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07-05-2015 | INVESTIGACION | DIPUTADO HÉCTOR ACUÑA

Informe final sobre el caso Medina

El miembro informante de la Comisión investigadora del caso Medina de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Héctor Acuña, presentó las conclusiones finales del trabajo realizado. "Los testimonios recabados dejan en claro las falaces explicaciones brindadas por los funcionarios del gobierno provincial en torno a la clara violación de la independencia de los poderes que se cometieron en torno a la computadora secuestrada", destacó.  

En el archivo que se adjunta se podrán encontrar los detalles que dejan en claro que nunca hubo ni solicitud de colaboración, ni autorización, ni convalidación de la Justicia para actuar del modo en que lo hicieron los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

Se trata de un minucioso repaso por todos los testimonios y pruebas recabadas por la Comisión Investigadora, entre los que se destacan aportes de jueces, fiscales y empleados de la Justicia. Pero también de valientes policías que decidieron no ocultar lo ocurrido e, incluso, de la madre y la suegra de Luis Medina.

¿Quien dio la orden de saltear las decisiones de la Justicia? ¿Qué vinculación tenía Medina con la política? ¿Por qué los policías se animan a testificar haber recibido presiones inusuales desde la política durante los procedimientos? El trabajo pretende dar respuesta a cada uno de estos interrogantes y demostrar que no coinciden los horarios declarados sobre el trabajo en la computadora con lo que arrojan las pericias y que los ministros citados a la Cámara de Diputados y el propio gobernador faltaron a la verdad

Sería prudente que el Gobierno pueda responder por qué actuó con la premura y desesperación que quedó evidenciada para conocer el contenido de dicha computadora.

 

LA INVESTIGACIÓN

 

Hechos que motivaron la creación de la presente comisión investigadora

 

Luis Medina era un empresario de la ciudad de Rosario al cual se lo relacionaba entre otras empresas con la firma Yasmin SRL, y LUMED.  Otro de sus negocios era la franquicia de Esperanto, boliche que tiene su origen en la ciudad de Buenos Aires, cuya pre factibilidad de apertura fue otorgada en 2011, por la Municipalidad de Rosario. 

En las primeras horas del día 29 de diciembre del 2013, aproximadamente entre las 05:00 y las 06:00, se produce su asesinato junto a Justina María Pérez Castelli, cuando transitaban por Av. de Circunvalación entre Ayolas y Uriburu, en la zona sur de Rosario. 

Las victimas circulaban en un auto Citroen DC3 por la Av. Circunvalación cuando fueron atacados por disparos produciendo la muerte inmediata de ambos. Luis Medina habría recibido 18 balas calibre 9 mm, en tanto que a Justina Pérez Castelli dos impactos le quitaron la vida.

Un llamado al 911 alerto la situación. A dicho llamado responde el Comando Radioeléctrico acercándose al lugar de los hechos para encontrarse con la escena del crimen. Una vez en el lugar constatan el suceso y se comunican con la comisaria XVI, a la cual la jurisdicción le daba competencia.

A partir de allí se suceden una serie de hechos que finalizan con uno de los atropellos más graves que haya vivido la historia democrática de la provincia de Santa Fe. Funcionarios del gobierno manipularon la computadora del supuesto narco asesinado en la autopista sin orden judicial. Y para aseverar esta afirmación, sólo basta con remitirse a UN ACTA POLICIAL suscripta por el sub Comisario Nicolás Martin Llanes, Jefe de la Sección Pericias Informáticas, dependientes de la División Criminalística de la Unidad Regional II. La misma fue firmada, entre otros, por Martin Degratis y Javier Etchaniz (funcionarios que responden orgánicamente al Ministerio de Gobierno) y donde aparecen mencionados los nombres del Comisario Inspector Guillermo Morgans, el Comisario Principal Javier Leiva, la fiscal de Cámara Dra. Irribarren y el Secretario del Juzgado interviniente.

De dicha acta surge que el día 29 de diciembre de 2013, siendo las 23.59 y encontrándose en el sección de pericias informáticas de la URII, el licenciado Degratis examinó y logró  iniciar sesión en la Ultrabook Marca Apple, realizando un respaldo completo del directorio raíz, en formato comprimido, el que posteriormente se fracciona en archivos de 1 GB. 

En la misma acta, la Fiscal que entendió en la causa (Dra. Iribarren) manifiesto haber llegado a las 0.20 del día 30, o sea, 21 minutos más tarde de haberse manipulado la prueba. 

Cuando dicha documentación tomó estado público, el legislador Héctor Acuña manifestó en la legislatura provincial que “era inadmisible que hayan tocado una prueba judicial, sin contar con la autorización para hacerlo”. 

No obstante, por aquellos días, desde el Gobierno Provincial se dijo lo contrario. El Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, desmintió la manipulación de la evidencia, sosteniendo que la notebook cayó en manos del Poder Ejecutivo, por pedido expreso de la Justicia. Y sostuvo "nos pidieron una colaboración técnica" y recalcó que el desbloqueo de la MAC se realizó bajo supervisión judicial y a pedido del Magistrado de turno.

En el Diario La Capital, el Ministro de Justicia Dr. Juan Lewis, dijo que la jueza fue la que ordeno que la computadora fuera llevada a dicha sección a los efectos de ser desbloqueada, y añadió que todo se realizó bajo orden judicial. 

Por su parte, también en el Diario La Capital, la Jueza Cosgaya negó haber ordenado que un funcionario abriera la notebook de Medina.

