Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, elegido para presidir el máximo tribunal en 2023, apuntó sobre la necesidad de consolidar el sistema acusatorio en la provincia, aunque admitió que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se ha convertido en una institución de “mucho poder” que necesita de la actuación de jurisdicción de los jueces como contralor.
“A nivel nacional una de las clausulas por las que más luchó Raúl Alfonsín en el pacto de Olivos fue la autonomía plena del Ministerio Público Fiscal. A nivel local, tenemos un problema, que forma parte de la reforma constitucional provincial, y es que, de acuerdo a la Constitución de Santa Fe, los fiscales siguen integrando el poder Judicial. Como no se reformó la constitución, lo que se hizo fue dictar una ley en época del Dr. Binner por la cual la Legislatura dio legalmente autonomía al MPA. Este es uno de los temas que puso en discusión que hoy la Legislatura tenga el poder disciplinario sobre los fiscales y hasta qué punto un poder del Estado no compromete la autonomía de un órgano que está encargado de llevar adelante la política criminal”, explicó Erbetta.
En esta línea, el magistrado aseguró que “no hay dudas” que el MPA “es un lugar de mucho poder. Antes uno decía que había que desconfiar del poder del Juez de Instrucción, hoy decimos que hay que desconfiar de los fiscales, quienes tienen que ser controlados por la jurisdicción, porque en última instancia, los fiscales son una parte del proceso. El avance de la reforma del sistema acusatorio trajo algunos malentendidos y a veces hay algunos jueces que creen que, donde hay un fiscal, una defensa y un tercero, el juez se convierte en una suerte de escribano, pero no, los jueces deben ejercer la jurisdicción y por lo tanto exigirles a los fiscales que prueben lo que están diciendo y controlar la legalidad de su actuación, de modo que el sistema tiene sus mecanismos de autodefensa, lo que ocurre es que son reformas que deben ser consolidadas”, agregó.
Reforma constitucional
Santa Fe y Mendoza son las únicas provincias que no reformaron su cuerpo constitucional desde 1994 a la fecha. Con el final del período Ordinario N° 140 de la historia institucional santafesina terminó la posibilidad de avanzar con la declaratoria de necesidad de la reforma constitucional, temática sobre la cual se presentaron este año diez proyectos desde los diferentes sectores del mapa político de la Cámara Baja. El tema no estará en la agenda del año próximo, año de elección de autoridades provinciales, municipales y comunales.
Al respecto, Erbetta se sumó al debate sobre la necesidad de una reforma Constitucional “porque somos unas de las dos provincias, junto con Mendoza, que no lo hizo después del 94. Creo que la Constitución del 62 fue buena para ese contexto, pero ha quedado totalmente desfasada y se ha convertido en una de las responsables de la debilidad institucional que estamos viviendo en la provincia. Lamentablemente hay elecciones cada dos años y parece que esto conspira para la posibilidad de un acuerdo, pero uno debe apelar a la responsabilidad de la política para buscar consensos que dejen afuera de la agenda electoral un tema tan importante como renovar las instituciones de Santa Fe”, indicó.
Sobre la posibilidad de reelección del gobernador de la provincia, uno de los principales puntos que pone freno a una posible reforma constitucional, Erbetta se mostró a favor de la posibilidad de un doble mandato al mando de la Casa Gris, mientras criticó la paradoja de cargos sin límite en las bancas legislativas: “Los senadores pueden ser vitalicios con reelección indefinida, pero el gobernador no puede tener ni una sola reelección, por lo que me parece que hay que corregir los dos lugares”, agregó.
