La Dirección General de Aduanas denunció a una empresa aceitera rosarina, con sede en Refinería y planta fabril en Piñero, por una presunta evasión de alrededor de 11 millones de dólares desplegada en los últimos dos años al menos, y con el ardid de subfacturar exportaciones. Hubo varios allanamientos ayer por la mañana, por orden del juez federal Marcelo Bailaque, a instancias del fiscal Javier Arzubi Calvo. Hay tres personas imputadas, aunque no detenidas por el momento.
El caso empezó a partir de una denuncia del organismo nacional ante la Justicia Federal de Rosario, cuando detectó incompatibilidades en las operaciones de exportación de la empresa Oleo Química Geo SRL, con oficinas en la torre Alto Buró, de Junín al 100.
Trascendió ayer que la DGA advirtió que entre 2020 y 2022 la aceitera declaraba exportaciones de aceite de soja a 250 dólares por tonelada. En las operaciones intervenía un trader uruguayo, que derivaba finalmente la mercadería a Chile, donde se declaraban hasta casi 5 veces más que el valor declarado en origen. Los fiscalizadores de Aduana entendieron que eso escapaba a toda lógica comercial.
El examen de todas las operaciones de comercio exterior de la compañía entre 2020 y 2022 arrojó esas mismas características, lo que llevó a los peritos contables a estimar un fraude fiscal de alrededor de 11 millones de dólares en ganancias no declaradas.
La denuncia recayó en la fiscalía de Arzubi Calvo, que obtuvo las órdenes de allanamiento y encomendó la tarea a Gendarmería nacional. La fuerza federal desplegó entonces requisas simultáneas en la planta fabril sobre la ruta provincial 18, en el paraje La Carolina, en las oficinas de Junín e Ingeniero Thedy, y Santa Fe al 1700, y en viviendas particulares de Callao al 900, San Luis al 3200 y Urquiza al 2000.
La acusación que recaerá esta semana sobre tres personas responsables de la SRL atañe a probable infracción del régimen aduanero y de la Ley Penal Tributaria.
La versión que hizo circular una fuente de la investigación federal refirió que los montos documentados de cada exportación diferían de manera irreconciliable. Eran cifras "notoriamente inferiores a las consignadas por los restantes exportadores de la misma mercadería, incluso para el mismo destino", observaron.
Geo, de acuerdo con la hipótesis de la investigación en ciernes, operaba en modo triangulación con Uruguay, donde tallaba un intermediario, y Chile como destino final de la operación. Al parecer, en el mercado exportador de aceites vegetales y ácidos grasos de ese origen –tal la producción de esta empresa– los valores oscilan entre 310 y 700 dólares por tonelada, mientras que la empresa investigada se manejaba con un precio ostensiblemente menor, U$S 250.
"Mantuvo ese valor aun cuando el precio internacional de la mercadería tuvo un aumento exponencial de precio en los mercados internacionales, y así lo demuestran valores documentados por otros exportadores, pero no así por la firma denunciada", deslizó una fuente de la causa.
Los valores contrastados entre el promedio de mercado y los que manejaba la aceitera de Piñero mostraban diferencias de más del 60 por ciento, y en algunos casos hasta el 400%, según la información que la Aduana chilena brindó a sus pares argentinos.
"La lógica empresaria más elemental da cuenta de que al exportador argentino en modo alguno le convendría vender a un intermediario en un tercer país cuando podría obtener por su producto 3 o 4 veces más vendiéndolo directamente. De la misma manera, ningún importador en Chile convalidaría un precio varias veces superior al que podría obtener comerciando de manera directa con el exportador argentino y no con un intermediario uruguayo", tradujo la fuente.
Con la información colectada, el fiscal Arzubi Calvo sospecha que esas exportaciones por triangulación permitieron el desvío de más de 11 millones de dólares en la diferencia entre lo declarado y el monto real de la operación, y que esas divisas "habrían quedado en un país de conocida opacidad fiscal y baja tributación", agregó la fuente.