Quien también ratificó lo actuado por el Gobierno, fue el propio gobernador Antonio Bonfatti: 7 de enero de 2014, Diario El Litoral, titulo: "Bonfatti justificó abrir la PC y aceptó la renuncia a Pérez Vara". “En dialogo con el Litoral el gobernador insistió, en que los funcionarios políticos, actuaron a pedido de una orden judicial”. Y ante la pregunta: “¿hubo una orden judicial que justificara la actuación de la Provincia?”, Bonfatti respondió: “Sino la Provincia no puede ser convocada”. El periodista del diario El Litoral insiste con el tema: “¿Fue una orden telefónica o por escrito?”, y el gobernador contesta con una pregunta: “¿a ustedes les da lo mismo que fuera de un modo u otro? Estas instrucciones se dan de a cuerdo a la normativa vigente”.

Otro de los hechos relevantes en aquellos días fue citado el 6 de enero por el Diario La Capital, bajo el titulo "Policías Rosarinos intentaron entrar sin orden judicial  al Country donde vivía Medina". Tres policías y el padre de la chica asesinada (Justina Pérez Castelli), pidieron en la puerta de Haras del Pilar hacer una constatación en la casa de Luis Medina. La guardia del lugar se los impidió y les indicó que debían retirarse sino exhibían una orden judicial. Y como tal orden no existía, todos terminaron en la comisaria de dicha localidad. La situación motivó que el fiscal Gonzalo Acosta, de la UFI II de Pilar, les imputara a los policías rosarinos el delito de abuso de autoridad.

Al ser consultado por el diario El Litoral al respecto, el gobernador Bonfatti se limitó a contestar: “Que se hagan cargo los responsables de haber asumido una actitud sin orden de la jueza”.

Estos hechos originaron que el 3 de enero se presentaran proyectos de resolución citando a la Cámara de Diputados a los Ministros de Justicia y DDHH, Dr. Juan Lewis, y al Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Don Rubén Galassi. Dicha reunión tuvo lugar el 6 de febrero en la Presidencia de la Cámara Baja provincial. Las respuestas dadas por los Ministros sembraron de dudas a los legisladores. 

Por ejemplo, el Ministro Rubén Galassi manifestó claramente no poseer un instrumento legal que justifique el accionar del Ejecutivo: “Sí usted me pide una orden por escrito esa orden por escrito no está”. 

Y durante el término de su declaración ante el cuerpo legislativo, Galassi abandonó la estrategia de defensa del Gobierno. Ya no había una Justicia que solicitaba ayuda, de repente el pedido surgía de un policía, al Ministro Lamberto. Relató que el Comisario Morgan le solicitó colaboración al Ministro Lamberto. Y que el propio Lamberto fue quien envió a dos funcionarios de Estado – Echaniz y Degrati- a “peritar” la computadora. Lamentablemente nunca podremos conocer la versión de Morgans, ya que fue asesinado luego, en un extraño episodio.

Con más dudas que certezas, la Cámara de Diputados resolvió el 29 de mayo de 2014 crear esta Comisión Investigadora. Lamentablemente los legisladores del oficialismo no sólo votaron en contra de su conformación, sino que también se negaron a integrarla. 

 

Las respuestas de la Justicia

 

Esta Comisión sí pudo contar con el aporte de los funcionarios judiciales que actuaron en la causa. Ante una serie de preguntas formuladas por los miembros de esta Comisión, hombres y mujeres de la Justicia brindaron sus respuestas por escrito. Y las mismas desmienten cada uno de los dichos de los Ministros. 

La Jueza Raquel Cosgaya fue contundente: “No solicité asistencia Técnica al Poder Ejecutivo para realizar las pericias a los elementos secuestrados en el Hotel Pullman”. 

El Ministro Galassi había sostenido “Siempre hubo órdenes judiciales que fueron avalando las medidas que se tomaron”. Sin embargo la Fiscal Dra. Iribarren manifestó a esta comisión que: “A mi arribo fui recibida por personal que no conocía, trabajando con material informático en distintos escritorios. Había dos personas puntualmente trabajando con material secuestrado en la causa, que me relata que estaba haciendo back up de lo que se me refirió seria la computadora personal que pertenecería a Medina”.

Por su parte el Secretario Ríos Artacho demolió la idea de “convalidación de lo actuado” que Galassi intentaba esgrimir: “En su momento, también tengo conocimiento que habían dicho que yo había convalidado lo actuado y yo, en realidad, no convalidé nada” y agregó: “A mí me piden una autorización expresa. A mí nadie me dice que ya había sido... Convalidar hace a la idea de algo que nace viciado y después, digamos, se le da validez” 

El Juez Pérez de Urrechu también niega haber autorizado lo que el Ministro Galassi pretendió endilgarle: “Mi participación en la causa Medina fue única y exclusivamente en ocasión de la solicitud de Orden de Allanamiento”.  Y a la pregunta si había designado algún perito, de conformidad con el artículo 273 Código Procesal Penal, la respuesta fue “No”.

 

Reconstrucción de los hechos y principales revelaciones obtenidas por la comisión investigadora.

Entrevistado el Subcomisario Héctor Alfredo Lanche, Jefe de Sección Homicidios de la Unidad Regional II, manifestó: “El dia 29 de diciembre de 2013 soy anoticiado en forma telefónica por la guardia de mi oficina que había un homicidio en calle Ayolas y Uriburu… Cuando llego ya estaba todo el gabinete completo, estaba el doctor Vienna y el Fiscal de Oficina de NN. Ya estaba prácticamente culminándose con las pericias. Me interiorizo de los hechos a través del personal de la Comisaria XVI, que estaba a cargo del procedimiento. Tomo nota de los datos de identidad de las personas fallecidas que eran Medina y esta chica Pérez Castelli”.

Lanche explica luego que el procedimiento se traslada “a la Comisaria XVI para labrar el acta. Ahí, en el inventario que se estaba haciendo de los efectos personales secuestrados de las víctimas, se encuentran dos tarjetas magnéticas del hotel Pullman del City Center”. 

