigue siendo la misma: defender y garantizar la libertad de los individuos a través de un poder limitado; de un poder que se limita a sí mismo”.
El Presidente de la Corte reivindicó el Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina, iniciado en el 2006, y al que destacó como un modelo de cooperación entre los tres poderes del Estado, como también hizo especial mención a la necesidad de cubrir las 54 vacantes de jueces que hay en la provincia.
También ocuparon la atención del Dr. Gutiérrez el plan de infraestructura edilicia, el desarrollo informático del Poder Judicial, el avance de la oralidad en todos los fueros, la capacitación de los integrantes del Poder Judicial y la creciente utilización de la mediación judicial como herramienta alternativa para la solución de conflictos.
Lee el discurso inaugural de Rafael Gutiérrez:
Agradezco a todos la presencia; sean ustedes muy bienvenidos. En especial quiero destacar el esfuerzo de quienes han viajado desde lugares distantes para estar aquí hoy; y así también, a quienes están presenciando este acto desde las restantes circunscripciones judiciales de la Provincia vía nuestro canal de youtube y a través de nuestras redes sociales.
También quiero aprovechar este espacio, para reivindicar y visibilizar una fecha muy importante, en especial para todas las mujeres. Mañana 8 de marzo memoramos un día que se ha constituido en un punto de inflexión para nuestra historia moderna, que nos convoca año tras año a luchar por una mayor igualdad de oportunidades para todas las infancias, mujeres y diversidades.
Vaya entonces desde aquí, una especial mención al efecto. Nuevamente, este año tengo el honor de presidir la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, cargo que debo al voto de mis colegas, a quienes -una vez más- agradezco la confianza en mí depositada.
Representando en tal carácter al Cuerpo, procederé, en acto público y solemne -como ordena la ley-, a iniciar formalmente la labor judicial del presente año. Siguiendo la tradición, aprovecharé la formalidad de este acto para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el estado actual de nuestro Poder Judicial, deteniéndome en aquellos temas que considero de mayor interés para el momento actual.
Pero antes de entrar a cada uno de esos temas -importantes todos, por cierto- quisiera que no se pierda de vista que ellos se justifican y se comprenden cabalmente si se los mira dentro del marco general de la teoría del Estado, democrático y republicano.
Es por ello, que no temo en volver la mirada una y otra vez sobre el concepto, sencillo y a la vez rico de la división de Poderes. En su observancia cierta, tal vez, radica la clave del funcionamiento de todo el Estado moderno. Bastión del constitucionalismo, conquista de la modernidad, garantía de los ciudadanos. Cualquiera de estas frases es buena para identificar a este principio, siempre vigente, siempre necesario.
Como ya todos sabemos, el poder político del absolutismo fue limitado, precisamente, con la herramienta de la separación de los poderes. Ese paradigma, que hoy no constituye ninguna novedad, ni siquiera para el ciudadano sin formación jurídica, en su momento sí lo fue. Es que fue en verdad difícil concebir una práctica política distinta a la del absolutismo monárquico; y ponerla en marcha fue muy riesgoso.
En nuestros días, la separación de poderes es un capítulo definitivamente inscripto y garantizado en todas las constituciones que se presumen democráticas. Y su finalidad sigue siendo la misma: defender y garantizar la libertad de los individuos a través de un poder limitado; de un poder que se limita a sí mismo. Sin embargo, no puede afirmarse que todo está igual desde entonces. En efecto: nuevas realidades marcan hoy una decisiva presencia en el Estado actual, y ello ha conducido a la doctrina constitucional a efectuar una reformulación de aquel principio. Entre ellos, podemos mencionar:
• El surgimiento de los partidos políticos, y su posterior constitucionalización como único enlace entre el pueblo y los gobernantes.
• La incidencia de poderes no estatales, de una gravitación fundamental en el Estado moderno. Me estoy refiriendo a las corporaciones económicas a los medios de comunicación social; etc.
• La creciente complejidad de las funciones estatales, desde que el Estado de Derecho se asumió como Estado Social.
• La llamada “explosión” de las legitimaciones colectivas, la cual, conectada con lo anterior, conduce a que la ciudadanía plantee al Estado pedidos cada vez más numerosos y diversos. Aquí incluyo a los tres poderes, aunque, de manera preponderante, son destinatarios de esas demandas, la Administración Pública y los tribunales. Es así que de aquella tajante “división de poderes”, pasamos a una más prudente y realista “separación de funciones”, en la cual no todo se piensa en términos de diferenciación, ya que aparecen relaciones de colaboración entre los órganos; aparecen nuevas modalidades de control; e incluso hay nuevos poderes -o, al menos, “órganos extra-poder”.
