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29-06-2015 | SANTA FE | POLéMICA

Crece la polémica por el protocolo para los abortos no punibles

El Episcopado criticó la actualización del protocolo de Nación para la atención de los casos previstos en el Código Penal. La denuncia contra el hospital no avanza y varias ONG apoyaron el trabajo que se hace en Santa Fe.

El debate sobre la realización de abortos no punibles, según se establece en el Código Penal y en la sentencia en el caso F. A. L., continúa. La semana pasada la Comisión Ejecutiva del Episcopado publicó un comunicado en el que cuestionaba la actualización de la Guía para la Atención de Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación. Por otro lado, Amnistía Internacional y otras ONG emitieron un documento en el que respaldaron el accionar del Hospital Iturraspe para garantizar “el derecho al aborto en los casos permitidos por la ley vigente”.

Cabe mencionar que el Código Penal (1921) establece que el aborto no es punible cuando se practica a una mujer que ha sido violada o cuando corre riesgo su vida o su salud. Además, el fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia (2012) estableció que en los casos de violación se debe completar una declaración jurada para acceder a aborto no punible (ANP) y no es necesario judicializar el proceso. Además se exhortó a los gobiernos a definir protocolos para la atención de esas situaciones.

En ese sentido, la semana pasada el Ministerio de Salud de la Nación había publicado en su web el protocolo actualizado y los cambios fueron criticados por la Iglesia ya que consideran que avanzan más allá de la resolución judicial. En particular cuestionaron que en lugar de hablar de ANP se haga referencia a la interrupción legal del embarazo (ILE) y que se excluya la objeción de conciencia institucional, debiendo cada profesional expresar de manera personal por qué se niega a realizar determinadas prácticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva.

Este tema ya había generado cruces en Santa Fe hace algunas semanas cuando se conoció que dos ONG –Ramón Carrillo y Ojo Ciudadano– denunciaron que el Hospital Iturraspe había realizado un ANP en un caso en el que no correspondía. Según indicaron los referentes de ambas organizaciones en el nosocomio se habría habilitado la interrupción del embarazo a una mujer que cursaba la semana 22 de gestación y cuya vida ni salud corrían riesgo alguno.

En esa oportunidad, Oraldo Llanos, director provincial de Políticas de Género e Interculturalidad en Salud, expresó que el hospital cumple con el protocolo de Nación respecto a la atención de esos casos y que la decisión había sido evaluada por el Consejo de Administración.

De todas maneras, Ojo Ciudadano hizo efectiva la denuncia. Al respecto, el fiscal regional Ricardo Fessia explicó a Diario UNO que aún no existen datos concretos que permitan avanzar sobre la investigación y que la asociación civil no pudo constituirse como querellante en la causa.

“Es una denuncia muy general, nada concreto”, detalló Fessia y  agregó: “En consecuencia se pidió que hagan alguna precisión. Se los convocó formalmente para que se acerquen a brindar datos concretos la semana pasada a la Fiscalía pero no se presentaron. Estamos esperando”.

En ese sentido, señaló que aguardarán a que la asociación presente pruebas para retomar la investigación porque la información con la que se cuenta es muy general y no permite identificar un hecho concreto.

La vida, el eje

En función de la actualización del Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que no se encuentra disponible en la web de la cartera pero sí en otras no oficiales, la Conferencia Episcopal Argentina –presidida por el arzobispo santafesino José María Arancedo– emitió un comunicado con duras críticas y reiteró su postura en defensa de la vida desde la concepción.

“El nuevo texto incluye un cambio sustancial respecto al documento anterior al eliminar el concepto de «abortos no punibles», sustituyéndolo por «derecho a la interrupción legal del embarazo». Esa terminología evade la realidad jurídica de que no existe en nuestro país un «aborto legal» ni un «derecho al aborto»”, marcan en el primer punto.

Luego critican “la ampliación, de hecho, de la causal derivada del peligro para la vida y la salud de la madre” por no contemplar distintos grados de peligro ni si el mismo puede ser evitado por otros medios; y que se contemple “el dolor psicológico y el sufrimiento mental”. En el tercer ítem establecen que el derecho a la objeción de conciencia se está viendo limitado porque cada profesional debe expresarla de manera individual y no se pueden establecer de forma “institucional”.

“Asimismo, al presentarse como obligatorio para todo el país, el Protocolo se superpone y conculca las autonomías provinciales en materia de salud. El Protocolo va más allá de la legislación vigente y tiene vicios de inconstitucionalidad”, acotan en el comunicado difundido el jueves. Finalmente marcan que “al no favorecer la denuncia cuando el aborto es producto de una violación” el eje se hace en la eliminación de la “persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo”

Reconocimiento de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y ADC (Asociación por los Derechos Civiles) emitieron un documento en el que expresaron su apoyo a las acciones que lleva adelante el Iturraspe en materia de derechos sexuales y reproductivos. "Esta nota es en apoyo de la política pública de la provincia de Santa Fe, que se destaca como una de las pocas jurisdicciones del país que comprende la salud pública desde un enfoque de derechos humanos. Con esa perspectiva, la provincia ha establecido los mecanismos institucionales necesarios para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto en los casos permitidos por la ley vigente", indicaron. Y resaltaron que "los estándares que aplica la provincia de Santa Fe, a través de sus prestadores de salud, cumplen con las normas nacionales e internacionales vigentes". Y en el caso en particular denunciado, insistieron con que "el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, a través de su Consejo de Administración, busca dar cumplimiento a estas obligaciones". Finalmente expresaron su "apoyo a las políticas públicas de la Provincia de Santa Fe en relación con los derechos sexuales y reproductivos, en particular las políticas para asegurar el acceso al aborto en las situaciones en que este es legal y constituye un derecho de las niñas, adolescentes y mujeres, tal como lo sostuvo la Corte Suprema"


Fuente: SM / UNO
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