Pero además de las tarjetas magnéticas del hotel, se incautan dos teléfonos celulares, pertenecientes a las víctimas. Y hasta la comisaría XVI llega otro agente de seguridad, en busca de los aparatos telefónicos. Se trata del Sub Comisario Nicolás Martín Llanes, Jefe de la Sección Pericias Informáticas. “Fui a buscar los aparatos a la Comisaría XVI...Estaban como siempre están todos los secuestros que llegan a mi oficina, sin ningún nivel de preservación. O sea la persona que nos lo entrega, generalmente, te entrega el aparato así, en la mano... Es algo totalmente recurrente en la oficina donde estamos. Incluso, creo que le hice constar, en la nota de recibo que les dejo a ellos, que se recibía sin cadena de custodia”

Ante el asombro de los legisladores presentes, Llanes intentó quitar un velo más que cubre la triste realidad de la policía provincial: “las pericias que salen de la Oficina de Pericias Informáticas, prácticamente carecen de valor legal, porque no tenemos los aparatos necesarios para preservar eso que estamos peritando como elemento de prueba. Inclusive, provincias más pobres que la nuestra han comprado muchísimo equipamiento, aparatos tecnológicos que uno simplemente agarra un celular, lo enchufa, vacía la información, y el celular queda intacto. Sé que gestiones anteriores en Pericias Informáticas lo han solicitado pero es un elemento, hasta donde yo sé, que tiene un valor de 200 mil pesos aproximados, y si no me han comprado computadoras de 2 mil pesos, yo ni siquiera lo pedí”.

Pero los niveles de asombro parecen no tener fin. A su criterio la división que estaba a su cargo “es una oficina que prácticamente se debería cerrar”, por todo lo expuesto y por el escaso nivel de conocimientos técnicos que maneja el personal interviniente. “Pero a la Justicia le sirve, porque es lo mismo que hacen ustedes con sus propios teléfonos. Abrir mensajes de texto, revisar el historial de internet, ver los contactos. Exactamente lo mismo, nada más lo hace un perito...”

Volviendo a las “llaves” magnéticas del hotel, el subcomisario Lanche explica: “Recibo directivas de gestionar una orden de allanamiento para el hotel, para ubicar algún indicio que permita determinar los motivos de esta agresión que sufrieron las víctimas, porque en el escenario del hecho, salvo las vainas y las cosas que estaban ahí, no había nada”

Una vez otorgada dicha orden de allanamiento y convocado el equipo de peritos para tal fin “me dirigí al Hotel City, en el Casino, al ingreso a la ciudad de Rosario. Nos atiende uno de los encargados, le explicamos la situación, nos confirma que las dos tarjetas que teníamos eran las que abrían las puertas de la habitación del hotel. Era una sola habitación. Se convoca a dos testigos, como requiere la norma y se ingresa. Es una habitación común, no muy grande, la cama, dos mesitas de luz, otra mesita y el bañito, nada más”, explica Lanche.

Una de las personas que acompañaron a Lanche en el allanamiento fue la Agente Pamela Acosta, de la Sección Pericias Informáticas de la División Criminalística. “Yo fui con personal de Homicidios, hicimos el allanamiento, entramos con testigos que eran gente del Hotel. Y cuando entramos, empezaron a hacer la requisa normal de los allanamientos buscando los elementos, recuerdo que encontramos un celular, después habíamos encontrado una cámara de fotos, y de adentro de la caja fuerte… sacamos una  Ultrabook, a simple vista parecía una Notebook, pero en realidad es una Ultrabook porque son de la marca Mac... los apartos los tengo siempre yo a la vista, cerca de mí. La entrego en depósito, Y me voy, me habré ido seis y media, siete de la tarde”.

Lanche brinda algunos detalles más de aquel procedimiento. Por ejemplo, cuenta que los elementos secuestrados  “se ensobran y se cierran” y ante la requisitoria de los integrantes de la comisión investigadora asegura que en el hotel los elementos secuestrados nunca fueron abiertos ni manipulados.

Como dicho procedimiento fue realizado un domingo por la tarde, varios policías entrevistados aseguraron que el procedimiento normal a seguir era depositar los elementos secuestrados en sede policial, para ser analizados al otro día por la mañana. No obstante un inusual apuro por conocer el contenido de la computadora, los teléfonos celulares y las cámaras de seguridad por parte de las autoridades políticas de la provincia alteró el procedimiento habitual.

“A la noche, el jefe mío, el Inspector Morgans, que ya falleció, me invita a que lo acompañe a una reunión de Gabinete, en la Jefatura Vieja. Fue a las 19 o 20 horas, no recuerdo bien. Nos reunimos en la Jefatura Vieja donde funciona la sede del Gobierno (provincial en la ciudad de Rosario).  Es la primera vez que concurro a una reunión de ese tipo. Ingresamos a una mesa así, como esta, estaban todos los superiores míos, estaba el Dr. Lamberto (Ministro de Seguridad) y otras personas con quienes no tengo contacto diariamente”, explica Lanche, y agrega: “Ahí se hablo sobre este tema, expliqué brevemente todo lo que se había hecho y les dije que eso lleva tiempo, no es que de un día para otro... Y recibo directivas que tenía que dirigirme a los Tribunales a una reunión con los fiscales de Cámara, que son los jefes de los fiscales. Me retiro de la reunión con Morgans y nos vamos directamente a hablar con el doctor... -en ese momento eran las 10 de la noche o 9 y 30 de la noche-, estaba el Jefe de Fiscales Barraguirre y la Dra. Irribarren. Tuve que contarles nuevamente todo lo que se había hecho, todo lo que nos pasó, nos demoramos un buen tiempo. Después nos desocupamos, vuelvo a la oficina a seguir trabajando y nos llama Morgans para que no dirijamos a Pericias Informáticas en razón que iba a ir el fiscal a ver el proceso de la pericia de la computadora y de los teléfonos”.