Dentro de estos rasgos, sugiero prestar especial atención al principio de colaboración entre los poderes. Probablemente, nunca, ni en la más temprana idea de Montesquieu haya sido posible plantear una división de poderes tajante, al punto tal de no permitir siquiera el diálogo entre los mismos. Por el contrario: es síntoma de “buena salud” institucional la existencia de canales de comunicación entre los distintos sectores del Estado, como rasgo de madurez política, tanto como de seguridad y previsibilidad.
Bueno es recordar que, al contrario de lo que nos muestran algunos ejemplos de la actualidad, separación de funciones no es sinónimo de desentendimiento ni de confrontación. La división de Poderes, vista desde una perspectiva razonable y responsable, implica un deslinde de facultades, un ámbito de decisiones diferente para cada Poder, pero en un contexto de colaboración y acompañamiento que aseguren y consoliden la salud institucional del Estado.
Ahora bien, esta sinergia que describo es fundamental para resguardar el delicado equilibrio republicano que establece nuestra Constitución, en cuya satisfacción deviene esencial la custodia cotidiana de sus límites.
En ese camino, a los jueces nos toca una gran tarea en este sentido, tarea que se puede resumir en el principio según el cual una de las misiones más importantes de los tribunales es la de saber mantenerse en la esfera de sus funciones, evitando invadir las atribuidas de los otros poderes.
Para los juristas esta idea es bien conocida; pero me permito insistir en ella. Estimo que, en los momentos actuales, atravesados por un constante vértigo de cambios, la observancia de esta regla resulta decisiva, fundamentalmente, por la gran expectativa social que se vive respecto de todos los órdenes estatales, en nuestro caso especialmentehacia el Poder Judicial.
Es cierto que la Constitución ha puesto el gobierno de la Nación en manos de 3 poderes; ello también ocurre en el plano de las Constituciones provinciales. Pero también lo es que cada uno de ellos debe cumplir con esa función de gobierno dentro del campo de una competencia determinada.
Así, por ejemplo, lo vinculado con la administración y el diseño de las políticas, es materia propia de los poderes legislativo y ejecutivo. Por mi lado, y respecto de los actos dictados en esas materias, al Poder Judicial sólo le compete decidir, en causas judiciales concretas, acerca del ajuste de tales medidas al ordenamiento jurídico vigente, y -de modo muy especial- de su ajuste a la Constitución. No sobre el acierto, oportunidad o conveniencia de las leyes o actos de gobierno, como lo tiene reiteradamente dicho nuestro máximo tribunal.
Es por ello que esa necesaria potestad de controlar a otros poderes del Estado que la Constitución ha otorgado al Poder Judicial, debe ser utilizada con sumo cuidado, sin excesos ni liviandades.Más aún, con el fin de preservar tan delicada misión, la ley máxima de nuestra Provincia estipula expresamente las garantías de inamovilidad e intangibilidad de los Magistrados en el ejercicio de sus funciones, en tanto conserven su idoneidad física, intelectual y moral (art. 88 de la Constitución Provincial); como así también, los mecanismos a seguir en tanto las condiciones exigidas desaparezcan.
En los tiempos que estamos viviendo, atravesados por una profunda crisis económica y social, es nuestro deber más que nunca ser los encargados y responsables de dar las respuestas que nuestra comunidad necesita, pero sin desatender el necesario y valioso respeto por el andamiaje constitucional descripto. Estar a la altura de este desafío, implica respetar nuestra Carta Magna, ocupar nuestros roles y ejercerlos desde la seriedad y el compromiso que seguramente cada uno de nosotros abrazó desde el primer día en su cargo.
Nos anima en ese camino, la reconocida calidad institucional de nuestra Provincia, destacada a nivel nacional desde el advenimiento de la democracia, y que ha sido cimentada y fortalecida por hombres y mujeres que con valentía y decisión afrontaron desafíos como los que hoy nos tocan atravesar. Cargamos sobre nuestros hombros entonces, con la noble responsabilidad de dar continuidad a ese legado, y a la vez, enseñar el camino a las generaciones venideras. Es por ello, que quiero aprovechar este momento para hacer público una vez más mi más enérgico repudio a las amenazas sufridas por nuestro señor Gobernador, y que se suman a similares situaciones de violencia dirigidas contra Jueces y Fiscales de este Poder judicial. Estos hechos de suma gravedad, ponen en riesgo la convivencia pacífica dentro de una sociedad democrática y nos convocan a extremar los esfuerzos en pos de una coexistencia dentro de un marco de madurez cívica.
