La vicepresidenta Cristina Kirchner formalizó la presentación de recusación contra la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti, movida judicial que había anunciado el jueves pasado. Así, la vicepresidenta busca que se profundice la pata política detrás del intento de homicidio en su contra.
“Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, dijo CFK.
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En su escrito, la querella también cuestionó el accionar de la Policía Federal por su intervención inicial de la causa. “La magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo”, dispararon los abogados de la vicepresidenta.
Para la querella, Capuchetti “no es ni objetiva ni subjetivamente imparcial; no es objetivamente imparcial debido a sus indebidas relaciones con la AFI macrista y a las presuntas medidas hechas para medios periodísticos y no para la causa, que surgen de la lectura de ciertos medios de comunicación masiva”.
Fue la propia Cristina Kirchner la que difundió en sus redes sociales un escrito que había entregado dos horas antes al juzgado. En el escrito, la vicepresidenta afirmó que “el apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”
“Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez. Aún así, la decisión fue confiar en la imparcialidad de la Dra. Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores. A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”.
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La querella repasó las respuestas sus distintas presentaciones y cuestionó la decisión de no delegar la investigación en el Ministerio Público Fiscal, una potestad que depende de cada magistrado. “No impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”, agregó en la lista de críticas.
Para CFK, hubo un “sinfín de actitudes de la magistrada que no nos dejan otra alternativa que recusarla”. “Su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”.
A lo largo de 37 páginas, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal desplegaron sus argumentos en duros términos. “Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”.
El celular de Sabag Montiel se convirtió en el primer tropiezo de la causa. Ahí disparó la querella, que se sumó a la investigación quince días después del ataque y que hasta ahora no había dicho sobre ese escándalo inicial. Lo dijo ahora. “La investigación no pudo empezar peor”, afirmó.
“Tras el intento de asesinato contra Cristina Fernández, Sabag Montiel fue reducido por militantes que lo entregaron inmediatamente a la Policía Federal Argentina (PFA). Entre los elementos que tenía encima, además del arma con la que quiso disparar, el más valioso probatoriamente era el celular. El celular llegó en un sobre cerrado al juzgado con la debida cadena de custodia. Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia”, dijo el escrito.
Y siguió: “Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto. Esto surge del Acta de Recepción realizada por la PSA el día 02 de septiembre a las 23:00 horas. El problema no fue solo que el sobre llegó abierto cuando siempre, el objeto debe mantenerse dentro de un paquete que garantice su cadena de custodia (por ejemplo, si se practica una primera pericia, luego debe volver a guardarse hasta el próximo acto en que se disponga algo acerca del objeto). Lo más grave fue que llegó reseteado a cero. Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo. De hecho, en los procesamientos, la situación está completamente omitida”, señaló la querella.
“Por lo que surge del expediente, el primer peritaje se hizo por orden de la jueza en la sede misma del juzgado por miembros de la PFA. A la fecha no sabemos dónde ni cómo se perdió la información, si fue en la primera pericia efectuada por la PFA, o en otro momento hasta que el teléfono llegó a la PSA, en la noche del viernes 2 de septiembre. De todos modos, la única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado”, resaltó.
Pero a los pocos días hubo otro episodio con la detención a Brenda Uliarte, la novia de Sabab Montiel que terminó presa el 4 de septiembre. “A las pocas horas del atentado, se supo que Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, había estado involucrada. Aquí, las irregularidades se repitieron. Primero, cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso, pero lo cierto es que el seguimiento del juzgado a la medida debería haber sido minuto a minuto. Especialmente, cuando ya había perdido el contenido del celular”.
“Mucho más grave aún fue lo sucedido con la detención de Brenda Uliarte. En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar. En una situación totalmente inédita, Uliarte logró, de algún modo, escapar de su casa, cuando, aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio. Una llamada de la DAJuDeCO que advirtió acerca de lo sucedido, sumada a la presteza del secretario del juzgado, evitaron que Uliarte consume su fuga”, afirmó.
Según CFK, “esto no quita la total impericia de Capuchetti que, con su demora en ordenar la detención, posibilitó la fuga. Nos llama poderosamente la atención que, dadas las tres situaciones que acabamos de describir, la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la PFA. Esta fuerza estaba presente el día del atentado, supuestamente perdió el contenido del celular de Sabag Montiel, tardó tres horas en interceptar las llamadas de Brenda Uliarte y la dejó escapar (todo posibilitado, como vimos, por lo que esperamos que solo sean errores de la jueza)”.
Sin embargo, CFK afirmó: “La magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo. Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción. Pero nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta (aun cuando, como veremos, ante cada situación que le resulta incómoda presenta una denuncia penal; la mayoría, por delitos imaginarios)”.
Después la querella avanzó en sus cuestionamientos sobre el rumbo de la pista que apuntaba a Hernan Carroll de la Nueva Centro Derecha, y luego sobre la punta “Casablanca” con el diputado del PRO Gerardo Milman como un sospechoso. “Recién cuando la PSA identificó a las dos asesoras de Milman, y otra vez ante una filtración en la causa, Capuchetti no tuvo otra alternativa que actuar. Fue entonces cuando llamó a declarar a Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz, a quienes debería haber convocado un mes antes y a quienes debería haberles secuestrado los celulares ni bien conoció su identidad. A la jueza no le importó que le mientan en la cara”, dijeron.
Según la querella, “había una multiplicidad de elementos que apuntaban a Milman, y no solo el testimonio de (José) Abello (el asesor legislativo que dijo haber oido a Milman en el bar diciendo ‘cuando esté muerta voy a estar en viaje a la costa’, 48 horas antes del atentado). Es relevante notar que lo que esta parte pidió fue, simplemente, el secuestro de los celulares de sus asesoras; no una detención, ni una indagatoria. Solo pedimos que se investigue. Pero no. Parece que en los procesos penales la certeza ya no es necesaria para la condena, sino para llevar a cabo la más mínima medida de prueba”.
La querella acusó a la jueza de “mentir” al decir que no se había fundado el pedido de esa parte. Y cuestionó que por una presentación de Milman se abriera una causa para investigar por falso testimonio a Abello.
El documento de CFK decidió entonces avanzar sobre el perfil de Capuchetti. “Así, en las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri”, dijeron los abogados, secundado las palabras del ministro de Justicia Martín Soria.
La hermana de Capuchetti trabajaba en ese momento en la AFI. ”Tal vez, su hermana fuese una diligente empleada y no haya cometido delito alguno, pero, lo cierto, es que a esta parte ya no le queda de dónde agarrarse para confiar en la imparcialidad de la jueza”, opinaron.
Como corolario, señalaron, “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo. Ante las pruebas presentadas por esta parte, la jueza o no actúa, o actúa tarde”. Y “nunca reclamó los refuerzos de personal que la Corte no le dio, con el argumento de que su juzgado podía afrontar la investigación“. Frente a eso, acotaron, “así, es imposible seguir”.