Y mientras Lanche deambulaba de reuniones políticas a reuniones judiciales, el subcomisario Llanes no paraba de recibir presiones. Como Jefe de Pericias Informáticas los llamados a su teléfono no cesaban para saber si había obtenido algún dato de los aparatos tecnológicos. “Continuamente me llamaban y me preguntaban _¿ya está la pericia?_, o _ “Queremos saber el contenido de la máquina_, o _¿Ya se peritó?, ¿cuándo?”.

Fuera de los procederes habituales, Llanes relata: “tuvimos que volver a la sección y volver a citar a los peritos. Volver a la sección, abrir todo, volverlos a poner a trabajar con los teléfonos y con las Cámaras de Seguridad, no con la Notebook, porque en el momento del allanamiento me dijeron que estaba bloqueada. En el momento del allanamiento la perito dijo que estaba bloqueada, inclusive, en la filmación que yo vi, se ve la computadora que tiene el ícono de Windows y que abajo tiene el espacio para ingresar la contraseña para poder ingresar al escritorio de la máquina. También se ve que la vuelven a cerrar y así vino a la oficina. A las ocho de la noche la Jefa de Criminalística (Mercedes Caprichioni) me seguía preguntando por el resultado de la pericia de la computadora. Entonces le dije “mira la computadora está bloqueada. El resultado de la pericia es ese, que está bloqueada la computadora”.

Luego de un tiempo, se apersona en la división el comisario Morgans. Pero no estaba sólo, venía acompañado por dos funcionarios del gobierno provincial, Javier Echaniz (Secretario de Tecnología) y Martín Degrati (Subsecretario). Ambos dependientes del ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi.

El encuentro entre los hombres del gobierno y los encargados policiales de pericias informáticas no fue ameno de entrada. Morgans les indicó que venían a colaborar con el fin de desbloquear la Notebook de Medina y ante la primer requisitoria de los hombres de Galassi saltaron las primeras chispas. “esta gente me pedía internet y yo no tenía internet, o sea, se chocaron con un Jefe de Sección que les empezó a tirar todo lo que tenía encima: “me falta esto, me falta esto, me falta esto otro...” Y ellos no lo podían entender, no lo podían creer. “¿Cómo puede ser que no tengan estos elementos?” La responsabilidad es de ustedes [le digo, en definitiva], darnos esos elementos. No hay mucho para discutir acá y el atraso que tenemos es porque no me dan ni personal ni medios y un montón de cosas. De esa interacción surge que a la pericia de la computadora la podían hacer ellos, porque ellos sí tienen los elementos y los conocimientos para hacerla”, cuenta Llanes.

Según el relato de Llanes, mientras toda esta conversación se iba llevando a cabo, el Subsecretario de Tecnología, Martín Degrati, prende la notebook, y ante el pedido de contraseña “fue directamente a “he olvidado mi contraseña” y la máquina le tira como respuesta “me llamo al revés”, que a mí me llamó mucho la atención porque fue una pavada como desbloqueó la máquina. “Me llamo al revés” y no me acuerdo como era el nombre de la víctima...Luis, lo dio vuelta, “siul”… y desbloqueó la máquina”, contó Llanes.

La noche sería larga para todos y más gente se apersonaba en el lugar. “Cerca de las 12 de la noche llego a la sección de Pericias Informáticas y ya estaba el jefe de esa sección, el comisario Llanes, y había dos señores que no conocía (Etchaniz y Degrati). Al rato llegó la Dra. Iribarren y ellos le explicaron lo que había pasado con las computadoras, hablaban en términos de ellos, que yo no interpreto”, cuenta Lanche.

También por esas horas llegaba al lugar la perito que había encontrado, precintado y depositado la notebook. “Cuando entro veo algunas personas que conozco y otras que no sé quiénes eran. Estaban dos compañeros míos, que también los habían hecho ir para ver unas cámaras de video y unos celulares. Estaba mi jefe, estaba el comisario Morgans, estaba el comisario Leiva y había tres personas más. Me acerco a mi jefe (Llanes), justamente por esas tres personas, porque es raro que en esa sección circule gente extraña y más que estén manipulando cosas, siendo gente que no pertenece a la sección. Me acerco y le pregunto quiénes eran. Cuando le pregunto, había una mujer, él me dice que era la Dra. Iribarren. Y había otras dos personas, uno sentado manipulando la computadora que yo había secuestrado, me dijo que eran el señor Degrati y el señor Echaniz”, relata Pamela Acosta. Y continúa: “Le dije a mi jefe: “yo no sé qué es lo que están haciendo, yo no sé quién dio la orden de que esas personas toquen esto pero yo no quiero saber nada, no quiero tener responsabilidad sobre esa máquina que yo no toqué”. Porque la sacaron de la bolsa donde yo la había sellado. Habían roto todo (faja y precinto) y digo: “¿por qué hicieron eso si yo no estaba acá?”.

Dos elementos contundentes surgen de la declaración de la agente Pamela Acosta. Primero: “Por todos lados leí en los diarios que esta gente vino porque Pericias Informáticas no pudo desbloquear la computadora. Y me dio mucha bronca porque hasta ese momento la única persona que podía haber dicho: “no puedo, necesito ayuda”, era yo. Porque en esa sección soy la única que trabaja con todo lo que es computadoras. O sea, la única persona que podía haberla agarrado e intentar, y decir “No, no puedo, tráiganme a alguien que me ayude”, era yo. Y yo en ningún momento la toqué. Nunca intenté desbloquearla. Nunca dije “no puedo”. Y nunca pedí ayuda. O sea, ¿de dónde provino la ayuda, a quién se la pidieron, a quién se le ocurrió? No sé. Porque cuando yo llegué ya estaba toda esta gente acá adentro, haciendo toda esta manipulación de cosas”.