La preservación del Estado de Derecho es un horizonte común hacia donde todos los Poderes que lo componen debemos apuntar, siendo conscientes de las propias limitaciones inherentes a la función que nos toca cumplir en el sistema republicano y sin renunciar al saludable diálogo interinstitucional que siempre ha de primar.
Es en esta senda en la que debemos trabajar, y sobre la cual estoy convencido, alcanzaremos los acuerdos necesarios para un país más justo, ordenado y soberano.
Plan estratégico
Vaya ahora como una cabal referencia de este pensamiento, lo que para nuestro Poder Judicial ha sido un hito en la comprensión del Estado republicano, donde la colaboración, acompañamiento y articulación mutua entre sus distintos Poderes, arroja resultados altamente satisfactorios para la comunidad toda.
Me permito insistir sobre el particular, ya que la obtención de resultados concretos en el campo de la promoción de los derechos de los ciudadanos, muchas veces depende del compromiso de todos los poderes, al requerir de la participación de los diversos sectores estatales.
Los santafesinos tenemos buenas experiencias a la hora de recoger los frutos de proyectos que se emprenden conjuntamente. Me estoy refiriendo al histórico Plan Estratégico del Estado Provincial Para la Justicia Santafesina (del año 2006), conformado por los tres poderes del Estado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios, por los cinco Colegios de Abogados, por las Facultades de Derecho de la Provincia y por el Gremio del Personal Judicial.
En su marco se debatieron profundamente -y con un genuino espíritu democrático y plural- una diversidad de temas en once comisiones, todo lo cual llevó a la producción de conclusiones de contenido trascendental para la vida pública de la provincia. Entre ellos, pueden contarse nada menos que dos nuevos Códigos Procesales, actualmente vigentes: el Código Procesal Penal (hijo dilecto del Plan Estratégico) sancionado el 18.08.2017 bajo el número de ley 12.734; y el Código Procesal Laboral; además de numerosas modificaciones a la Ley Orgánica de Tribunales. También se elaboraron varios anteproyectos de ley de suma trascendencia, oportunamente remitidos a los poderes políticos para su respectivo tratamiento: Ministerio Público; Código Procesal Civil y Comercial; Código de Faltas; y Código Procesal del Menor.
Varios de estos temas tienen en nuestra provincia una actualidad que merece ser destacada, y es por ello que creo es propicia la ocasión para reeditar emprendimientos de dicha magnitud. Sin lugar a dudas, la mirada multidisciplinaria de materias cuya modificación resulta pertinente, de la mano de un diálogo interinstitucional franco y constructivo, seguramente volverá a redituar en legislaciones sumamente provechosas, con un diseño cimentado en el trabajo de todos los actores del quehacer judicial.
Consejo de la Magistratura
En la continuidad de mis palabras, quiero referirme a uno de los temas que más preocupa a esta Corte y es la cobertura de vacantes de magistrados.
Esta situación se manifiesta como un problema muy concreto en el servicio de prestación de justicia: juzgados que deben ser suplidos por otros jueces -que incluso, a veces, no son de la misma sede judicial; cámaras de apelación que deben integrarse con magistrados de diferentes fueros; demoras y trastornos en trámites y decisiones.
Ahora bien: la superación de esta situación no está al alcance del Poder Judicial, ya que, por diseño constitucional, la designación de magistrados está a cargo, conjuntamente, de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En este sentido, cabe memorar que en el año 1990 y específicamente dentro del primero de los nombrados, se creó el Consejo de la Magistratura, originariamente integrado por el Poder Judicial; situación que luego fue modificada sustancialmente cuando, por una expresa decisión del -por entonces- gobernador Binner, la Corte dejó de integrar el referido órgano hace ya más de 15 años.
Es cierto -y a esto hay que destacarlo- que, en los últimos años, y a través del Consejo de la Magistratura, se ha venido exhibiendo una mayor eficiencia en esta materia.
Sin embargo, también es cierto que, en este último tiempo se ha producido la renovación de más del 95% de la Magistratura toda, como así también la conformación en su integridad del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Por consiguiente y tratándose de una materia naturalmente dinámica, el número de órganos en funcionamiento que se encuentran vacantes a la fecha, sigue siendo apreciable. En efecto: basta para así afirmarlo que, sobre un total de 374 cargos de jueces en toda la Provincia, 54 se encuentran vacantes a la fecha. De ellos, sólo 1 está cubierto con juez subrogante; los restantes 53, permanecen sin ningún tipo de cobertura.