Segundo: “Yo lo que vi es que tenían enchufado algo en la computadora que, de acá a la distancia que estaban, parecía un disco externo. Había un elemento extraño en la computadora... Estaba eso enchufado y parecía como un disco rígido externo. El tiempo que ellos estuvieron manipulando esa computadora, desde antes que yo llegue y el tiempo después que yo llegué, podrían haber hecho cualquier cosa, sobre todo gente que, en teoría –no la conozco en profundidad a esta gente– tiene conocimientos de tecnología. Entonces, alguien que pueda tener un mínimo conocimiento y haya podido violar alguna contraseña puede hacer lo que quiera”.

De esta reunión se labró un acta. Además de constar todos los presentes, en el documento se deja constancia de que los funcionarios que responden al ministro de Gobierno manipularon la computadora antes de que algún funcionario del poder judicial se hiciera presente en el lugar, no contando con ninguna autorización judicial para hacerlo.

El propio secretario del juzgado interviniente, doctor Mariano Ríos Artacho se encargó de aclararlo en su declaración ante esta comisión investigadora: “Yo no convalidé nada. Convalidar hace a la idea de algo que nace viciado y después, digamos, se le da validez… Me llaman para pedirme autorización. Que no se puede desbloquear. No me llaman para decir “ya la desbloqueamos. Yo no sé quién convocó a este gente al lugar, a mí no me consta”.

No obstante todas estas evidencias, llama la atención de esta comisión investigadora algunos testimonios que parecieran esmerarse en otorgarle validez a un hecho a las claras irregular. Tal es el caso de la Jefa de Criminalística, Mercedes Caprichioni o del comisario principal Leiva.

Caprichioni en primer lugar aseguró sin sonrojarse “nosotros no tenemos un protocolo, digamos informático, para trabajar, aplicamos más o menos, siempre el mismo criterio”. Cuando a las claras la Ley de procedimientos establece otra cosa diametralmente opuesta. 

Y cuando se le consulta sobre la irregularidad de que dos personas del poder ejecutivo manipulen una evidencia secuestrada como la computadora de Medina, Caprichioni se despacha con: “Lo que pasa es que esas dos personas de Tecnología de Gobierno, según me manifiesta a mi Llanes, habían ido a prestar colaboración por directivas del Dr. Lamberto”.

Por su parte el Comisario Principal Javier Leiva, sub jefe de la Agrupación Unidades especiales de la Unidad Regional II, también intentó por todos los medios justificar el proceder de los funcionarios que responden al gobierno de Antonio Bonfatti. 

Narra que mientras se encontraba en una reunión de la que participaba el Ministro de Seguridad Raúl Lamberto “surge la situación de que la persona que estaba a cargo de informática comunica que no puede destrabar la notebook. Que, lógicamente, en ese momento era de interés para la investigación a los fines de establecer si había algún tipo de indicio. No nos olvidemos que tenemos un crimen, hasta el momento, con personas no identificadas”. La falsedad de estos dichos es de evidencia absoluta ya que la identidad de los asesinados se conoció a los pocos minutos de que la policía se hiciera presente aquella madrugada en el lugar del crimen. 

Luego, Leiva intenta realizar una libre interpretación de las normas sosteniendo que “no necesariamente el art. 268 y antiguamente el 190 en su inc. 8 reza: "proceder a todos los exámenes y pesquisas que considere indispensable para establecer los mecanismos y averiguaciones del hecho cometido y poner en conocimiento al fiscal".  O sea que no necesariamente el perito necesita una orden judicial para destrabar la maquina”. 

El Comisario Principal Leiva desconoce profundamente la ley, o bien la conoce pero prefiere “acomodarla” a su mejor disposición. Ya que el inciso 8 del art 268 por él citado dice “proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgara indispensables, recabando los informes y noticias que pudieran servir de utilidad al fiscal o a la defensa documentado las declaraciones sólo cuando se estime necesario”. Es decir, que en ningún caso se autoriza el peritaje de prueba alguna. Por si quedaran dudas al respecto, el inciso 9 aclara que sin embargo no podrá imponerse de la correspondencia, papeles privados, material informático y grabaciones que secuestra, sino que los remitirá intactos al fiscal competente para que este requiera autorización al Tribunal.

Luego de todas estas vicisitudes, finalmente la computadora viajó a la ciudad de Santa Fe. Paralelamente al derrotero seguido por la computadora, toda esta situación generó que el sub comisario Nicolás Llanes presente su renuncia al cargo de Jefe de Pericias Informáticas.

Su subordinada, la perito Pamela Acosta no duda en asegurar que las presiones políticas y el avasallamiento que vivió por esos días determinaron que Llanes presente su dimisión indeclinable al cargo que ocupaba: “Yo el concepto que siempre tuve de él en el tiempo que trabajé, porque entré en esa Sección y él ya estaba y hasta que él se fue, es el de una persona correcta, que siempre peleó por hacer las cosas bien, pero en esta situación me parece que se sintió superado. Yo, particularmente, sentí como si se hubiera sentido avasallado y superado, como que él estaba solo y de repente le empezó a caer gente y gente que venía del Ministerio de Gobierno y se sintió desbordado”.

Y es el propio Llanes quien explica la situación a esta Comisión Investigadora: “Me sentí muy incómodo con toda esta situación. Muy incómodo. Nunca me imaginé que me iba a chocar con una situación así, después de toda una carrera de no tener ningún problema, encontrarme involucrado en un hecho como éste, en donde mi nombre apareció en un montón de páginas de Internet, me incomodó muchísimo, me molestó. Inclusive otra situación que ya venía arrastrando hace tiempo, cuando a mí me pusieron como jefe de pericias informática porque, cómo se diría, cuando uno llega a la jerarquía que tengo, generalmente los jefes le dicen que es momento que uno se haga cargo de una sección. Yo fui jefe criminalístico toda mi vida desde la Escuela de Policía. Me tendría que haber tocado alguna sección pericial como ser rastro, fotografía, secciones de las que tengo conocimiento de la materia. De informática, yo no conozco, puedo saber lo mismo que saben ustedes de informática”.

Y ante el asombro de los diputados presentes, Llanes profundizó la idea: “Obviamente, como oficial no me puedo negar al cargo y voy como administrador de esa oficina, lo que administro es la oficina y el personal; el personal es el que sabe, en definitiva, cosa que a mí me dio vergüenza inclusive con los jueces cuando me decían usted es perito, usted qué conocimientos tiene, no yo soy el jefe y de informática no sé. Es una situación vergonzosa”.

Vale pues una profunda reflexión. ¿Cuál es el cambio que la maquinaria de información del gobierno del Frente Progresista se encargó de difundir por los medios de comunicación? ¿Cuál es el salto de calidad de la policía santafesina? El área de Pericias Informáticas, terminamos enterándonos que estaba a cargo de un jefe que no sabe del tema, que en el edificio no poseen conexión a internet y que, como si todo esto no fuera suficiente Llanes opina que tampoco el resto de los integrantes de la división son expertos en la materia.

Una pregunta siempre permaneció flotando en aire. ¿Cuál era el interés que el gobierno de Antonio Bonfatti tenía por conocer qué había dentro de la computadora de Medina? ¿Qué elementos de tanta gravedad podrían encontrarse allí como para pasar por alto algo tan delicado como la división de poderes? ¿Por qué estuvieron dispuestos al escarnio público y a enfrentar condenas judiciales a cambio de hacerse de esa bendita computadora? Tal vez las entrevistas con la madre y la suegra de Medina pueden brindar algunos indicios al respecto.

La señora Ana María Frascona, madre de Luis Medina, contó que cuando su hijo inauguró el boliche Esperanto se hizo presente en dicho evento. “En la inauguración estaba, la crema de la crema narcosocialista. Todos estaban… vi a un montón de socialistas. Estaba hasta la Intendenta (Mónica Fein). La intendenta le ofreció a él, y de eso doy fe, los galpones donde está el tren, todos esos galpones se los ofreció gratis (para trasladar Esperanto a ese lugar por el ruido)”. 

“Un día viene mi hijo a mi casa y me dice: Mamá, vos sabes que si yo pongo plata con tres o cuatro amigos ayudamos a un político que quiere ser gobernador. Y yo le digo: ¡Uh, que bien!. El me dijo: ¿Cómo hago? Y le dije: ¿Cómo haces qué? ¿Vos qué queres hacer? Él me dice: Lo queremos ayudar. Y yo le digo: ¿Qué te va a dar él a cambio de lo que vos ayudes? Porque si vos ayudas le tenés que pedir, por ejemplo, si van diez cargos, si es mucho lo que van a poner entre todos, decidan una persona de ustedes y lo ponen en la lista concejales, en la lista de los diputados o de lo que fuere. Entonces él me dice: Escribime todo. Y yo le escribí todo. La reunión se hizo en Granadero Baigorria ¿y para quién era? Para el “Gordito Bonfatti”. Después no supe nunca más nada. No me dijo nunca más nada de eso. Es así como lo ven”.

Por su parte, la señora Silvia Patricia Fuster, madre de la novia de Medina, Justina Pérez Castelli contó: “yo no quiero ser bocona, porque tengo tanta bronca, ¿entienden? No quiero irme de boca. Pero él (Luis Medina) decía: “La plata que le doy a la Policía”, “Estos hijos de puta, cuánta plata quieren?” “¡Cuánta plata a la Municipalidad!”, y continuaba: “ellos (los socialistas) permitieron el “chiquero” acá en la Provincia. Uno los votó... ”¡Ay, qué lindo los centros de salud que está poniendo Binner!” “La salud está bárbara.” Pero ellos dejaron entrar el narcotráfico. ¡Y Luis Medina hablando con todos ellos!...Todo esto iba a los políticos, toda esta plata iba a los políticos. A mí no me digan... Iba al bolsillo de esta gente, no repartía la plata en otro lado. Hay algo que yo me pierdo... Qué relación había con Galassi y él y el Gobierno y querer ser poderoso...”.

Ante la pregunta del diputado Eduardo Toniolli: “¿usted tenía referencia explícita de relaciones, usted dio nombres, habló de comunicaciones telefónicas, algunas otras relaciones del ámbito empresarial, político?”, la señora Fuster respondió: “Ellos tienen apodos: “Peladito”, “Galaxis”, se reían, hacían bromas”.

Y no dudó en reafirmar los vínculos de su yerno con la política: “Era un narco que estaba avanzando, avanzando, avanzando, no era una cosita así nomás. Todavía mi hija me dice: “¡Está loco este pibe!, se quiere comprar una casa mucho más grande”. 

Finalmente tampoco se mostró dubitativa a la hora de expresar su idea sobre cuál fue el hecho que motivó al gobierno provincial para hacerse con la computadora de su yerno: “Yo creo que para borrar toda la conexión que tenía Luis Medina con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con los socialistas. Él decía: “¡Se va a armar un lío se me llegan a tocar un pelo!” Esa cosa de decir: “No, a mí no me pasan” Él tenía bronca, como que no le estaban respondiendo como él quería. Bronca hacia la gente, como si él le dio la plata y no cumplían”.