Que quede en claro que no estamos hablando de designaciones masivas que, por ejemplo, supongan trastornos presupuestarios o administrativos en la gestión provincial; máxime, si tenemos en cuenta la exigua incidencia de este Poder Judicial en el marco del presupuesto general de rentas del Estado, el cual representa el 3,29% del mismo. Sumado a ello, debemos considerar que desde el año 2014 se han incorporado nuevas estructuras creadas para el funcionamiento del sistema procesal penal, (Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal) que son atendidas con idéntica asignación de fondos.
No resulta un dato menor en la descripción que vengo efectuando, que este Poder Judicial no cuenta ni con pasantes; ni con practicantes; ni con personal contratado; resultando requisito sine qua non para el ingreso a este Estamento, el estricto cumplimiento del artículo 92 inc. 5 de nuestra Constitución Provincial, que postula la materialización de concursos abiertos.
Garantizar esta norma, nos convocó a desarrollar un sistema de ingresos para el personal administrativo que ha sido solicitado y usado por diferentes provincias de la República Argentina entre las que se cuentan, La Pampa; Rio Negro; Chaco; Chubut; Corrientes; Tucumán; Formosa y San Juan.
Como podrá observarse, la transparencia y austeridad en la incorporación, distribución y optimización de nuestros recursos ha sido desde siempre un pilar fundamental sobre el que se apoyan las políticas de gobierno de esta Corte. Por consiguiente, poder contar a la brevedad con la cobertura de los cargos de Magistrados vacantes, implicará una mejora tangible en la eficiencia del servicio de justicia.
Bregamos desde el Poder Judicial para que, en honor a los principios de seguridad jurídica y de buena gestión, dicha tarea se materialice con la premura que la situación merece.
Plan de infraestructura edilicia
Otro punto que resulta de vital interés y que se exterioriza como un grato ejemplo de colaboración entre poderes estaduales, refiere a las instalaciones edilicias de los tribunales santafecinos. Y en este punto, felizmente, tenemos mucho para mostrar y anunciar.
Durante la gestión gubernamental del Ing. Miguel Lifchitz, y mediante la suscripción de un convenio de colaboración con este Poder Judicial, se decidió encarar un Plan de Infraestructura edilicia para la justicia santafecina, comprometiendo en aquel momento unos 800 millones de pesos. Las tratativas de este proyecto comenzaron a principios del año 2016, y tal como describiré a continuación, muchas ya se encuentran íntegramente terminadas y otras encaran su última etapa de ejecución.
La concreción de las obras comprendidas en este Plan, además de mejorar la prestación del servicio de justicia, trajo y seguirá trayendo aparejado un sustancial ahorro de recursos, que otrora se dedicaban a pagar alquileres de inmuebles, muchas veces disfuncionales a las necesidades de los justiciables.
Ejemplos contrastantes de lo que refiero se pueden verificar en la ciudad de Reconquista, donde se construyó un edificio de más de 7600m2; el cual, concentra la prestación de todo el servicio de Justicia de la ciudad en un mismo inmueble, incluido MPA y SPPDP.
En similar sintonía, podemos destacar a su par arquitectónico de la ciudad de San Cristóbal, donde se erige un moderno inmueble completamente climatizado, con más de 3400m2 cubiertos; y en el cual, toda la ciudadanía puede atender sus conflictos, sea de la materia de que se trate, pues se ha respetado la misma lógica de integralidad tanto en materia civil como penal –MPA y DEFENSA-.
En Rosario, por su parte, se concluyó con el acondicionamiento completo del edificio de calle Balcarce 1550, climatizando el interior del inmueble más grande con que cuenta el Poder Judicial en la Provincia; y que -sabido es- por sus características arquitectónicas, constituye una pieza de rico valor patrimonial, a nivel nacional. También en dicha ciudad, se materializó el traslado y la puesta en funcionamiento integral del edificio del Centro de Justicia Penal.
En esta ciudad capital por su parte, a fines del año 2017, se adquirió el inmueble ubicado en calle Urquiza esquina Tucumán (que hasta ese momento, el Poder Judicial venía alquilando). Esta operación permitió, de entrada, el traslado de más dependencias judiciales a dicho inmueble- y, lo más importante, puso en marcha la elaboración de un ambicioso proyecto de ampliación que se encuentra pronta a su finalización durante el corriente año. Como funcionalidad más destacable, cabe resaltar la inminente instalación en dicho espacio de los tres Tribunales Colegiados de Familia de la ciudad de Santa Fe.
Esta disposición, traerá aparejada la concentración en un único lugar de un fuero especializado, de elevada trascendencia social, con todas las necesidades y funcionalidades propias que la materia demanda, tanto desde lo estructural como desde lo jurisdiccional.