 

Allanamiento al country de Pilar

 

El por entonces  Jefe de la División Judiciales de la Policía de Santa Fe, Comisario Inspector Cristian Romero dijo frente a la Comisión Investigadora, “Cuando lo matan a Medina, paralelamente el suegro de Medina… toma contacto con un personal de Judiciales y con la gente de AUE, les dice que sabía dónde estaba la casa de Medina. Ese fue el motivo por el que se fue a verificar a un country”

Romero explica que salieron “desde la División de Judiciales con un móvil oficial dándose salida en el Libro de Guardia y con conocimiento del Jefe de Policía para establecer si existía la posibilidad de una vivienda.”  Y agrega que lo hicieron en virtud de la Causa 913 – Los Monos – que seguía adelante el Juez Viena. Según Romero la información que ellos manejaban es que aparentemente Medina le daba cobijo al Monchi Cantero en esa casa de Pilar.

Cuando se le consulta por qué no habían dado aviso a Jueza Rodenas manifiesta que tal vez hubiese sido mejor avisarle a la jueza que ellos iban a la casa de Medina a Pilar, pero que no lo hicieron porque en realidad no investigaban el crimen de Medina, sino una posible relación de Medina con el los Monos. Causa que llevaba adelante el Juez Vienna. 

En otros pasajes, llama la atención cuando sostiene que muchas veces no les comunicaban las cosas a sus superiores porque la información se filtraba. A la pregunta sobre quién era ese superior, responde que se trataba de Bruschi – el actual Jefe de la Policía de Investigaciones.

Es decir, Romero admite que lo ideal hubiese sido comunicarle a la Jueza Rodenas. Que la información se filtraba y que “todo el mundo sabía que íbamos” y que dicha salida había sido informada al Jefe de Policía y constaba en el Libro de Guardia.

No obstante, la declaración de Romero es inconsistente y se contradice con las dichos de los otros agentes que intentaron ingresar al Country de Pilar. 

Mientras que Romero dice que el padre de Justina Pérez Castelli lo fue  a ver a un personal suyo el Oficial Ramonda manifiesta ser el mismo quien se contacta con el suegro de Medina “Yo tenía un allegado, un compañero, de cuando trabajaba en la Cuarta, en calle La Paz y Alem, porque llevaba mi auto a lavar y teníamos no digo una amistad pero sí una confianza de tanto llevarle el auto a lavar y terminó siendo el papá de la chica que matan en 27 y Circunvalación. Entonces, le comento a Romero que podía llegar a hablar con el padre para ir a colaborar al country a Pilar por el tema de la captura. Y él me dijo: Sí anda tranquilo. Te autorizo para que vayas a hablar”.

“Como yo sabía que él tiene un carrito en Mendoza y Circunvalación, voy a hablar con él. Y me dice: Hola viejo, tanto tiempo porque hacía rato que no me veía. Entonces le digo que necesitaba colaboración suya para ir a Pilar para hablar con la gente que está en el ingreso y después sacar alguna foto o algo. Entonces me dice: Yo no tengo drama en prestarte colaboración a vos, voy, no tengo drama con vos”

En consecuencia el suegro de Medina no fue a buscar a la policía, sino que ocurrió exactamente lo contrario. No es una contradicción menor para un hecho que ya estaba siendo investigado, que tenía a jueza a cargo, a quien nunca le avisaron del procedimiento y que de la medida estaba anoticiado hasta el jefe de la policía provincial. 

Sin embargo, y a pesar de los dichos del Gobernador, quien como ya fuera expresado sostuvo: “Que se hagan cargo los responsables de haber asumido una actitud sin orden de la jueza”, la sanción a los policías intervinientes fue efímera. Se los pasó a disponibilidad por un plazo menor a 15 días y sólo porque el hecho adquirió trascendencia pública. Así lo dice Ramonda: “Lamberto dijo que pongan en disponibilidad a estos muchachos por la trascendencia pública” Y agrega “Lo que tengo conocimiento es que Romero me trae así el papel y me dice mira, habló con Odriozola y estos acá van a pasar a disponibilidad por el estado público y después se va a levantar todo eso”.

Esta comisión pudo corroborar dicha situación, ya que al momento de tomarles declaración testimonial a los policías involucrados, todos ellos se encontraban prestando servicios en distintas reparticiones.

 

En consecuencia podemos decir que:

 

Luis Medina era considerado un empresario, a tal punto que el municipio de Rosario le habilita la apertura de la franquicia del boliche Esperanto. 

Recién ante la balacera a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, aparecen twits y mensajes de texto sindicándolo como posible instigador de dicho atentado.

Ante estas acusaciones, Medina se pone a disposición de la Justicia mediante declaraciones públicas formuladas por su abogado personal. Desde este momento, y hasta el violento asesinato, nunca más se conocieron comentarios al respecto 

En medio de una ola de violencia y homicidios en el sur provincial, se produce el asesinato de Medina y su acompañante en la ciudad de Rosario. Rápidamente se conocen los tristes sucesos respecto de la computadora de Luis Medina. Desde la oposición se señala el error (por ser respetuosos del término) de haber tocado una prueba judicial como la notebook sin orden judicial.

El gobierno respondió por medio de tres voceros, el Ministro de Justicia Juan Lewis, el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado Rubén Galassi y el propio gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. Los tres sostuvieron dos ideas centrales. La primera: la justicia solicitó colaboración técnica al Gobierno. Y la segunda, que fue la misma Justicia quien convalidó el accionar.

Ambas ideas fueron demolidas por las personas que prestaron testimonio frente a esta Comisión. Incluso por el propio secretario del juzgado y por los jueces y fiscales actuantes.

No sólo aseguraron que nunca solicitaron colaboración, sino que al mismo tiempo algunos hicieron saber que el procedimiento no guardó relación con lo que estipula el código procesal penal de la provincia. Queda claro, no hubo pedido de colaboración, ni autorización alguna para proceder.

El secretario de juzgado Ríos Artacho sostuvo: “Yo no convalidé nada, Convalidar hace a la idea de algo que nace viciado y después, digamos, se le da validez”.