Así, amén de la judicatura, en dicha dependencia se contará con todos los equipos de Asistentes Sociales; salas de re vinculación; Unidad de Atención a la Víctima; Secretarías de Violencia; y otras oficinas especializadas, las cuales, además, tendrán la mejor y más moderna tecnología dispuesta al efecto.
A ello debemos agregar, la instalación definitiva en similar inmueble del Archivo General de Tribunales de Santa Fe. Otro hecho de singular relevancia, en tanto se ha trabajado intensamente en la reutilización y readecuación de espacios y recursos desde el punto de
vista edilicio e informático.
Este punto, tendrá a su vez un impacto por partida doble, ya que provocará una notable descongestión de lugares en el edificio donde actualmente se encuentra, y liberará los sitios necesarios para la optimización de todo el fuero laboral santafecino. Como ya sabemos, y sin adentrarme demasiado en un tópico que desarrollaré con mayor detenimiento más adelante, el avanzado estado de informatización y digitalización de este Poder Judicial, ha requerido un nuevo modelo de gestionamiento de los recursos en lo que hace esencialmente a la documentación de los actos jurídicos y administrativos.
En dicha labor, el innovador diseño del Archivo de los Tribunales santafecinos, se enmarca en una nueva lógica de almacenamiento, orientada a la reserva de documentación en formato electrónico, con los debidos resguardos de integridad y legitimidad; contemplando a su vez, el cuidado e indemnidad de aquellos documentos que por su valor histórico han de permanecer ad eterno en formato físico.
La pronta finalización de estos dos proyectos que vengo mencionando, terminarán conformado con las demás dependencias localizadas en dicho sitio, un polo de referencia para la comunidad santafecina y para los profesionales del Derecho, donde podrán atender sus reclamos e inquietudes en un espacio primordialmente diseñado para el particular escenario que esas materias requieren.
Otro anhelado emprendimiento que quiero destacar, el cual marcha a un buen ritmo de ejecución, es la creación del Instituto Médico Legal para la ciudad de Santa Fe, que viene de la mano con la construcción de un nuevo inmueble para la Defensoría General Zonal Nro.4 de esta ciudad.
Esta empresa, que tuvo inicio en enero del 2023 y cuyo final de obra está previsto para septiembre del año venidero, cubrirá una necesidad primaria para nuestro Poder Judicial; la cual radica en poder contar con otro centro de alta complejidad para el tratamiento de casos vinculados a la medicina forense y demás especialidades, que se suma al ya existente en la ciudad de Rosario.
La obra consiste en líneas generales, de un solo edificio compuesto por dos áreas de funcionamiento diferenciadas (Instituto Médico y Defensoría), con acceso único para un mejor control, pero con portales exclusivos considerando las funciones disímiles, tanto en lo que se desarrolla en su interior como en la cantidad y especificidad de usuarios.
El edificio del Instituto está dividido por tres niveles con funciones específicas, entre las que se puede destacar: Sala de Autopsias; Sala de Cámaras frigoríficas, Sala de Tomógrafo y Rayos X; Laboratorio de Toxicología; laboratorio de preparación y salas de cromatógrafos; Laboratorios de Genética y Anatomo-patología.
En cuanto a la Defensoría General Zonal, se trata de un edificio totalmente independiente, con ingreso de manera diferenciada con el Instituto Médico, teniendo en cuenta situaciones de seguridad, oficinas, sala de mediación y sector de servicios completo.
En la continuidad de la construcción de edificios destinados al apoyo de la función judicial, y en una ciudad muy cara para mis afectos como lo es Vera, se está por concluir en el mes de mayo de este año la Nueva Morgue para los Tribunales de esa localidad. Esta obra consiste básicamente en la construcción de un nuevo edificio que se emplazará en un sector del predio del Hospital Regional de Vera, cedido en comodato por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Se trata de un edificio particular, con funciones muy específicas. En su interior contará con cámaras de refrigeración, sala de rayos, vestuarios
y sala de autopsia, así como depósito de residuos patológicos. Es importante remarcar que, con la puesta en marcha de esta moderna unidad, todas las tareas específicas que requiere la medicina forense y que actualmente se materializan en el Hospital de Reconquista, pasarán a centralizarse en espacio único y propio.
Pasando ahora a la ciudad de Cañada de Gómez, pudimos ejecutar el 100% del plan de obra previsto, consistente en la construcción en los terrenos cedidos por la Municipalidad de un nuevo edificio para el Poder Judicial con unos 4.230 m2 aproximadamente.
De esta manera, nuevamente en la geografía de la provincia y al igual que lo acontecido en San Cristóbal y Reconquista, se cumple con un deseable anhelo de la Corte de contar en este único edificio con todas las dependencias de la justicia santafesina hasta ahora dispersas en la ciudad de Cañada de Gómez.
Asimismo, en la localidad de Casilda, se trabaja en el proyecto para la construcción de un edificio a nuevo de 4521m², que permitirá replicar la misma experiencia y cuya finalización se prevé para la culminación de este año o comienzos del venidero.
Por último, en San Lorenzo, se ejecuta un plan que comprende la refacción del actual edificio ubicado en calle San Carlos 844, así como la ampliación del mismo en un 30%.
Finalmente, quiero destacar lo que representa una de los desarrollos de infraestructura edilicia más importantes de los últimos tiempos para este Poder Judicial. Estoy hablando del Edificio Anexo para los Tribunales de Santa Fe. Este inmueble, cuya imponente construcción han podido observar, tuvo su génesis allá por el año 2005 cuando se celebró el "Concurso Nacional de Anteproyectos a Dos Vueltas Ampliación Casa de Justicia”, en el que participaron 34 trabajos presentados por profesionales de todo el país; y conforme estaba previsto en el reglamento de dicho concurso, el Poder Judicial contrató con los ganadores del mismo la elaboración del Proyecto Ejecutivo y documentación licitatoria correspondiente, tendente a la concreción de la obra.
Posteriormente y durante la gestión del gobernador Antonio Bonfatti, se realizó la estructura de hormigón armado del Edificio, dando así comienzo a un virtuoso trabajo de coordinación, transversal a todas las Administraciones que se sucedieron hasta la fecha. En este camino, la construcción quedó incluida en el ya referido plan edilicio del Ingeniero Miguel Lifchitz; continuó durante la gestión del Contador Omar Perotti; y seguramente alcanzará su conclusión durante la administración de nuestro actual Gobernador, el Licenciado Maximiliano Pullaro. Este inmueble vendrá a resolver definitivamente la crisis edilicia del Poder Judicial de esta sede, permitiendo la concentración del 90% de los tribunales, Juzgados y dependencias auxiliares en un punto geográfico concreto.
El edificio cuenta con una superficie total cubierta de 22.400m2 y con una posibilidad de ampliación en el 6° piso de 2.400m2. De esta manera se alcanzará una mejor distribución y ocupación de los espacios con respecto al Palacio de Justicia existente; pudiéndose unificar las distintas dependencias judiciales dispersas en la ciudad, incluyendo al SPPDP y al MPA.
Como podemos ver, los logros y avances expuestos, han sido posibles gracias al trabajo y esfuerzo dispuesto por las áreas específicas de este Poder Judicial, como así también por el apoyo económico comprometido por los anteriores gobiernos; el cual, descartamos
continuará con esta nueva gestión y nos permitirá conducir con éxito esta encomiable empresa edilicia, cuyo fin principal y primario no es más que el mejor servicio de justicia posible para la ciudadanía toda.
Informática
En materia informática, tengo la satisfacción de anunciar, como lo hiciera en anteriores oportunidades, los avances que se han ido materializando en el marco del proyecto integral de informatización que este Poder Judicial viene impulsando y llevando adelante.
Es grato señalar que los desarrollos estipulados en el referido plan, y que se precipitaron como consecuencia de la crisis sanitaria del año 2020, han tenido una profunda aceptación en el marco de la comunidad jurídica santafesina, al tiempo que han mantenido un desenvolvimiento sostenido y constante en su ejecución y actualización.
En tal camino, el expediente digital hoy en día ya es una realidad. A través de un deliberado proceso de implementación que comenzara en el año 2022 con los expedientes que tramitan en toda la provincia por parte de la Administración Provincial de Impuestos; la Municipalidad de Santa Fe; la Municipalidad de Rosario; y la Municipalidad de Rafaela en el marco de las ejecuciones fiscales, se dio continuidad al proyecto con la inclusión en esta nueva mecánica de trabajo a los procesos sucesorios en trámite por ante las Oficinas de Procesos Sucesorios de Santa Fe y Rosario.
Así, y habiendo constatado que más de 3500 declaratorias de herederos habían registrado una tramitación enteramente digital en un breve lapso temporal, (un promedio de tres meses entre el inicio y el dictado de la sentencia) sin ningún tipo de inconveniente, el plan avanzó con materias más ambiciosas.