El propio juez Pérez de Urrechu, citado por Galassi como quien avaló todo el proceso de allanamiento, secuestro y pericia, manifestó: “Mi participación en la causa Medina fue única y exclusivamente en ocasión de la solicitud de Orden de Allanamiento” y que luego nunca más se le informó qué se hizo con los elementos secuestrados. Y a la pregunta si había designado perito, respondió con un contundente “No”

El propio ministro Galassi admitió en la oportunidad de visitar la Cámara de Diputados que no había orden por escrito otorgada por la Justicia que habilite el actuar de los funcionarios dependientes de su cartera. “Si usted me pide una orden por escrito, esa orden por escrito no está”.

Su propio relato lo hace caer en la paradoja de decir que habían ofrecido colaboración técnica ante el pedido de la Justicia, para relatar luego que en realidad “El comisario Morgans le pide ayuda a Lamberto y el ministro Lamberto le pide a estos funcionarios que se acerquen al lugar”. O sea, el propio ministro Galassi en su relato ante los legisladores admite públicamente lo que había negado a los medios de comunicación: Nunca existió un pedido de colaboración por parte de la justicia, sino, supuestamente, de un policía al ministro Lamberto.

La jueza Raquel Cozgaya dijo textualmente: “No solicité asistencia técnica al Poder Ejecutivo”. 

Pero el derrotero de falacias del ministro Galassi no terminó allí. Frente a los legisladores (según consta en foja 20 de la versión taquigráfica) sostuvo: “Sólo se hizo un back up de lo que tenía el escritorio (de la notebook), pero no se accedió a ningún archivo”. La reciente pericia informática de la Policía de Seguridad Aeroportuaria da por tierra esta afirmación. No sólo se leyeron los correos electrónicos y los mensajes de facebook de Medina, sino que también se extrajeron claves y se crearon 400 nuevos archivos.

El informe de la PSA no puede aseverar que se borraron archivos de dicha computadora. Pero tampoco está en condiciones de aseverar lo contrario.

Del peritaje de la PSA surge (a fojas 33 y 34) que la notebook de Medina registra un evento a las 16 horas del día 29. Según el mismo informe, un “evento” puede tratarse de una creación, escritura, acceso, modificación y, o, eliminación de archivos. Por otra parte a fojas 7, se dan las fechas de inicio y final de cesión en la máquina, dando cuenta que el día 29 de diciembre se inicia a las 21 horas, 50 minutos y 15 segundos y finaliza a las 23:58:09. De lo que se desprende que dicho horario no coincide con el que relata el licenciado Martín Degratti en el acta policial del día 30, diciendo que se logra iniciar cesión a las 23.59.

A renglón seguido la pericia de la PSA marca que la máquina volvió a operarse a las 00.01:39 del día 30 hasta las 16:40:31, haciéndose notar que según el acta policial, recién a las 13:47:00 la jueza Rodenas ordenó “suspender la pericia en el estado en que se encuentra y secuestrar todos los elementos utilizados para realizar la pericia hasta el momento del llamado”. Es decir, no se respetó la orden de la Justicia.

En su declaración ante los legisladores el Ministro Galassi manifiesta “nuestros funcionarios no tienen ningún inconveniente en ir a declarar lo que sea necesario, a donde sea”. Haciendo referencia a los dos expertos informáticos que manipularon la máquina de Medina, Martín Degratti y Javier Echaniz. No obstante, cuando fueron requeridos por esta Comisión, fue el propio ministerio de Galassi el que por las notas 6718/2014 y 6720/2014 denegó la presencia de los mismos.

Un hecho que causó conmoción en esta Comisión fue la recepción de un sobre anónimo que contenía escuchas telefónicas en el marco de una investigación de la Justicia Federal. En primer lugar se hacía alusión al posible ataque que podrían sufrir un Fiscal (Camporini) y un Juez (Vienna). Y en segundo lugar, hecho ocultado por el Socialismo, el posible aporte económico que Medina, Los Monos, Alvarado y El Francès le habrían realizado para la campaña electoral del Frente Progresista Cívico y Social.

A estas escuchas el gobierno las dio por ciertas y valederas y abrazó tribunales en defensa de los funcionarios judiciales amenazados. Las escuchas siguen siendo investigadas.

Bochornoso resulto conocer lo que ocurre en la Sección Pericias Informáticas de la División Criminalística. El Jefe a cargo de dicha Sección reconoció ante esta Comisión (admitiendo un profundo sentimiento de vergüenza personal e institucional) que no tiene ningún conocimiento específico en la materia. Pero lo que es peor, tampoco lo tienen sus subordinados. Hasta llegó a plantear que la repartición debía ser dada de baja. Si todo esto no alcanza para desnudar la fragilidad del sistema, se puede agregar otro detalle: el área que se dedica a peritar equipos informáticos no tiene conexión Wi Fi a internet.

 

Por último señalamos:

 

Sería prudente que el Gobierno pueda responder por qué actuó con la premura y desesperación que quedó evidenciada para conocer el contenido de dicha computadora. Con los resultados periciales en la mano ya no quedan dudas que no sólo se hizo un back up, sino que se accedió a las casillas de correo, se copiaron claves para ingresar desde una máquina externa, se crearon archivos y no se puede dar fe si se borró o no algún archivo.

No coinciden los horarios declarados sobre el trabajo en la computadora con lo que arrojan las pericias y lo que es claro y notorio, los ministros citados a la Cámara de Diputados y el propio gobernador faltaron a la verdad. Los testimonios, la documentación obrante en el expediente y la enunciación de hechos a esta Comisión dan cuanta que efectivamente fue así.

Nunca hubo ni solicitud de colaboración, ni autorización, ni convalidación de la Justicia para actuar del modo en que lo hicieron los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. Y en consecuencia, cuando no se actúa de acuerdo a las normas, el procedimiento no sólo es irregular, sino que es ilegal.

La Sociedad espera conocer la verdad.


Fuente: SM
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