De esta manera se incluyeron en la experiencia 100% digital a expedientes de Violencia Familiar; del Plan Piloto de Oralidad Civil -tanto en los fueros de Distrito como de Circuito-, de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales en el fuero Laboral, de Daños en materia de
Responsabilidad Extracontractual; y en lo que hace a la instancia revisora, a los Recursos de Queja que se interponen por ante las Cámaras y la propia Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, y contando a la fecha con más de 340.000 Expedientes tramitando bajo esta nueva lógica digital, y no habiendo quedado Juzgado o Tribunal en la provincia que a la fecha no haya experimentado el tratamiento de esta moderna herramienta, nos hemos propuesto durante el transcurso del corriente año, implementar el proyecto a nivel global. Esto quiere decir que, Dios mediante, y con un laborioso camino por delante, al finalizar el 2024, todo el ámbito del Derecho Privado santafecino estará enmarcado en un nuevo formato de trabajo, mucho más ágil y dinámico; lo cual sin lugar a dudas, marcará un beneficioso punto de partida para la labor diaria de todos los operadores del servicio judicial.
Es dable poner de resalto que este diseño de trabajo generó nuevos esquemas de gestionamiento de las unidades jurisdiccionales, las cuales debieron adaptar y refuncionalizar tareas, en el marco de una realidad contrapuesta a los anteriores formatos establecidos.
En este camino y a modo de ejemplo, es oportuno señalar que a los fines de agilizar la presentación electrónica de demandas y escritos, se dispusieron mediante Acuerdo del 25.04.2023 las siguientes modificaciones del sistema de gestión judicial Sisfe:
A) Ampliación de la capacidad de los archivos informáticos en losque sean presentadas demandas y contestaciones de demandas al doble de la capacidad actual.
B) Extensión del horario de presentación electrónica de escritos enel sistema de gestión Sisfe que quedó habilitado de lunes a viernes, en horario matutino y vespertino.
Por su parte, y teniendo en cuenta la multiplicidad de actores que intervienen en las diferentes materias del derecho privado, se celebraron a la fecha más de 30 convenios con diferentes entidades públicas y privadas para que, con el uso de sus respectivas firmas digitales, puedan ingresar en el sistema de gestión y vincularse como una parte más del
proceso, en la medida de sus intervenciones.
De esta manera, el sistema ha desandado un importante grado de apertura, siendo lo suficientemente versátil como para poder incorporar a todos los entes que necesariamente hacen al decurso de los expedientes del mundo del derecho privado, con la seguridad y resguardo que otorga el uso de servidores propios y la tecnología de firma digital, de la cual este Poder Judicial reviste la calidad de Autoridad Certificante. Como corolario de este punto, y llevándolo a cifras concretas, hasta el pasado año 2023 se han presentado en toda la provincia un total de 580.000 demandas digitales y más de 9.200.000 escritos digitales mediante el sistema de Autoconsulta – SISFE.
Previo a adentrarme en los párrafos finales de mi exposición y antes de pasar a otros tópicos diferentes, no quiero soslayar dos ejes más sobre los que se trabajará en materia de gestión de la información este año.
Uno tiene que ver con extender la oralidad efectiva a los restantes Juzgados del fuero civil y comercial de la Provincia. Hemos comprobado cabalmente los beneficios que trae aparejado la tramitación de causas en el mundo del derecho privado bajo esta modalidad, con su consecuente acotamiento de plazos y disminución de incidencias procesales. A tales fines, estaremos dotando de modernas salas de oralidad al resto de los órganos que así lo requieran, para trazar una implementación progresiva y escalonada.
Por otra parte, trabajaremos en el enriquecimiento de elementos de conectividad e informatización a otra tanda de Juzgados Comunitarios de las Pequeñas Causas. Esta decisión, tiene su basamento en lo dispuesto por el Alto Cuerpo el pasado año, donde por primera vez se logró pertrechar con equipos informáticos, firma digital y conexión a internet a más de 40 órganos de esta Justicia; en la firme y decidida convicción de que debemos acercar nuestro servicio a cada uno de los rincones de nuestro amplio territorio santafecino.
Finalmente, en el mundo del derecho penal el panorama no se replica de igual forma. Conforme manifestaciones de los propios usuarios, esto es, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y los Colegios de Jueces; la carencia de un sistema único e integrado que cuente con la totalidad de las funcionalidades requeridas por cada sector, atenta contra los deseables niveles de eficacia, eficiencia y seguridad que se esperan de esta compleja y delicada área del mundo judicial.
En razón de ello, proponemos arribar a un nuevo acuerdo con el Poder Ejecutivo para impulsar el desarrollo e implementación de un nuevo sistema que satisfaga los requerimientos actuales de todas las partes que hacen a la tramitación de las causas penales, en pos de un moderno sistema informático que de sostén e información de calidad a Fiscales, Defensores y Magistrados.
Las tecnologías de la información en el mundo que vivimos son cada vez más cambiantes y vertiginosas. Es nuestro deber como Cabeza del Poder Judicial, saber aprovechar su uso y darle el mejor destino posible para el beneficio de nuestros ciudadanos.
Capacitación
A continuación, quisiera detenerme un momento en un tema que considero clave en la dinámica judicial actual: la capacitación judicial. Esta tarea tiene una gran trascendencia, y estoy convencido que constituye un factor fundamental en la construcción de una genuina independencia judicial.
Se trata de una verdadera necesidad de los cuadros judiciales; y que se refleja directamente en el resultado de la labor. La formación jurídica de la universidad es, desde luego, indispensable, pero necesariamente, hoy en día, debe complementarse con otros saberes que no pueden pasarse por alto. En el ámbito del Poder Judicial santafesino, funciona desde el año 1995 el Centro de Capacitación Judicial, compuesto íntegramente por magistrados, funcionarios y empleados de este Poder Judicial que, de manera absolutamente desinteresada, dedican ingentes esfuerzos a esta actividad por fuera de los horarios habituales de trabajo.
Durante el pasado año, el Centro de Capacitación organizó más de 70 actividades (entre cursos anuales, jornadas, talleres y seminarios), diseminadas en todo el territorio de la Provincia. Por ellas pasaron más de 3.700 personas (entre integrantes del Poder Judicial y profesionales externos).
De ese modo, sin desmerecer a ninguna área, me interesa destacar que se ha puesto especial énfasis en las actividades de capacitación que guardan relación con la perspectiva de género, con la protección de personas vulnerable, medio ambiente, y con los conocimientos y habilidades que exige el nuevo sistema procesal penal. Hago propicia la ocasión para manifestar, en nombre de toda la Corte, un reconocimiento a las autoridades del Centro de Capacitación; y, en ellos, a todos los capacitadores y sus colaboradores.
Mediación
El compromiso de la justicia santafesina con sus objetivos institucionales también comprende a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El sistema de mediación judicial -gratuito y de fácil acceso, como ya todos conocemos- no deja de seguir creciendo. El año pasado con la incorporación de un nuevo grupo de mediadores, llegamos a los 1200 mediadores y co-mediadores judiciales en los diferentes departamentos de la provincia, previamente capacitados por personal judicial. Desde sus inicios, en 1999, ya llevamos más de 75.000 mediaciones, con un índice de conciliación de más del 84% en todo el ejido provincial.
Por otra parte, y en sintonía con lo aquí expuesto, vemos con beneplácito como esta herramienta que venimos trabajando y desarrollando, ha sido adoptada por los nuevos proyectos de reforma tanto en el fuero laboral, como en el Civil y Comercial, donde la Oralidad Efectiva y el fortalecimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos juegan un papel fundamental en pos de lograr mayor celeridad y agilidad a los procesos.
Esta nueva tendencia legislativa, nos encuentra en favorables condiciones de trabajo, con profesionales capacitados y con un terreno fértil para la aplicación de nuevas metodologías para la gestión de causas; pensando la gobernanza de la justicia como una actividad viva, necesariamente cambiante, y que demanda de parte de quienes tenemos a cargo la administración de justicia, decisiones oportunas, eficaces y sustentables.
Hasta aquí un breve repaso de algunos de los temas que integran la agenda de la gestión judicial. Nada de lo señalado es exhaustivo, ni será suficiente. Seguramente mañana mismo aparezcan nuevas ideas, nuevas inquietudes, aunque también, nuevos inconvenientes que superar. Pero ése es, precisamente, el desafío que presenta la hora actual: conocer la realidad que tenemos y la que nos circunda; aprovechar de ello lo mejor y seguir adelante.
Hoy más que nunca, el rol de la justicia ha ocupado un papel fundamental en la escena social, ya sea por desperfectos institucionales achacables al Estado todo, como por una creciente democratización de la justicia. Es por ello que se nos plantean nuevas responsabilidades de cara al mantenimiento de la gobernabilidad de los Estados y del respeto hacia las Instituciones.
En este camino, todos mis colegas y quien les habla seguiremos honrando con seriedad y responsabilidad el rol que estamos llamados a cumplir, e invito a todos los sectores de la sociedad: organismos públicos, privados, y quienes en definitiva debemos brindar nuestros mejores y mayores esfuerzos para el bienestar de la comunidad, a transitar por la misma senda, con la vocación de trabajo que nos ha caracterizado desde siempre.
En nombre mío y de toda la Corte, una vez más, muchas gracias a todos por la atención y por vuestra presencia en este acto. Haciendo propia la invocación de nuestros constituyentes a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y de conformidad al artículo 19, inciso 15, de la ley 10.160, dejo formalmente inaugurado el presente año judicial. ¡Muchas gracias!
